José Reyes Doria
@jos_redo
SUERTE Y AUDACIA
Alea iacta est, dijo Julio César al cruzar el mítico río Rubicón en el año 49 a. c.“La suerte está echada”, significa esa frase con la que César rubricó su avance sobre Roma junto al grueso de su ejército. Cruzar el Rubicón acompañado por tropas militares estaba absolutamente prohibido, los generales estaban obligados a entrar en modo civil, sin legiones ni guardias pretorianas: hacerlo era en los hechos una declaración de guerra.
César llevaba muchos años en las Galias, acumulando triunfos, riqueza y poder. El Senado y la política en Roma querían acotarlo, someterlo, obligarlo a dejar el mando de sus legiones y hacerlo regresar para ser juzgado. César planteó numerosos acuerdos, pero los senadores y los hombres poderosos rechazaron toda posibilidad de negociación con él, porque era en sí mismo una fuerza temible. Cerradas las puertas de los acuerdos y ante la decisión del Senado de aniquilarlo, César, el hombre más popular y poderoso de Roma, cruzó el Rubicón para tomar la ciudad que, consideraba, era solo suya.
Todo el poder acumulado, la gloria de las conquistas militares en las Galias, en Britania, contra los germanos, la riqueza obtenida y la fama mundial de César, no podían someterse a las decisiones burocráticas de un Senado anquilosado receloso del carisma del gran general. Así pensaba César: no se detendría ante la Ley, ni ante el Senado, ni ante el otro héroe, Pompeyo, designado con poderes absolutos para detenerlo.
Tanto César como sus enemigos esgrimían el mismo argumento para fundamentar sus acciones: lo hacían para salvar la República, para preservar la división de poderes y hacer posible que Roma pudiera administrar y acrecentar sus dominios sin caer en la vorágine de la tiranía, de la anarquía o la escisión. César se adueñó de Roma, pero hasta el último momento rechazó convertirse en rey, aunque en los hechos concentró un poder absoluto.
DOBLEGAR AL INE
¿El presidente López Obrador cruzó el Rubicón? Podemos jugar a establecer algunas similitudes. Ante la constante negativa de los legisladores de oposición, que impedían una y otra vez sus reformas constitucionales, el Presidente decidió que, en el tema electoral, el Congreso no lo iba frenar en su determinación de transformar al INE de acuerdo a su visión política. Lo intentó a través de una reforma constitucional que, si bien era polémica, se apegaba a los marcos establecidos en la Carta Magna. Como sabemos, la oposición se mantuvo firme en su rechazo a esa reforma de AMLO y logró impedir que obtuviera la mayoría calificada de dos terceras partes. Esa reforma suprimía al INE y cambiaba la composición y el principio de elección del Congreso de la Unión y los Congresos Locales, entre otros temas.
López Obrador decidió avanzar por la vía de reformas a las leyes secundarias, pues en este ámbito basta con mayoría absoluta de 50 por ciento más uno, y para eso, le alcanza holgadamente con su ejército de senadores y diputados leales a la Cuarta Transformación. Has aquí, no habría problema ni materia para establecer un paralelismo con el cruce del Rubicón. Pero AMLO metió reformas que necesitan cambios constitucionales para poder procesarse en las leyes secundarias y aplicarse en las instituciones y procedimientos electorales.
SIN ASIDERO CONSTITUCIONAL
El llamado Plan B de López Obrador implica reformas a la estructura, los procesos, el financiamiento, los recursos humanos y la organización del INE, que no tienen asidero constitucional, pues la Carta Magna establece mandatos contrarios o distintos a los que plantea el Plan B. Podemos mencionar varios ejemplos, a reserva de un análisis exhaustivo que requiere mucho tiempo en virtud que son más de 300 páginas de artículos reformados. El Plan B cambia sustancialmente la estructura administrativa del INE, desaparece o subordina órganos de dirección como la Junta de Gobierno, la Secretaría Ejecutiva; fusiona direcciones administrativas y atribuye funciones inviables al órgano interno de control. Además, desmantela el Servicio Profesional Electoral y la estructura del INE en los estados y en los 300 distritos.
EFECTOS INDESEABLES
Estas medidas van en contra de lo que la Constitución establece en materia de estructura y funciones del INE, por lo tanto, antes de legislarlas se tenía que modificar la Carta Magna. La aplicación de las reformas del Plan B, implican un notable retroceso en dos pilares de la función estatal electoral: la profesionalización y la ciudadanización. En efecto, al desmantelar el Servicio Profesional Electoral, se da marcha atrás al principio teórico y constitucional de que la función electoral debe ser desempeñada por profesionales; y al reducir las estructuras y el presupuesto del INE, se afectará la participación de los ciudadanos en las casillas, pues habrá menos recursos, menos organizadores y menos tiempo para lograrlo como hasta ahora se ha hecho.
Otras reformas del Plan B, también se contraponen a la Constitución, como las relativas a la propaganda y el activismo electoral de los servidores públicos. Con esta reforma, los Secretarios de Estado, los gobernadores, la Jefa de Gobierno, y todos los servidores públicos que aspiran a una candidatura y un cargo de elección popular, podrán hacer campaña abiertamente, sin restricciones ni riesgos de sanciones. Esta promoción de la imagen desde un cargo público, está claramente en contra de lo que establece el artículo 134 constitucional, pero, sobre todo, afecta seriamente el principio constitucional de equidad en la contienda, pues los altos funcionarios públicos podrán utilizar en su favor todos los recursos del Estado de los que puedan echar mano.
LAS MOTIVACIONES
César quería ejercer su poder sin trabas legales o burocráticas, deseaba capitalizar su inmensa popularidad y asegurarse la gloria de ser el mejor general, gobernante y líder del mundo. Quería salvar la República, pero quedó en medio de las contradicciones que implicaba la necesidad de construir estructuras imperiales para darle viabilidad al descomunal poder planetario de Roma. Quiso beneficiar a sus soldados y tratar bien al pueblo. No aceptó ser coronado rey, pero tampoco renunció al poder absoluto que acumuló. En ese mar de pasiones, llegaron a los Idus de marzo y cayó asesinado a manos de un grupo de senadores, en una imagen trágicamente poética, desangrándose a los pies de la estatua de Pompeyo, a quien arrasó sin piedad.
No sabemos cuáles son las motivaciones de fondo de AMLO para hacer avanzar a toda costa su Plan B electoral. Circulan las lecturas sicológicas que simplifican el hecho, al caracterizarlo como una expresión de su rencor profundo por el INE; no puede excluirse este factor, ya que la política tiene un importante componente de odios y rencores que movilizan voluntades, pero hay muchas razones más.
Si AMLO tiene una popularidad arrolladora y Morena encabeza holgadamente todas las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, si, además, con este vilipendiado INE arrasó en las elecciones de 2018 y ganó decenas de gubernaturas, entonces cuál es la razón de fondo, racional, para embarcarse en una acción tan controvertida y llena de riesgos de desestabilización política como lo es el Plan B electoral. Entre otras cosas, el Plan B puede arrojar la funesta sombra de la ilegitimidad de las elecciones y los ganadores en 2024.
Podríamos vislumbrar que en 2024 AMLO y su grupo gobernante ven riesgos de perder la mayoría en el Congreso. No es descabellado que tal situación pudiera ocurrir, pues ya en las intermedias de 2021 cayó la votación por Morena, tanto en términos absolutos como relativos. Si bien es casi inevitable que Morena gane la elección presidencial en 2024, a la vez resulta probable que pierda la mayoría en el Congreso. Este escenario sí representaría un golpe determinante contra la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, dado que perdería la capacidad de reformas legislativas y la Cámara de Diputados podría asfixiar presupuestalmente al gobierno.
EL ETERNO RETORNO
Pero el escenario de la pérdida de la mayoría en el Congreso como una de las motivaciones para cruzar el Rubicón con el Plan B, implica algo que muchos nos resistimos a creer: que la reducción del INE se ha realizado para manipular las elecciones en los distritos y a nivel central para favorecer a los candidatos del oficialismo. Dicho sin ambages: para hacer fraude en caso de necesidad, si las encuestas no se traducen en votos o si crece la inconformidad contra el régimen. Insisto, no lo creo, esperemos que con el paso de los meses se clarifique esta intrépida jugada.
