Por MARÍA VERZA Associated Press
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard considera un éxito las medidas puestas en marcha en los últimos tres meses tras un acuerdo con Estados Unidos para frenar el flujo migratorio porque la migración se ha reducido un 56%. Pero grupos de derechos humanos denuncian el acoso al que son sometidos los migrantes, mientras crece la desesperación de los que han quedado varados en el norte y sur del país.
“Se logró la reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo y que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria”, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y añadió que se hizo con respeto a los derechos humanos.
Ebrard presentó el viernes un informe sobre el acuerdo que evitó la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas y dijo que no teme una nueva amenaza en ese sentido cuando viaje a Washington para reunirse el martes con las autoridades estadounidenses y evaluar el tema porque México demostró que funciona su estrategia basada en los controles, la cooperación para el desarrollo y la lucha contra el tráfico de personas, delito por el que ya se iniciaron procesos penales a 357 personas.
Además, aseguró que las quejas sobre violaciones a los derechos humanos se han reducido considerablemente desde el despliegue del nuevo cuerpo de la Guardia Nacional.
“Felicidades, vamos muy bien en esta política exterior y con la relación con Estados Unidos”, le dijo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El canciller citó cifras de la Patrulla Fronteriza y dijo que sus aprehensiones bajaron de las 144.266 en mayo a las 63.989 en agosto. Estos números no sólo incluyen detenciones sino también los considerados “inadmisibles”, personas que se presentan en los puntos fronterizos pero a quienes no se les deja entrar por distintas razones.
El gobierno mexicano ha reconocido que el intento por evitar los aranceles los obligó a ser más estrictos en la aplicación de la ley pero se jacta de apostar por la creación de oportunidades. Según los datos ofrecidos el viernes, se han concedido casi 100.000 visas de permanencia regular en el país, aunque más de la mitad condicionadas a permanecer en el sur.
A eso hay que añadir 40.000 permisos para solicitantes de asilo que Estados Unidos ha devuelto a México para que esperen aquí la resolución de su proceso, muchos de los cuales están en ciudades fronterizas del norte en condiciones cada vez más preocupantes.
“Esperar en México mientras se procesan sus casos, quedándose en ciudades como Matamoros donde la infraestructura es deficiente y los altos niveles de violencia, incluidos el secuestro, la extorsión, el robo a mano armada y la violencia sexual, ponen en riesgo su salud y sus vidas”, indicó Médicos sin Fronteras el jueves.
López Obrador, que tomó posesión el 1 de diciembre, parece haber hecho del combate al tráfico de migrantes su propia lucha. Un ejemplo fue su actitud hacia las protestas de los cientos de africanos varados en Tapachula, en la frontera sur, que esperan desde hace meses los documentos que les permitan llegar a Estados Unidos para pedir asilo y que, a su juicio, pretendían obligar a las autoridades mexicanas “a dar certificados para que sean admitidos los migrantes en Estados Unidos, eso no lo podemos hacer, no nos corresponde”.
“No vamos a ceder”, aseguró entonces.
El presidente también señaló que las caravanas de migrantes, que en un primer momento fueron toleradas por el gobierno, estaban organizadas por coyotes. “Todos estos que cobran, que trafican con la necesidad de trabajo, de bienestar, de seguridad de los migrantes, pues están cometiendo un delito y si continúan con esas actitudes, pues van a ser sancionados”, dijo López Obrador.
“Sin violar derechos humanos, estamos cuidando que no haya anarquía, desorden”, afirmó.
Algunos sectores de la población, como el empresarial, alaban las medidas. Pero otros consideran que el gobierno se está plegando a los deseos de Washington.
“México sólo quiere cumplir con Estados Unidos y frenar la migración pero están improvisando y brincándose la ley”, se lamentó Javier Martínez, abogado de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila. “Están pasando cosas que nunca habían pasado”.
Las autoridades hicieron redadas en trenes hacia el norte, sacaron a los migrantes de autobuses o de camiones de carga en los que viajaban de forma ilegal, pusieron patrullas militares frente a los albergues o hoteles donde se alojan. Martínez indicó que incluso se amenazó a empresas de transporte con multas si venden boletos a personas que no tienen su documentación en regla.
Ebrard dijo el viernes que se “rescataron” de casas de seguridad o camiones donde su vida peligraba más de 2.000 migrantes. Sin embargo, su destino como víctimas de un delito en este país no suele ser una visa humanitaria sino la deportación.
López Obrador se mostró satisfecho con la nueva forma de actuar del Instituto Nacional de Migración desde que Francisco Garduño, exjefe de las cárceles del país, asumió la jefatura. “Fue muy acertado el cambio”, dijo.
El padre Alejandro Solalinde, director de un albergue para migrantes en Ixtepec, en el sureño estado de Oaxaca, cree que no había muchas opciones ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “De los males, el menor”, resumió. “Siendo Donald Trump una persona inestable, sorpresiva, se tuvo que hacer ese acuerdo”.
Mientras tanto, la desesperación crece entre los migrantes.
“Estamos en cárcel abierta, no tenemos derecho de nada”, se quejó José Bento, un congoleño que espera desde hace meses en Tapachula, en la frontera con Guatemala, un permiso para poder llegar a Estados Unidos a pedir asilo. “Esta es una política de mentiras. Somos considerados como animales”.
