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EE. UU. presenta cargos contra líderes del Cártel de Sinaloa por usar narcotráfico para “financiar el terrorismo en suelo estadounidense” (por Luis Salas de Astillero Informa)

24 de septiembre de 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes que 26 altos miembros del Cártel de Sinaloa enfrentan cargos federales por su presunta participación en el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia el sur de Illinois, así como por el lavado de las ganancias hacia México.

“La Cártel de Sinaloa depende del tráfico de drogas para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense mientras propaga veneno en nuestras comunidades”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. Agregó que “la acusación de hoy representa un golpe significativo a la infraestructura de esta organización terrorista mientras se lleva a cabo la misión del presidente Trump de desmantelar y destruir a los cárteles”.



De acuerdo con la acusación, el cártel utiliza violencia premeditada para controlar territorios y socavar la autoridad gubernamental, y mantiene su operación mediante la distribución de narcóticos en Estados Unidos y el envío de ganancias a México. El Cártel de Sinaloa ha sido designado por el gobierno estadounidense como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Illinois indicó que la red de distribución del cártel incluye al sur de Illinois, y que la investigación busca desmantelar las operaciones de los niveles más altos de liderazgo de la organización. La DEA agregó que la operación resultó en la incautación de más de 800 libras de fentanilo y la exposición de una red de lavado de dinero que movió millones de dólares a través de bancos estadounidenses.

Los cargos incluyen narcoterrorismo, un delito federal que contempla penas agravadas para castigar el tráfico de drogas que financia organizaciones terroristas, y el apoyo material, que se aplica cuando una persona proporciona recursos a una organización sabiendo que ha sido designada como terrorista extranjera.

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