Las dos principales facciones en que está dividido el país han mostrado su fuerza en sendas marchas, con apenas dos semanas de diferencia. Y como era de esperarse, cada una de estas dos facciones exalta su propio movimiento y descalifica el de los adversarios. En mi opinión, las dos marchas fueron exitosas, lograron congregar a cientos de miles de ciudadanos y alcanzaron sus objetivos.
Tengo la ventaja de haber observado estos dos ejercicios in situ, así que puedo hacer comentarios de primera mano. Sí, fueron dos ejercicios diferentes. Por ahí circuló un meme que decía, palabras más, palabras menos, que la del 13 de noviembre era la marcha de quienes pagaban impuestos, y que la del 27 era la de quienes vivían de los impuestos, expresión por demás insulsa, limitada y, diría yo, hasta elitista. Pero también vi expresiones que decían que la marcha del 13 de noviembre era de fifís y aspirantes a fifís, de gente blanca indolente y frívola que quiere a toda costa recuperar los privilegios que la 4T les quitó, y que marcharon para que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama sigan percibiendo emolumentos millonarios (ambos funcionarios tienen un pie fuera del INE, pues fenecen sus términos en unos meses). Ninguna de estas expresiones puede considerarse seria.
La verdad que subyace es que el país está polarizado. La facción opositora culpa de ello al presidente, como si antes del 1 diciembre de 2018 el país hubiera estado unido en abrazo fraterno. Claro que el presidente exacerba todos los días esta polarización desde su conferencia matutina y desde el aparato gubernamental, pero eso no le convierte en única causa de la división en que ha caído la población. También del otro lado, desde la oposición, las expresiones de desprecio al pobre, al de piel tostada, al “naco”, al “mugroso”, al “chairo-muerto-de-hambre” son terribles e inaceptables. Casi todos son responsables de la polarización, porque casi todos se han enganchado.
El éxito de este gobierno radica en gran medida en que toda la gente que ha sido sistemáticamente despreciada, discriminada, marginada, humillada y explotada, ve en López Obrador a “su valedor”. Toda esa gente era, a ojos de los elegantes, educados, frívolos e indolentes tecnócratas, una masa ignorante que se veía como un obstáculo para el desarrollo del país y se la despreciaba (acuérdese usted del vulgar arremedo de Lorenzo Córdova a un líder indígena; ese solo hecho habría sido suficiente para que renunciara, porque fue muestra de vil desprecio y de inaceptable discriminación). Es verdad que todos los gobiernos desde Miguel de la Madrid a Peña Nieto perdieron el enfoque social, solidario y nacionalista, y se acomodaron en la soberbia, en la indolencia y en la corrupción –no estoy diciendo que antes no hubiera corrupción, siempre ha existido, y aun hoy existe de manera escandalosa–. No se gobernaba; se “administraba” lo público como si fuera privado, y se hacían negocios y se implementaban políticas que tuvieron como resultado la más grande desigualdad que hemos vivido desde que se promulgó, como el gran fruto revolucionario, la Constitución de 1917. Toda esa gente desde siempre despreciada cree que este gobierno es su voz y que su momento estelar en la historia ha llegado, que por fin son ellos, el pueblo, particularmente los pobres, quienes mandan y gobiernan.
Pero también es verdad que este gobierno ha emprendido acciones que retrasarán en varias décadas el despegue de México hacia un real Estado de bienestar y prosperidad que permita por fin una sociedad más justa y menos desigual, una sociedad en la que la pobreza llegue a niveles mínimos históricos y la gente pueda vivir en paz y armonía. No estoy diciendo que si Meade o Anaya hubieran ganado la elección estaríamos en ese despegue; muy probablemente estaríamos igual o peor, y esa es la gran tragedia de este país. No importa quién lo gobierne, las cosas siempre salen mal: más pobreza, mayor desigualdad, más violencia, más injusticia. A este gobierno no le favorecen los números. Un discurso en el zócalo lleno no desaparece la terrible realidad, aunque el presidente y millones lo crean.
Las dos marchas fueron expresiones genuinas, independientemente de quién las convocó. El oficialismo dijo que a la del 13 de noviembre asistieron 10 o 12 mil personas, aunque después el presidente y Claudia Sheinbaum aceptaron que fueron alrededor de 60 mil. Desde luego esos datos son tan falsos como el casi millón del que hablaron los organizadores. Ahora el oficialismo dice que en la marcha del 27 de noviembre participaron 1.2 millones de personas. Pero el oficialismo, sea Morena, PRI, PAN, o lo que usted diga, siempre maneja los números a su favor. Si hubo más concurrencia en la marcha del 27 que en la del 13, ello se debe a la mayor capacidad de movilización del lopezobradorismo. Pero no se trata de un concurso.
“Capacidad de movilización” es algo que la oposición entiende como “acarreo”. Y sí, sin duda lo hubo. Además de observar la marcha desde Paseo de la Reforma, recorrí en auto la avenida de los Insurgentes desde antes de las 8am. Decenas o centenares de camiones, autobuses y microbuses movilizaban gente. La colonias Roma Norte, Juárez, Cuauhtémoc, Guerrero, Tabacalera y hasta la Condesa (Parque España y Parque México), así como vialidades como Insurgentes, Chapultepec, Circuito Interior, Sonora, Parque Lira y hasta la lateral de Periférico, desde antes de Los Pinos y Alencastre hasta el entronque con Reforma, se convirtieron en paradero de miles de unidades de transporte.
Ni en tiempos del más rancio PRI había visto yo tal capacidad de movilización. Imagine usted que la gente que descendió sobre la lateral del Periférico tuvo que caminar más de cinco kilómetros para llegar a la glorieta de la Diana, en Reforma, y de ahí caminar otros 4,5 kilómetros más hasta el zócalo. Y otro tanto puede decirse de quienes desde el oriente descendieron de las unidades de transporte que se estacionaron en Reforma y el cruce de Flores Magón. Eso nos puede dar una idea de la cantidad de personas que marcharon. Y aunque no dudo que muchos miles hubieran recibido algún estímulo o que hubieran participado beneficiarios de programas sociales, tampoco me atrevería a descalificar la marcha diciendo que todos fueron acarreados, ni tampoco objetaría la participación de beneficiarios de programas, porque aunque sean beneficiarios tienen derecho de marchar y de apoyar lo que ellos quieran. ¿Acaso los beneficiarios son menos ciudadanos que los que no necesitan de esos programas?
Algunos medios contaron hasta 1,787 autobuses, 319 microbuses y 265 camionetas. Supongamos una media de 50 personas por autobús: 89,350; 30 personas por microbús: 9,750; y 15 personas por camioneta: 3,975. La suma total de personas movilizadas en vehículos podría rondar las 103,075. Impresionante. Pero fueron mucho más los participantes, así que es inválido decir que todos fueron “acarreados”, o que fue una marcha solo compuesta por “acarreados”. Hubo miles de personas que libremente asistieron porque creen en el presidente, y están en su derecho.
Las marchas muestran lo que ya sabemos todos: que el país está fracturado. El oficialismo dice que tiene 70% de apoyo popular, aunque este dato debe estar inflado (la página oficial de la presidencia indica 67%). Claro que el gobierno tiene millones de simpatizantes. La mayoría de las encuestas sitúan la aprobación en alrededor de 60% (encuestas serias, porque algunas que no son serias dicen que tiene apenas arriba de 40% y otras que rebasa 80%). Pero también hay millones de mexicanos que no están de acuerdo con López Obrador, y la voz de ellos vale tanto y es tan digna como la de los lopezobradoristas. ¿Qué es lo que debe prevalecer? ¿El número?
La democracia no es, como algunos piensan, el gobierno de la mayoría, sino el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Uno de los elementos esenciales del Estado, la suma de todos los mexicanos, sin importar sus ideologías ni otras condiciones sociales, culturales o económicas. El pueblo está conformado por la mayoría y por las minorías. La democracia entendida sólo como el gobierno de la mayoría en realidad es la opresión o la tiranía de esa mayoría. Un ejemplo muy claro fue la mayoría blanca en Estados Unidos que aplastó por casi dos siglos a la minoría afro-descendiente. La democracia unidense, así vista, era en realidad un esquema de opresión y desprecio, un apartheid. Ese es el riesgo de entender la democracia sólo como la fuerza de la mayoría.
Así que no importa que López Obrador tenga sobre 60% de respaldo popular, un presidente que sea un verdadero estadista debe buscar la unidad, la concordia, la reconciliación, incluso si la otra facción no la quiere ni la desea, incluso si la otra facción ha dado lugar al deterioro del país. Si eso hubiera hecho López Obrador durante su mandato (le quedan poco más de veinte meses), habría pasado a la historia como uno de los grandes presidentes de México. Pero creo que su lugar en la historia será diferente. Quien logre la reconciliación nacional, provenga de Morena o de la oposición, sin duda estará en mejor posición para hacer realidad aquel slogan que decía “Juntos haremos historia”. Pero este gobierno no, porque el país no está “junto”, unido, sino fracturado y roto. Cuando México está dividido, es más vulnerable. Acuérdese usted de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, o de la intervención francesa.
La manera en que los sectores minoritarios aseguran sus derechos es a través de la constitución. No se puede hablar de democracia a secas, sino de democracia constitucional. No se puede hablar de democracia en función del número de asistentes a una marcha, ni tampoco se puede hablar de democracia a mano alzada, porque sus equivalentes son los linchamientos públicos: alguien en una comunidad ve a un extraño y le dice: para mí que usted tiene cara de secuestrador y viene a llevarse a un niño del pueblo; acto seguido, los pobladores lo golpean y lo queman vivo. Así como eso no puede ser llamado un “proceso jurisdiccional” ni puede ser considerado “justicia expedita”, así tampoco la “democracia a mano alzada” ni las megamarchas pueden reputarse como verdadera democracia. Si el presidente hubiera preguntado el domingo 27 en el zócalo a la multitud de simpatizantes si estarían de acuerdo en que él continuara la cuarta transformación en el siguiente sexenio, todos habrían gritado extasiados que sí. Sostener que la democracia se reduce solo a la fuerza de la mayoría nos llevará inevitablemente a la destrucción de nuestra sociedad. No quiero ser pesimista, pero creo que ese proceso quizá ya comenzó y está cerca de llegar al punto de no retorno.
Finalmente, los opositores descalifican la marcha porque fue convocada por el presidente. Como estudioso del derecho constitucional, no he encontrado nada que impida al presidente apelar al apoyo popular. Todos los mandatarios lo han hecho. El último ejemplo fue Peña Nieto. No organizó una marcha en apoyo de la reforma energética, pero sí se dirigió al pueblo de México. Lo hizo masivamente en los medios, y en ese sentido su alcance fue mayor que el de la marcha del 27 de noviembre. En 2014, si uno iba a una gasolinería, encontraba volantes y carteles que hablaban de la bondad de la reforma energética, además de los miles de spots en radio y televisión. Es perfectamente normal en una democracia que el presidente busque apoyo popular para sus propuestas. Nadie debería rasgarse las vestiduras por eso. Estoy de acuerdo que la convocatoria de AMLO fue una expresión de narcisismo político, de megalomanía y hasta de autocomplacencia y onanismo, y que usó el aparato del Estado. También cuestiono quién pagó o de dónde salió el dinero para pagar los miles de vehículos que movilizaron a más de 100 mil personas. Pero no podría descalificar la marcha solo porque la convocó el presidente, ni porque hubo “acarreados”, ni porque participaron beneficiarios de programas sociales. Usando lenguaje beisbolero, “era bola cantada” que después de la marcha del día 13 el presidente organizaría la suya y que también sería muy concurrida. ¿O qué? ¿Esperaban que se quedara de brazos cruzados?
