El caso del Cuau fue como un botón de muestra de las tensiones, los desencuentros, las divisiones entre las facciones del bloque gobernante.
José Reyes Doria | @jos_redo
El tema del desafuero de Cuauhtémoc Blanco dividió al bloque gobernante, unificó a la opinión pública en contra de la impunidad y colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en un debate desgastante, pero, sobre todo, reveló de forma estridente las divisiones y luchas internas en el interior del régimen obradorista-claudista-morenista.
Como muchos de los episodios que subliman las tensiones políticas, el desafuero del Cuau era, a la vez, innecesario e inevitable. Innecesario, porque las dirigencias y liderazgos políticos, tanto de Palacio Nacional como en la Cámara de Diputados, pudieron impedir la puesta en escena del debate y la votación en el Pleno de San Lázaro. Cuentan con diversas herramientas para ello, que van desde convencer al imputado de pedir licencia, hasta “congelar” el caso en la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, más allá de las posturas políticas, ideológicas y éticas, lo que se resalta es que se decidió subir a la máxima tribuna de la Nación un asunto que había mostrado un enorme potencial de confrontación, división y escándalo.
También era inevitable, porque existen claros indicios de focos de división en el bloque gobernante. Hemos comentado en este espacio que las tensiones y luchas internas en el régimen son normales al inicio de un nuevo sexenio. Sobre todo, en una transición como la actual, donde un ex presidente sumamente poderoso como AMLO termina su mandato y envía mensajes inequívocos que dan sustento a la hipótesis de que pretende seguir influyendo en las grandes decisiones públicas, aún en el sexenio de una Presidenta que tiene toda la legitimidad del mundo y ganó un potente mandato con una cantidad y un porcentaje de votos más grandes que los del propio López Obrador.
Con todo, esta pretensión de AMLO de mantener sus márgenes de influencia en el actual gobierno federal, ha sido también normal en casi todos los cambios de gobierno desde 1929. Lo que alimenta la suspicacia adicional ahora, es una serie de elementos como: la mitad del gabinete se identifica como pro AMLO; los liderazgos oficialistas en el Senado y en la Cámara de Diputados los definió AMLO; la agenda constitucional, que incluye cambios profundos, con la que arrancó el sexenio de Claudia también la determinó el tabasqueño; en el partido gobernante, se nombró al hijo de López Obrador, conocido como Andy, en el principal cargo organizacional; entre otros.
Además de estos elementos relativos a los liderazgos y altos funcionarios, la inercia del inmenso poder que acumuló el expresidente se ha reflejado en la continuidad de poderosos instrumentos de ejercicio del poder, como la comunicación política materializada en las “mañaneras”, la continuidad del empoderamiento de las Fuerzas Armadas (hoy la Presidenta anunció que el Ejército construirá nuevos hospitales), la narrativa de desacreditación de medios, organizaciones sociales (madres buscadoras, feministas, ambientalistas) y opositores partidistas.
La formación y trayectoria en las trincheras y los idearios de la izquierda de la Presidenta, hacen pensar que buscará cambiar aquellas inercias y personalidades heredadas del obradorato que sean un obstáculo para la realización del proyecto del claudismo. Es cierto que, contrario al discurso ramplón de las oposiciones, muchos de los objetivos del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, muchos de los personajes filo obradoristas, los comparte y aprecia Claudia. Pero también es cierto que, con todo y esas coincidencias, la Presidenta necesita condiciones para ejercer plenamente el poder constitucional y el poder político legítimo que se ganó en las urnas. Porque, al final, ella y solo ella será la responsable de las decisiones asumidas durante su mandato.
No podemos dejar fuera de la ecuación el factor Donald Trump. La abrumadora estrategia de agresión y chantaje del presidente estadounidense, ha proporcionado a la Presidenta un elemento formidable para imponer decisiones y hacer crecer su imagen de poder. Ya lo hemos visto, ante los embates de Trump, Claudia ha actuado de tal forma que obtuvo el reconocimiento de los empresarios, organizaciones sindicales y sociales, amplios sectores de los legisladores y gobernadores, y de la comunidad internacional.
Este ascenso de la Presidenta, se refleja en su popularidad, que en estos días ha alcanzado niveles que ni el propio López Obrador obtuvo, rondando el 85-90 por ciento de respaldo social. Dado este proceso de empoderamiento real de Claudia, de acuerdo con la opinión de diversos observadores de la política nacional, se han acelerado los movimientos y posicionamientos de los grupos del bloque gobernante que no coinciden con ella o que se identifican o son leales a AMLO.
En esta lectura, que manejan observadores tanto afines al régimen como críticos de éste, se pueden entender diversos hechos, como la intensa campaña de Andy destinada a afiliar a Morena 10 millones de personas, que ha incluido encuentros, fotos y percepciones de que gobernadores, coordinadores parlamentarios, organizaciones y demás miembros conspicuos de la clase política se afanan por aparecer cerca del hijo de AMLO. En este clima de escepticismos, tiene asidero la cuestión que se ha comentado en diversos medios, acerca de si Claudia avala o no esta intensa campaña partidista.
Otros indicios de intensa disputa intestina han ocurrido en el Congreso, y aquí volvemos al tema del Cuau. O, mejor dicho, en la relación existente entre la Presidenta y los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López en el Senado, y Ricardo Monreal en San Lázaro. En términos formales, podría pensarse que el contar con la mayoría calificada de dos terceras partes, haría posible una ruta tersa para las reformas constitucionales y legales de la Presidenta. Pero no ha sido así, o al menos no en todos los temas.
Podemos mencionar al menos tres asuntos que ilustran esta percepción. La reforma que propuso la Presidenta sobre nepotismo y reelección fue frenada en el Congreso en un tema altamente significativo: la prohibición de que familiares sucedan inmediatamente en el cargo a gobernadores, alcaldes o legisladores, la mandaron las bancadas oficialistas hasta el año 2030, pero la Presidenta quería que entrará en vigor en 2027.
La diferencia en las fechas no es una mera cuestión de calendarios, sino que implica asuntos que la Presidenta y buena parte de la opinión pública rechazan: que en las elecciones de 2027, en estados como Guerrero el padre de la gobernadora sea el sucesor; en San Luis Potosí, la esposa; en Zacatecas, el hermano; y lo que se acumule en otros estados, alcaldías y curules.
Otro tema de medición de fuerzas entre la Presidenta y las bancadas oficialistas, y en este caso también las organizaciones sociales afines, es el de la reforma a la Ley del ISSSTE, que constituía un elemento crucial para el proyecto de vivienda anunciado por Claudia como uno de sus legados estelares. La presión de la CNTE logró a las primeras de cambio que la Presidenta retirara la iniciativa, aunque también se ha manejado la hipótesis de que en el Congreso no transitaría tan fácilmente la reforma. Todavía hay confusión en torno a este tema, pero el hecho es que se le cayó otra reforma legislativa a Claudia.
Un tercer tema es el de la legislación secundaria en materia de seguridad pública, derivada de la reforma constitucional en la materia realizada recientemente, con el objeto de fortalecer sustancialmente las atribuciones de la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch, hombre de todas las confianzas de la Presidenta. Es importante reiterar que este cambio constitucional fue propuesto por la propia Claudia, no forma parte del paquete de 20 reformas de AMLO que se han aprobado a toda velocidad.
Con estas reformas, la Presidenta busca imprimir su propio sello a la política de seguridad pública y combate al crimen organizado, que, en estos pocos meses de su mandato, ya es notablemente diferente a la implementada por AMLO. En buena medida determinada por la asfixiante presión de Trump, la política de seguridad de Claudia ha logrado más capturas de delincuentes de alto perfil, más decomiso de drogas, más desmantelamiento de laboratorios clandestinos y más decomisos de armas, que en todos los seis años de AMLO. Sin expresarlo verbalmente, la Presidenta ha desplazado la política de “abrazos no balazos”.
En este contexto, las dos leyes secundarias necesarias para ejercer plenamente las atribuciones de la Secretaría de Seguridad, que incluye acotaciones importantes a las fuerzas armadas en la estrategia de seguridad, están detenidas en la Cámara de Diputados. La comisión dictaminadora hizo lo suyo, pero ya son dos sesiones del pleno en que están agendados los dictámenes para ser discutidos, votados y aprobados, pero han sido “bajados” por el coordinador de la mayoría, porque, dicen, no hay suficiente consenso.
Para aprobar estas leyes secundarias se requiere solo mayoría absoluta de 50 por ciento más uno. Recordemos que la alianza oficialista tiene mayoría superior a las dos terceras partes. Los votos están a la mano, no necesitan a la oposición, ni en números ni en cuestiones de legitimidad. ¿Por qué se ha pospuesto la aprobación? Lo sabremos en los próximos días.
En fin, el caso del Cuau fue como un botón de muestra de las tensiones, los desencuentros, las divisiones entre las facciones del bloque gobernante. La votación por el Cuau, dividió a los diputados de Morena y a los del PT, exhibió a los del Verde, hundió más a los del PRI, y ofreció victorias discursivas al PAN y a MC. Lo cierto es que tanto la Presidenta, como los liderazgos parlamentarios y demás notables del bloque gobernante, tienen el reto de redefinir el pacto político de la 4T, y establecer límites éticos y políticos, si quieren echar raíces en el máximo poder.
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