Burocracias heredadas. Autor: Federico Anaya Gallardo

Mi padre y un líder priísta, circa 1991.

Vuelvo en esta colaboración a un recuerdo personal. Hace cuatro años, una fría noche de enero de 2019, terminé muy tarde mi trabajo en el Senado de la República, bajé trece pisos de la Torre de Comisiones y caminé por uno de los glaciales pasillos del edificio de Insurgentes y Reforma. No me había cruzado con nadie en mi trayecto. Ya estaba cerca de la puerta, cuando del fondo del pasillo del que iba yo saliendo una voz cavernosa llamó: “—¡Federico Anaya!” volteé la cabeza y alcancé a distinguir una pequeña figura que se me iba acercando. Por suerte ni soy infante ni estaba en Yucatán. De otro modo habría creído que un aluxe me convocaba.

Ni aluxe ni alucinación. Frente a mí llegó un hombre delgado y formal, vestido de traje, quien de inmediato explicó su llamado: “—¿Eres hijo de Federico Anaya?” Respondí: “—De Federico Javier Anaya García, sí.” Platicamos un rato. El ciudadano era un abogado que conoció a mi padre cuando ambos trabajaban en los años 1980 en la vieja Secretaría de Gobernación.

Mi ciudadano padre, Federico Javier, trabajó como personal de base por más de tres décadas en Bucareli. Con estudios de Derecho y Economía (carreras completas pero sin pergamino), hablando inglés y francés, entró a la Segob en la Dirección General de Migración hacia 1971 como parte del equipo de su profesor de Derecho Constitucional, Pedro G. Zorrilla Martínez. Más tarde llegó a ser Jefe de Oficina en la Dirección General de Gobierno (DGG). Esta última unidad administrativa era la encargada de varias funciones que luego migraron a otras instituciones. En los 1970, cada tres años, cuando empezaba un proceso electoral federal, el Subsecretario cabeza de la DGG se convertía en secretario técnico de la Comisión Federal Electoral. Esa dirección formó “el pie veterano” de nuestro personal especializado en materia electoral.

Gracias a esto que te cuento, lectora, la biblioteca Anaya-Gallardo recibió todas las publicaciones de la gran reforma política de 1977 y de las que siguieron hasta que la función electoral se trasladó al Instituto Federal Electoral, el IFE que ahora se llama INE. Mi padre se quedó en la DGG, en donde pensaba jubilarse (soñando iluso que lo haría con el puesto inmediato superior). Varias de las personas que entraron al servicio federal en los 1970 y 1980, capacitados y socializados en Bucareli, pasaron al organismo electoral.

Otra de las funciones de la vieja Segob que se realizaban a través de la DGG era la relación del Gobierno Federal con las administraciones estaduales. En esto, la Federación nunca ha podido imponerse legalmente (la guerra civil la ganamos los federalistas, ¡faltaba más!). Pero Segob sí podía proponer un marco de coordinación con los estados. Mi padre, por ejemplo, trabajó en la traducción de las nuevas instituciones electorales federales a cada una de las entidades federativas. Gracias a eso, nuestra biblioteca recibió ejemplares de las nuevas leyes estaduales y noticias acerca de cómo se aplicaban.

Así las cosas, a Federico Javier le tocó viajar a Chihuahua en 1983 cuando la primera emergencia electoral panista –con el encargo de convencer/obligar a los priístas de Camargo a aceptar que, ahora sí, los adversarios les habían ganado. (Por eso, los “institucionales” de la localidad echaron su carro fuera de un camino. Mucho susto y mucho orgullo familiar.)

Más tarde, entre 1986 y 1992, el gobernador Labastida Ochoa pidió que mi padre estuviese en Sinaloa como parte del equipo que reformó las leyes electorales que canalizarían institucionalmente a los neopanistas sinaloenses –especialmente a los culichis. (Espero que mi ciudadana madre no haya tirado la colección de VHS de mi padre, pues en uno de ellos están vistas de la toma violenta del palacio municipal de Culiacán en 1989. Liga 1.) De esos viajes los Anaya-Gallardo recibimos unos cubre-parabrisas fabricados con remanentes del material translúcido de las nuevas urnas electorales y un librito de Abraham García Ibarra: Los Bárbaros del Norte: La Contra Mexicana (Culiacán: Comunicación Meridiana, 1988). Aparte, a la hora del desayuno dominical (único espacio sano de mi relación hijo-padre), pude enterarme de la importancia de diferenciar el tipo de voto de los diversos partidos. De esas discusiones recuerdo, por ejemplo, que en Sinaloa la burocracia urbana del PRI debió reconocer que el camino para controlar el avance panista era recuperar (y modernizar) su vieja alianza con la población ejidal.

Tendrás razón, lectora, si juzgas que mis recuerdos están edulcorados. Pero hay veneno en ellos. En 1985-1986, un conocido de mi padre, José Newman Valenzuela, me ofreció mi primer empleo en el gobierno: en el Registro Nacional de Electores, cuyas oficinas ya no estaban en Bucareli, sino en un edificio pequeño pero moderno cerca del Teatro de Los Insurgentes, al sur de la ciudad. Newman Valenzuela me dijo un día que “nuestra labor” era organizar las elecciones con criterios modernos y reconocer los triunfos de la oposición. Lindo… pero, sólo cuando nos ganen. Para Newman, los partidos de oposición aún “no [eran] lo suficientemente fuertes como para ganarnos. …No se trata de regalarles nada.” (Nota el nosotros y el ellos, lectora.) En resumen. Esa burocracia profesional y modernizadora de los 1980 seguía siendo autoritaria. (Newman es hoy habitué de Alazraki…) Aquellos burócratas del Viejo Régimen estaban dispuestos a conceder in extremis los avances de las oposiciones, pero se asumían como defensores del statu quo priísta. Si a veces se enfrentaban al PRI era con la actitud de “domesticar” a sus propios demonios. Nunca para exorcizarlos.

Regresemos a mi extraño encuentro en el Senado. El viejo compañero de trabajo de mi padre había salido de la DGG para hacer carrera en la burocracia parlamentaria, adonde formaba parte del equipo hiper-especializado de Arturo Garita Alonso –del que te platiqué en noviembre de 2022 (Liga 2). Hoy trabaja en el Congreso de la Ciudad de México. Hace décadas, quien fuera titular de la DGG, Arturo Díaz de León, pasó a la secretaría de la recién fundada Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Siguen allí los vasos comunicantes entre familias y clanes burocráticos que unen a la vieja burocracia priísta con las supuestamente modernas burocracias de organismos autónomos y legislaturas. A través de ellos, se sigue reproduciendo el ethos y espíritu de cuerpo del viejo priísmo.

En este punto, es mi deber corregir al ciudadano presidente López Obrador. El pasado 2 de enero de 2023 nos comentaba, en La Mañanera (Ligas 3 y 4) que no era correcto hacer una reforma del poder judicial federal como la que hizo Zedillo en 1996 –cuando se cambió a todos los ministros del máximo tribunal. Dijo Andrés Manuel: “—Cómo hacerle ahí, ni modo que se les despida a todos. Pero aun en ese caso, que sería un acto autoritario, ¿con quién se sustituye, si durante el periodo neoliberal, en las universidades se dejaron de formar abogados y otros profesionales con mística, con principios, con ideales, con amor al pueblo?, ¿con quién se les sustituye? Es un asunto complejo.” Primera corrección: Este problema no proviene únicamente del periodo neoliberal. La formación de las y los abogados siempre ha tenido una tendencia conservadora. Segunda corrección: A la formación conservadora en las universidades se suma un reforzamiento permanente en las burocracias –que continúa hasta nuestros días.

Cierro este comentario con un ejemplo reciente de nuestra burocracia electoral.

Como sabes, lectora, uno de los triunfos mayores de nuestra lucha democrática fue asegurar que ninguno de los consejeros con voto en el INE (y los órganos estaduales equivalentes) fuesen designados por el presidente de la República o los gobernadores de los estados. En el periodo heroico de 1994 a 1997, les llamamos consejeros ciudadanos. Tres décadas más tarde, hemos descubierto que las élites partidistas se robaron el control ciudadano y ponen a quienes le convienen a las oligarquías partidistas. Con todo, en la letra de la ley, las y los consejeros siguen siendo representantes de la ciudadanía en general.

La emergencia morenista y el debate realmente plural que existe hoy en día en la Cámara de Diputados federal aseguraron que en 2020 las personas designadas para el consejo general del INE fuesen más representativas de la diversidad ideológica de México. En ese año se eligieron consejeros a Norma de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordán, Uuc-kib Espadas Ancona y Martín Faz Mora. El proceso –que por tercera ocasión incluyó un comité de expertos plural para revisar los perfiles de las personas aspirantes– fue muy escandaloso y provocó varios litigios. (Dos señales de que los debates fueron de verdad. En la Liga 5 podrás ver un ejemplo de esto y confrontar las opiniones de los expertos Magaloni y Ackermann.) Pero, ¿de qué sirve que las y los consejeros del INE sean plurales si ese instituto está realmente controlado por una burocracia heredada de la antigua DGG, criada en la tradición autoritaria de Bucareli y que sigue reproduciendo el ethos del Viejo Régimen?

Un ejemplo del poder fáctico: Hace dos años estaba yo en la Oficina del Abogado General del IPN –cuya Escuela Nacional de Ciencias Biológicas produce, bajo la dirección del maestro Filiberto Vázquez Dávila, la tinta indeleble que asegura que no votemos más de una vez. Todos los años hay algún proceso electoral (federal, estadual, sindical) en el que se requiere esa tinta. En septiembre de 2021 sabíamos que en 2022 tendríamos una Revocatoria en abril y elecciones en seis estados en junio. Para asegurar entrega en cantidad y calidad era necesario iniciar la producción de la tinta al menos cinco meses antes… es decir, en diciembre 2021. Dentro del IPN habíamos preparado todo, pero requeríamos la firma de un convenio de colaboración con el INE. Los funcionarios electorales menores llevaban semanas dándonos largas. Contacté al nuevo consejero Faz Mora –a quien conozco desde hace años– para explicarle nuestro predicamento. Su respuesta me desconcertó: “—Eso lo lleva el Secretario Ejecutivo (Edmundo Jacobo Molina)”. No avanzamos nada. El IPN debió estirar al máximo su planeación y sacrificar (una vez más) a sus proveedores y académicos. Me quedó claro que los consejeros no tienen agencia directa en los negocios diarios del instituto. El poder real está en la Secretaría Ejecutiva –cuya biografía institucional y ethos, estoy seguro, nos llevarán a Bucareli de modo directo o indirecto.

Cuando los mayordomos son los que deciden todo, es indiferente qué tan democráticamente elijamos a los señores de la casa.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:
https://www.jornada.com.mx/2006/08/23/index.php?section=politica&article=018n1pol

Liga 2:
https://julioastillero.com/palacios-y-mayordomos-parlamentarios-autor-federico-anaya-gallardo/

Liga 3:
https://lopezobrador.org.mx/2023/01/02/conferencia-de-prensa-matutina-desde-palacio-nacional-lunes-02-de-enero-2023/

Liga 4:
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-2-de-enero-de-2023

Liga 5:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLENZbjbc4s

Federico Anaya-Gallardo
Federico Anaya-Gallardo

Abogado y politólogo. Defensor de derechos humanos. Ha trabajado en Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Correo electrónico: agallardof@hotmail.com

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