Familiares y colectivos denunciaron la liberación arbitraria de dos personas involucradas en el caso de la desaparición de la activista.
Luis Ramírez / OEM-Informex
Oaxaca, Oax., 2 de septiembre de 2025.- A más de cuatro años de la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz, su familia y organizaciones civiles denunciaron que el caso se encuentra atrapado en la impunidad, luego de que tribunales federales y estatales ordenaran la liberación de dos de los responsables que habían sido sentenciados en primera y segunda instancia.
En un comunicado firmado por el Centro Prodh, la Red TDT y más de una decena de colectivos, se exigió la intervención del gobierno federal, el Congreso y la Suprema Corte para revertir lo que calificaron como “protección política” a los responsables. “Ya basta de que los órganos jurisdiccionales no actúen con independencia”, advirtieron.
El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu fue vista por última vez tras participar en una protesta frente al palacio municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en la región Mixteca. Ahí denunció públicamente la corrupción de la entonces alcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta y los abusos de autoridades agrarias.
La Fiscalía de Oaxaca detuvo a cinco personas vinculadas con su desaparición, cuatro de ellas funcionarias municipales. En diciembre de 2022 y marzo de 2023, jueces locales dictaron sentencias condenatorias que iban de 4 a 60 años de prisión.
Sin embargo, el Poder Judicial de Oaxaca y tribunales federales comenzaron a revertir las condenas. Primero, la Quinta Sala Penal Colegiada redujo la pena de la exalcaldesa. Después, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito concedió un amparo a su exconsejero jurídico, Jhoan Ricardo Matus Marcial, pese a las pruebas en su contra.
El 30 de agosto de 2025, la Segunda Sala Penal Colegiada de Oaxaca ordenó su liberación definitiva, lo que familiares consideraron un retroceso histórico. “Es un golpe devastador para quienes luchamos por justicia, verdad y reparación”, afirmaron Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu, hermanas de Claudia.
Organizaciones denuncian que la liberación de los implicados responde a presiones políticas del gobernador Salomón Jara y a la falta de independencia del Poder Judicial en Oaxaca. “Con la protección del gobierno estatal a los responsables se evidencia la falta de autonomía de los jueces”, apunta el comunicado.
En México existen más de 133 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Tan solo 30 mil son mujeres.
Claudia Uruchurtu, de 47 años, era ciudadana mexicana y británica. Documentó desvíos de recursos, falsificación de firmas y contratos con empresas fantasma en el ayuntamiento de Nochixtlán. Escribió cartas al presidente López Obrador, a la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al exgobernador Alejandro Murat, sin obtener respuesta.
El día de su desaparición, testigos relataron que fue subida por la fuerza a una camioneta del equipo de seguridad de la alcaldesa. Después habría sido asesinada y su cuerpo desaparecido.
La familia de la defensora ha denunciado irregularidades en todo el proceso judicial, entre las que destacan retrasos en las audiencias, omisión de pruebas y resoluciones que desconocen los estándares internacionales de derechos humanos.
“Durante más de cuatro años hemos peleado y exigido justicia, pero vemos con tristeza que nada es suficiente frente al poder del Estado. No dejaremos de exigir justicia, porque la memoria, la dignidad y el amor son más fuertes que este sistema injusto. No nos rendiremos. Hasta encontrarte, Claudia”, señalaron las hermanas de la activista.
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