3 de julio de 2023.- El activista Carlos Covarrubias dio a conocer que empresarios del sector inmobiliario buscan demandar al presidente de la República por 4 mil millones de pesos, a causa de “los daños y perjuicios” ocasionados por un decreto que les impide construir un desarrollo residencial en la Sierra de San Miguelito, San Luis Potosí.
El decreto por el cual buscan que la Presidencia los indemnice declaró a la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida el 13 de diciembre del 2021, según un comunicado de prensa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De acuerdo con los señalamientos de Covarrubias, el principal responsable de la promoción de esta demanda es el abogado Gustavo Barrera López, apoderado legal de los “negocios inmobiliarios”. Este litigante, apuntó el defensor medioambiental, está manipulando a la comunidad para que se sume a esta exigencia, con la justificación de que es esta la que está perdiendo dinero al no llevarse a cabo las construcciones planificadas.
Además, en entrevista con Julio Astillero, el activista de Guardianes de la Sierra comentó que se busca derogar el decreto, emitido por el presidente López Obrador, a través de las vías judiciales, aprovechándose del “buen ánimo” de jueces y magistrados para someter a revisión las decisiones y propuestas del Poder Ejecutivo Federal. En concreto, en el audio en donde se hacen públicas estas declaraciones, retomado por Covarrubias, se “menciona al magistrado Héctor Espinosa Castellano”, quien argumenta que se tiene la disposición de “fincar responsabilidades al presidente por un daño a un fraccionamiento que no ha puesto un ladrillo en San Juan de Guadalupe”, uno de los barrios de San Luis Potosí.
Como tiene conocimiento de que se han invertido “miles de millones de pesos en la destrucción de la Sierra de San Miguelito”, Carlos no descarta que se esté buscando sobornar funcionarios o comprar “resoluciones formales”. En la grabación, publicada por Astrolabio –un diario digital potosino–, se menciona que la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, (SCJN) ya desechó un recurso promovido por el presidente, en el que se solicitaba la revisión de un veredicto que aceptaba analizar el decreto antes mencionado.
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