Dan prisión preventiva contra exvocero de Javier Corral, acusado por uso ilegal de atribuciones (nota de Velvet González en OEM-Informex)

Tras 12 horas, concluye audiencia de formulación de cargos

Velvet González | OEM-Informex

Tras 12 horas de audiencia de formulación de cargos, la juez Miriam Montejodictó prisión preventiva justificada para el extitular de Comunicación Social durante la administración del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, Antonio “N”, quien continuará el proceso de investigación por uso ilegal de atribuciones y facultades con penalidad agravada bajo la medida cautelar.

De acuerdo a la determinación de la juez, el presunto implicado en la contratación de empresas de manera ilegal por lazos familiares y de intereses, deberá permanecer en prisión toda vez que no se presentó ante el juez, al momento en el que se notificó.

Cabe recordar que Antonio P. C. fue detenido el pasado jueves 21 de septiembre en Ciudad Juárez, bajo orden de aprehensión por la presunta comisión del Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades con Penalidad Agravada, por hechos ocurridos en 2018.

Según la investigación, son cinco distintos hechos los que concretó bajo la misma intencionalidad y presunta ilegalidad.

El exvocero de Corral Jurado, habría utilizando su cargo para cometer el delito en mención.

La investigación señala que “como secretario de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Chihuahua en la pasada administración” en coautoría con su otras dos personas ya vinculadas a proceso por un juez por los mismos hechos.

La primera presunta cómplice tenía el cargo de directora Administrativa de Comunicación Social, en la ciudad de Chihuahua, y la segunda presunta involucrada, en calidad de representante legal de las morales, habrían llevado a cabo las adquisiciones con cargo al erario estatal, por más de 9 millones de pesos.

Cabe hacer mencionar, que Antonio P. incumplió el mandamiento de un juez federal, que lo obligaba a presentarse ante el juez de la causa los días que el mismo juzgado lo dictaminó.

Por lo anterior, quedó sin efecto la suspensión definitiva que se le había otorgado.

Al año cumplir con su obligación, en términos de Ley, se le declaró prófugo de la justicia.

Tanto él como las dos presuntas coautoras tenían la obligación de no celebrar contratos adquisitivos con las personas morales: Xtreme Sports, S. de R.L. de C.V., Upcon, S.A. de C. V., y, Malcomsat, S.A. de C.V.

Lo anterior debido a que dichas empresas, tenían lazos familiares y conflicto de interés con los representantes de las mismas.

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