Corte Suprema respalda a Trump en su ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento (por Camila Olvera en Astillero Informa)

El alto tribunal avaló levantar los bloqueos a la orden de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento. Aunque no decide aún sobre su validez constitucional, la medida podría entrar en vigor en 30 días y ser impugnada de nuevo.

Camila Olvera Burdiles | Redacción Astillero Informa

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes a favor del presidente Donald Trump, al levantar los bloqueos impuestos por tribunales menores a su orden ejecutiva que busca limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país.

Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del alto tribunal decidió que los jueces federales carecían de facultades para prohibir de manera preventiva y a escala nacional la aplicación de políticas del Ejecutivo, un criterio que podría impactar decenas de demandas contra medidas del actual gobierno republicano.

La resolución no entra a valorar la constitucionalidad de la orden, que cuestiona un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, sino que se limita a abordar la legalidad de los bloqueos judiciales que frenaron la norma en su conjunto. La orden fue firmada el 20 de enero, cuando Trump asumió su segundo mandato, y busca poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de migrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en suelo estadounidense.

El fallo y la división ideológica de la Corte

La opinión de la mayoría fue redactada por la jueza Amy Coney Barrett, quien argumentó que los tribunales federales no tienen “supervisión general sobre el poder ejecutivo”, sino que resuelven casos concretos conforme a las competencias que les otorga el Congreso.

“Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder”, escribió Barrett.

El fallo supone una importante victoria táctica para Trump, ya que permite que su orden entre en vigor en los 28 estados que no se sumaron a las impugnaciones legales mientras prosiguen los recursos. Según el dictamen, la medida no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, un plazo que permitiría a los demandantes considerar nuevas demandas colectivas.

Profundo rechazo de los magistrados liberales

Las tres juezas liberales del tribunal —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— manifestaron un rechazo frontal. Sotomayor anunció su disenso desde el estrado, un gesto excepcional que subraya la trascendencia del tema.

“El Estado de Derecho no se da por sentado. Hoy, esta Corte renuncia a su papel vital en su defensa”, advirtió la magistrada.

Por su parte, Jackson sostuvo que la decisión abre la puerta a que el Ejecutivo pueda violar derechos constitucionales de millones de personas que no son parte de los litigios activos, lo que describió como una “amenaza existencial para el Estado de Derecho”.

La jueza denunció que el gobierno buscó crear “una cortina de humo” al centrar la discusión en aspectos técnicos sobre las competencias de los tribunales, en lugar de someter a examen el fondo de la orden presidencial.

¿Qué implica la orden ejecutiva?

La medida de Trump pretende revertir la práctica vigente desde hace más de un siglo de conceder automáticamente la ciudadanía a quienes nacen en territorio estadounidense, al margen de la situación migratoria de sus padres. Según estimaciones del Migration Policy Institute, esta restricción podría afectar a unos 255,000 bebés al año.

La Enmienda 14, ratificada tras la Guerra Civil en 1868, establece que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos”. La Corte Suprema reafirmó este principio en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark (1898), que se convirtió en un referente histórico.

Críticos de la orden sostienen que el presidente carece de facultades para modificar este derecho mediante un simple decreto, y que cualquier cambio requeriría una reforma constitucional.

Debate sobre los bloqueos nacionales

La decisión también pone bajo la lupa la facultad de los jueces federales de emitir medidas cautelares de alcance nacional, una herramienta judicial usada repetidamente en los últimos años para frenar políticas tanto republicanas como demócratas.

En el presente caso, jueces federales de Seattle, Maryland y Massachusetts habían bloqueado la aplicación de la orden ejecutiva en todo el país. El juez John Coughenour, de Seattle, llegó a calificarla de “descaradamente inconstitucional”.

En la audiencia del pasado 15 de mayo, varios magistrados conservadores expresaron preocupación sobre los bloqueos nacionales. El juez Neil Gorsuch cuestionó a los abogados de los estados demandantes sobre cómo se podría avanzar con celeridad en la revisión de los méritos del caso.

“La cuestión planteada hoy no es si la ciudadanía por nacimiento es válida. Es si un juez puede paralizar toda la política en los 50 estados antes de que siquiera podamos examinar la cuestión de fondo”, advirtió Gorsuch.

Próximos pasos y clima de incertidumbre

Aunque el fallo permite que la orden entre en vigor parcialmente, deja abierto el tema central de si la Constitución ampara la ciudadanía por derecho de nacimiento de forma absoluta. Expertos coinciden en que la cuestión volverá ante el Supremo en el futuro, dado su peso histórico.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos civiles, grupos de migrantes y 22 estados liderados por demócratas preparan nuevas acciones legales. La orden ejecutiva podría ser suspendida nuevamente por tribunales inferiores que examinen su constitucionalidad caso por caso.

El tema adquiere relevancia no solo por su impacto potencial en cientos de miles de familias migrantes, sino porque ilustra la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en la era Trump.