Comisiones de la Verdad o la improvisación. Autor: Felipe León López

Falta poco para la consulta popular. Foto: Cuartoscuro.

La consulta del próximo 1 de agosto tiene un error de origen: no es popular, ni es ciudadana ni tampoco será un ejercicio que revolucionará la participación ciudadana en nuestro país: la convocatoria nació del presidente de la República y la promueve su partido político, y algunos de sus aliados. Es decir, es un ejercicio político-propagandístico dirigido desde el gobierno federal y el partido político en el poder, no desde una demanda colectiva o de la llamada sociedad civil.

¿Con qué fin? Pues el mantener al jefe máximo en una campaña permanente, esperando que el efecto positivo de la misma le permita repetir la hazaña de 2018 para cuando “la corcholata” sea destapada. Como rematan algunos: “si este ejercicio lo hubiera hecho un presidente priista y el PRI lo promoviera, ¿qué dirían los opositores? Que es una simulación.”

Quizá por ello es que es la idea de que podrían “llevar a juicio a los ex presidentes” ahora cambiaron de ruta en la narrativa oficial y han comenzado a explicar que, ante la imposibilidad de enjuiciar delitos prescritos o difíciles de judicializar, entonces lo importante es crear “comisiones de la verdad” sobre temas tan añejos como el proceso de privatización (en el cual Carlos Slim y varios amigos del presidente AMLO fueron beneficiarios, por ejemplo), el clima de descomposición política de 1993 y 1994 (los asesinatos de Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu); “el error de diciembre” de 1994; el Fobaproa; la desigualdad producida por el neoliberalismo salinista-zedillista; la matanza de Acteal; la corrupción de Fox, Martha y sus hijastros Bribiesca Sahagún; “el fraude de 2006”; “la guerra contra el narco”; la masacre de Allende y los presuntos narco pactos del calderonismo; la impunidad de funcionarios de Peña Nieto en casos como Odebrecht o “la estafa maestra” y la desaparición de los 43 normalistas, entre tantos otros.

Sí, argumentarán que esta consulta formó parte de las ofertas de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pero se les olvidó depositar la información concreta y sin sesgos como ahora lo hace la propaganda oficial a los ciudadanos para que tomáramos decisiones más certeras sobre lo mismo. Será, sin duda, una catarsis para la indignación lopezobradorista que ha crecido con esos sentimientos de odio a los ex presidentes, aunque no insuficientes y ya se verá cuando este experimento pase, porque entonces entenderán que la justicia que es justicia se aplica, no se consulta.

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Más todavía, a este experimento democrático le falta voluntad política propia, y si van por comisiones de la verdad, sería muy positivo que la autollamada “4T” estuviera dispuesta a impulsar comisiones ciudadanas de la verdad para saber qué está pasando actualmente en el gobierno de López Obrador y que no se han dado a la tarea de aclararlo: el impacto del ajuste presupuestal federal de 2019 a 2021 (al que la ASF ha resultado inútil y dócil); el impacto social y económico real de decisiones como cancelar el aeropuerto o destinar millonarios recursos a Dos Bocas, Tren Maya y un aeropuerto; la liberación y supuestos diálogos con criminales del Cártel de Sinaloa; la postulación de candidatos con vínculos criminales por parte de partido oficial; origen y responsabilidades de la crisis del sector de salud pública (medicamentos y el manejo de la pandemia); la caída de la Línea 12 del metro; por citar los más relevantes y del que poco quieren transparentar (y que además deben acelerar en informarlo, porque el sexenio se les termina y pasarán de ser fusileros a fusilados en el mediano plazo).

Cuando Vicente Fox quiso quedar bien con “las izquierdas” que le dieron su “voto útil”, en el primer año de su gobierno creó una Comisión para el Seguimiento de Delitos Políticos y Sociales del Pasado con el fin de estudiar y aclarar qué “verdades” hubo detrás de las masacres estudiantiles de 1968 y 1971, la desaparición forzada de líderes sociales, indígenas, campesinos y guerrilleros durante el echeverrismo y lopezportillismo. ¿Qué ocurrió? Además de que su titular y algunos de sus colaboradores terminaron acusados de corrupción, los delitos estaban prescritos y, peor aún, nunca se dieron a conocer los informes reales detrás de estos crímenes.

La participación ciudadana no debe pervertirse porque termina por decepcionarnos y desalentarnos a tener un papel más proactivo en otros ejercicios cívicos. La consulta del domingo 1 de agosto es la antesala al referéndum para la revocación de mandato presidencial del 2022, según conforme a lo previsto en las fracciones VIII y IX del artículo 35 de la Constitución, respectivamente.

Quienes participen están en su derecho, cuando sea por su voluntad, por su libre decisión y no por ser acarreados o porque son obligados para ganar puntos prometidos por una asociación política afín al régimen.

Y también, según estamos observando en el discurso oficial, váyanse preparando para la conformación de esas “comisiones de la verdad”, pues se requiere de un marco legal adecuado y de mucha paciencia ciudadana, pues al menos en México, no han funcionado como en Argentina, Chile, El Salvador o España. 

Contacto: feleon_2000@yahoo.com

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