Los órganos de inteligencia del gobierno federal sospechaban de que el mandatario había tomado partido por la facción de Los Chapitos.
Isaac Rosales | Astillero Informa
En octubre de 2024, la revista Proceso publicó un reportaje en el que establece que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de inteligencia militar tenían bajo investigación a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por la sospecha de que había tomado partido por la facción de Los Chapitos en el conflicto que estos mantienen con Los Mayos.
Según este trabajo, la investigación fue ordenada por el expresidente López Obrador y avalada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo.
Los documentos revisados por Proceso afirman que el hijo de Rocha Moya, José Rocha Ruiz, también se encontraba bajo investigación por presuntamente fungir como el enlace entre Los Chapitos y su padre a través del director del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES), José Carlos Cárdenas Mellado.
“José Carlos era un enlace del gobernador con los chapitos”, dice un apartado del informe al que la revista tuvo acceso.
En otro punto del reporte de inteligencia, Proceso cita: “José Carlos (Cárdenas Mellado) y su papá tienen desde hace mucho tiempo una relación con los chapitos”, poniendo en evidencia posibles colusiones del aparato estatal con organizaciones criminales.
Las fojas revisadas también precisan que el gobernador, hoy imputado en Estados Unidos por narcotráfico, comenzó a pernoctar en el Palacio de Gobierno desde el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y el asesinato de Hécto Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Específicamente, refieren a que dormía en el tercer piso y que era vigilado por personal de la Guardia Nacional y de la Marina las 24 horas del día.
La vigilancia incluía a francotiradores y el uso de camionetas blindadas nivel seis. Además, su familia también recibía seguridad oficial.
El informe describe que Rocha Moya tenía “extremo nerviosismo” y “profunda preocupación” después de la captura del Mayo y del asesinato de Cuén Ojeda. Apenas ayer se dio a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador, junto a otros nueve funcionarios, de tener vínculos con Los Chapitos.
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