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Culiacanazo II: la lucha por el poder en el último año de AMLO. Autor: José Reyes Doria

Captura de pantalla.

José Reyes Doria.

En el primer año de su sexenio, iniciando enero de 1989, el presidente Carlos Salinas de Gortari dio un golpe espectacular al apresar al poderoso líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”. Ante los fuertes cuestionamientos por el fraude electoral que le permitió ascender a la Presidencia, Salinas decidió hacer una demostración de poder para aplacar a los poderes fácticos y alinear a las diversas facciones del régimen. La Quina ostentaba un poder enorme, que rebasaba el multimillonario ámbito del mercado petrolero; además, durante el proceso de sucesión presidencial, jugó abiertamente en contra de Salinas, por lo tanto, el golpe salinista se interpretó también como una venganza. A partir de este episodio inaugural de su gobierno, Salinas acumuló un poder incontrastable, temible en todos los ámbitos de la vida nacional.

No es la intención de esta columna establecer una suerte de paralelismo entre el golpe a La Quina y la recaptura de Ovidio Guzmán llevada a cabo por el gobierno de López Obrador este 5 de enero. De hecho, existen muchos casos similares más a lo largo de la historia mexicana. Sin embargo, ambos casos tienen elementos en común, como, entre otros, el tono de revancha presidencial ante un personaje que años antes fue causa de intensos dolores de cabeza (la Quina para Salinas, y Ovidio para AMLO por haberse visto obligado a liberarlo en 2019); otro elemento coincidente es que ambos golpes buscaron el efecto de mandar el mensaje, en la jungla de poderes constituidos, fácticos e ilegales, de que el Presidente no está dispuesto a que nadie intente resistirse ante sus determinaciones irreductibles.

No hay negociación en los temas estratégicos. El presidente López Obrador ha expresado abiertamente que considera indispensable garantizar, entre otros, los siguientes asuntos: que la seguridad pública la asuman las fuerzas armadas; que las mismas fuerzas armadas tengan el control de las grandes obras de infraestructura; la permanencia de sus programas sociales prioritarios; que las instituciones autónomas, como el INE, o la propia Corte, coincidan con los objetivos de la llamada Cuarta Transformación y operen con el mayor grado de austeridad; que los medios de comunicación críticos reciban el menor flujo de recursos públicos posible; que las organizaciones sociales tengan la menor participación en los asuntos públicos; que el sector energético, PEMEX y CFE, reciban los máximos apoyos financieros y regulatorios por parte del gobierno; la construcción de un sistema de salud nuevo que no acaba de perfilarse; que la educación, la ciencia y la tecnología se sustenten en un nuevo modelo de organización austero donde el principal objetivo sea beneficiar al pueblo.

Garantizar este legado, lo sabe bien AMLO, requiere acumular el mayor poder posible. De entrada, es indispensable ganar la Presidencia de la República en 2024, así como la mayoría en el Congreso de la Unión, porque si se pierde alguna de estas posiciones, se perdería todo y la llamada Cuarta Transformación habría durado solo un sexenio. Pero el proceso de retener esas posiciones, entraña una serie de riesgos casi incontrolables, por la misma naturaleza de la lucha por el poder. A pesar del posicionamiento apabullante de AMLO-Morena en materia de gubernaturas, mayoría en el Congreso, disposición absoluta del presupuesto, respaldo popular, tendencias electorales ampliamente favorables, así como el contar con una arrolladora maquinaria de propaganda basada en las mañaneras presidenciales; a pesar de todas estas ventajas, López Obrador sabe perfectamente que en cualquier momento las cosas pueden cambiar si deja libres a sus incondicionales.

En el frente interno, es lo más natural que las diversas facciones de la 4T busquen arrebatarle al Presidente el control de la sucesión presidencial. Al día de hoy, se pueden visualizar las facciones de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, a partir de su manifiesta aspiración presidencial; pero también están las facciones asentadas en el Congreso, donde los legisladores morenistas ya están en pleno proceso de definición de posturas, definiendo si juegan con un candidato propio, que podría ser Ricardo Monreal, o si buscan condicionar al candidato oficial. Están también las facciones de los gobernadores morenistas y los intereses regionales que representan, que, por impulso natural, pretenden asegurar que el próximo sexenio los considere a ellos como un factor real de poder, a diferencia del actual gobierno donde AMLO los maneja como fichas desechables.

En cuanto a los empresarios, en general están conformes con la política económica de AMLO, que en lo esencial ha mantenido los lineamientos neoliberales. No obstante, el gran capital siempre trata de incidir para condicionar al candidato oficial y debilitar al Presidente saliente, con el objeto de generar condiciones para preservar y acrecentar sus fuentes de riqueza. Tanto los empresarios, como la clase política de un partido dominante, como lo es Morena, no vacilarían ente la necesidad de presionar y estirar hasta los límites últimos, en aras de arrebatarle el poder presidencial al Presidente saliente; incluso, su ruta puede considerar apoyar a un candidato de la oposición, previa inducción de una fractura en el bloque gobernante. Hay que considerar también otros factores de poder, como los medios, los sindicatos, etcétera, que, junto con la clase política y los empresarios, suelen apostar fuerte a los grupos que garanticen sus intereses.

En este escenario, es claro que AMLO no está dispuesto a ceder el control de la sucesión, incluso, podría decirse que busca asegurar canales de acción política durante el próximo sexenio. Como pocos Presidentes, López Obrador tiene en una altísima estima la cuestión de su legado, la forma en que pasará a la historia y será recordado. Entiende, por lo tanto, que necesita ejercer un poder irresistible para que los próximos años sean gloriosos y evitar así cualquier posibilidad de un escenario adverso.

La captura de Ovidio, en este contexto, es un mensaje de poder incuestionable. Al interior del bloque gobernante, el Presidente advierte que no tolerará la menor deslealtad y que tiene hilos de poder bien aceitados, que las fuerzas armadas, la FGR y los servicios de inteligencia están a su disposición para lograr un proceso sucesorio sin sorpresas ni disidencias en el grupo gobernante. Hacia el gran capital y los medios, el mensaje es similar: tengo el poder para someter a un conspicuo representante del crimen organizado, cuando yo quise y como yo quise, no aceptaré que nadie descarrile o condicione mi ruta en los próximos años,

La apuesta es alta. Es previsible que los demás poderes, sean fácticos, criminales o legales, reaccionen a este fuerte posicionamiento del López Obrador. Sea para plegarse a los designios de AMLO, sea para pertrecharse con más intensidad para disputar el poder real, pero, si como pensamos en este espacio, la captura de Ovidio tiene el objetivo de dar un manotazo y decir “aquí sigo mandando yo”, es previsible que el escenario de la lucha por el poder cambie notablemente, en un sentido u otro.

José Reyes DoriaPolitólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Maestro en Auditoría Gubernamental por la Facultad de Contaduría y Administración, ambas de la UNAM. Asesor parlamentario en diversos órganos de gobierno y comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Colaborador en portales informativos. Conferencista sobre temas legislativos y políticos. Consultor en materia de comunicación política, prospectiva y análisis de coyuntura. Contacto: reyes_doriajose@hotmail.com rdj082013@gmail.com

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