Desaparición de fideicomisos: más administración y mejor comunicación. Autora: Ivonne Acuña Murillo

Imagen ilustrativa. Votación del dictamen que reforma diversas disposiciones de distintas leyes en materia de fideicomisos en la Cámara de diputados. Foto: Cámara de diputados.

Por: Ivonne Acuña Murillo

La determinación del gobierno federal para desaparecer 109 fideicomisos públicos ha generado un acalorado debate al interior de la opinión pública. Dos posturas claramente definidas muestran, por un lado, la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su lucha en contra de la corrupción y, por otro lado, la postura de quienes asumen un perjuicio en contra de actividades prioritarias del mundo de la ciencia, la cultura, el deporte y el medio ambiente. En medio de estas posiciones se encuentran dos procesos fundamentales que, bien ejecutados, tal vez habrían evitado la confrontación, a saber: más administración y mejor comunicación.

A decir del estudioso español de la comunicación política Rafael Yanes Mesa, “gestionar y comunicar” son dos funciones centrales que quien gobierna o pretende gobernar debe cumplir.

Esto es, todo gobierno debe administrar, dictar políticas públicas y tomar medidas acertadas para eficientar el manejo de los recursos públicos y su asignación a áreas prioritarias de acuerdo con un plan previo, basado en un diagnóstico correcto de las necesidades y problemas por resolver. En un segundo momento, la administración gubernamental debe contar con la capacidad y los medios para comunicar de manera adecuada las decisiones tomadas, los procedimientos, las acciones y los resultados de estas.

Una falta en alguna de las dos partes de la diada podría conllevar problemas de legitimidad frente a una ciudadanía atenta y crítica de las decisiones de gobierno.

Es el caso de los 109 fideicomisos por desaparecer, pues todo parece indicar que la prisa del presidente López Obrador por aprovechar los escasos 6 años con que cuenta su administración para luchar en contra de la enorme corrupción político-administrativa que por décadas ha imperado en México, le ha llevado, en más de una ocasión, a apresurar sus decisiones sin construir o comunicar, primero, una opción sólida.

En este punto, la pregunta obligada es: ¿la falta estuvo en el proceso administrativo para desaparecer los 109 fideicomisos o al momento de comunicar dicha decisión? La respuesta que se puede ofrecer a este cuestionamiento se basa en lo que públicamente han comunicado el mismo presidente de la República y algunos miembros de su gabinete, para apuntar en el sentido de una estrategia de comunicación equivocada en la que los tiempos, el timing, fueron invertidos.

Para restar argumentos a quienes critican “todo” lo hecho por esta administración se debió, antes de comunicar la desaparición de los fideicomisos, ofrecer a la ciudadanía la información necesaria para fundamentar la pertinencia de esta decisión. Es decir, en términos estratégicos se debió “crear primero la necesidad y luego la solución”, evitando o minimizando el debate y las críticas encaminadas a minar la legitimidad del gobierno.

Más claro, debió presentarse primero el análisis de cada fideicomiso puntualizando temas como transparencia, desvío o uso inadecuado de los recursos, personas, empresas o instituciones indebidamente beneficiadas, etcétera, para después anunciar la conveniencia de su desaparición y no al revés, como de hecho ocurrió.

Primero, se decretó la extinción de los fideicomisos públicos el 2 de abril de 2020, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Segundo, el 6 de octubre se aprobó, en la Cámara de Diputados, la desaparición de 109 de ellos. Tercero, en la conferencia del 8 de octubre el primer mandatario ofreció mostrar, 10 días después de la misma, cómo se manejaban los fideicomisos para responder “a estos que se pasan toda la noche obstaculizando, impidiendo que se lleve a cabo una reforma para acabar con la corrupción y para que esos fondos beneficien al pueblo. Que no se los roben. Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta y lo vamos a probar”.

No se niega, por supuesto, que en la administración de estos y otros fondos públicos haya habido, por décadas, desvíos y malos manejos, no se cuestiona la conveniencia del proyecto del primer mandatario en materia de ataque a la corrupción, no se discute tampoco lo que debe hacerse para disminuir la corrupción que aqueja al gobierno, sino la manera de hacerlo pues, en política, los tiempos cuentan y parafraseando la idea en términos aritméticos se puede decir que: “el orden de los factores, en este caso, si altera el producto”.

Es probable que, al probar primero la corrupción y después anunciar la desaparición de los fideicomisos, se hubieran evitado o minimizado las confrontaciones, las argumentaciones contrarias, las generalizaciones que meten a todos y todas en la bolsa de la corrupción, la multiplicación de las aclaraciones, la movilización de quienes presumen la afectación de sus actividades y, al final, el desgaste innecesario de la figura del presidente López Obrador.

No puede la administración tardar tanto en completar su curva de aprendizaje, la prisa por cumplir lo prometido no puede ser el parámetro, sino la construcción de consensos en torno a lo qué debe hacerse y en relación con la manera de llevarlo a cabo.

Se está convirtiendo en un modus operandi, “extinguir primero, reorganizar después y comunicar a destiempo las pruebas de la corrupción imperante”, como ocurrió en el caso de las estancias infantiles y los refugios para mujeres maltratadas en cuyo caso se acusó de usar el “machete” y no el “bisturí”.

“Gestionar bien y comunicar mejor” debería ser la regla de ahora en adelante. Sería deseable que López Obrador, como presidente de la República, bajara su perfil confrontacionista, como hiciera progresivamente en las campañas presidenciales de 2012, con la República amorosa, y en 2018 con su corrimiento al centro basado en la esperanza y la confianza, más que en la descalificación y el ataque, y se ocupara de mejorar la administración y la comunicación de su lucha en contra de la corrupción.

Al mismo tiempo, debería de haber más administración y más apoyo del gabinete presidencial para facilitar al primer mandatario cumplir con sus funciones como gestor de los intereses de la población a la que gobierna.

Aunque, a decir de Yanes, la política es “persuasión”, un discurso que apela a las emociones, el “convencimiento”, visto como la acción de proporcionar datos duros (números, estadísticas, pruebas sólidas de la corrupción imperante, etc.) debería guiar de manera importante los esfuerzos del presidente en su ataque contra de la corrupción.

Pero, de nuevo, no proporcionados a posteriori los ataques y el enfrentamiento sino a priori a que la oposición política movilizada pueda echar mano de cualquier tipo de lógica para deslegitimar lo hecho.

Queda claro que la estrategia confrontacionista de AMLO, acompañada de su gran habilidad para comunicar y mover emociones (persuadir) le ha dado buenos frutos, comenzando por la construcción de una imagen fuerte perfectamente bien definida y el reconocimiento preciso de los adversarios a vencer en la mente de sus votantes. Sin embargo, en algunos momentos debe darse paso a la razón, haciendo un uso adecuado y anticipado de los datos duros.

Hacer bien las cosas es, sin duda, lo primero que todo gobernante debe asegurar, pero no basta. En las actuales sociedades del conocimiento y la información, comunicar oportuna y adecuadamente se convierte en prioritario. Ningún presidente puede convocar el apoyo de sus votantes ni de la ciudadanía en general si comunica mal y a destiempo.

Volviendo a Yanes se puede sostener que “sin comunicación no hay política” y sería desconcertante que quien ha demostrado en cientos de ocasiones su capacidad para comunicar no tome en cuenta el timing político.

En palabras llanas, comunicar mal y a destiempo una buena política pública impide a la ciudadanía comprender y aquilatar los beneficios de las acciones gubernamentales y ponerse del lado de quien las promueve.

Cuando se decretó la extinción de los fideicomisos públicos, el propio presidente hizo hincapié en la necesidad de “combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales” y de procurar “la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

Nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo con esta postura, al menos ¡claro! que persiga lo que considere un bien mayor como volver al ejercicio del poder o seguir beneficiándose del uso indebido de los recursos. De aquí la importancia de haber comunicado con anterioridad las pruebas de dicho despilfarro.

Por otro lado, no ayuda tampoco que se hagan públicas declaraciones que aumentan la confusión en torno al destino de los 68 mil, 400 millones de pesos de los 109 fideicomisos desaparecidos.

En la Conferencia Mañanera del 1 de octubre el presidente dijo: “Hoy aclaramos que no dejarán de recibir recursos los beneficiarios de los diferentes fideicomisos. Continuará la entrega de estímulos para la creación artística, la investigación, el deporte, entre otros. Revisaremos que no haya aviadores y la entrega de apoyos se hará de manera directa, sin intermediarios.”

El 5 de octubre, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó lo dicho por el presidente al afirmar, también en Conferencia de Prensa matutina, que “(…) en realidad lo que va a hacer (la eliminación del Fondo) es que la transferencia sea mucho más rápida, mucho más transparente. (…) Lo que estamos buscando a través de este mecanismo es hacer un ejercicio ágil” y evitar los subejercicios, como afirmara al día siguiente.

Sin embargo, y para abonar más a la confusión, lo dicho por el presidente y el secretario parece contradecirse con el Dictamen de Reformas aprobado por la Cámara de Diputados, el 6 de octubre, que en artículo transitorio ordena que “los 68 mil 400 millones de pesos de los 109 fideicomisos vayan para la pandemia, pero también para “estabilizar balance fiscal”.

Puesto así, ¿a quién se le da crédito? ¿a López Obrador y Herrera o al dictamen de la Cámara de Diputados?

Se puede inferir que, los recursos que sea posible recuperar de los desvíos y malos manejos (¿de los subsidios sin estructura?) sean lo destinado a los rubros indicados en el dictamen de los diputados y que lo que se reservaba, legítimamente, para las y los beneficiarios de los 109 fideicomisos siga llegando. Pero, es el gobierno quien debe decirlo, comunicarlo con claridad, en caso de que así sea, y no dejarlo a la interpretación de quien sólo observa a distancia.

Por lo expuesto aquí, es posible esperar del gobierno de la Cuarta Transformación “más administración y mejor comunicación”.

Ivonne Acuña Murillo
Ivonne Acuña Murillo

Socióloga feminista, académica de la Universidad Iberoamericana. Analista política experta en sistema político mexicano y género. Autora de más de 250 artículos periodísticos y 25 académicos publicados en periódicos y revistas de circulación nacional. Ha contribuido al análisis del presente y el futuro de un país que se desgarra en múltiples medios escritos, radiofónicos y televisivos, tanto nacionales como internacionales.

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