17 de julio de 2023.- Esta maniobra jurídica fue utilizada por el gobierno federal como un mecanismo político para evitar Andrés Manuel López Obrador contendiera por la presidencia de la república en 2006.
El 18 de mayo de 2004 el gobierno federal envió una solicitud de desafuero a la Cámara de diputados a través de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en contra del todavía Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de haber violado una orden judicial que prohibía construir una calle en el predio El Encino, un terreno expropiado entre los años 1998 y 1999; es decir, entre la administración de Cuauhtémoc Cárdenas y el interinato de Rosario Robles.
A pesar de que las obras no se llevaron a cabo, el gobierno federal argumentó que habían existido dilaciones en el acatamiento de la orden y responsabilizó a López Obrador de ello. De acuerdo con los detractores de esta maniobra, se trató de un mecanismo político que buscaba impedir que el actual jefe del Ejecutivo participara como candidato en las elecciones presidenciales de 2006, ya que, mientras duraba el proceso legal, Andrés Manuel estaría imposibilitado de registrarse como aspirante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El 7 de abril de 2005 se materializó el desafuero, obligando a López Obrador a comparecer ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, la izquierda electoral encabezó diversas marchas que se oponían a esta medida, llegando a juntar, según reportó Infobae, 1.2 millones de personas en la que se conoció como La marcha del silencio el 25 de abril de 2005 en el Zócalo de la capital. El actual presidente de la República señaló a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox Quezada y a Santiago Creel de ser los principales operadores de este ataque político. En su declaración ante la Cámara de Diputados, el político tabasqueño manifestó:
“Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria”.
En aquel pronunciamiento, López obrador también aseveró que “quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México, son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y el PAN, son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías”.
Cinco días antes de la marcha del silencio, el 20 de abril, el Ministerio Público Federal interpuso una multa de 2 mil pesos en contra de Andrés Manuel, la cual fue pagada por Gabriela Cuevas y Jorge Lara, diputados locales por parte de Acción Nacional para evitar que el nacido en Macuspana se “victimizara”. No obstante, esta acción impediría al futuro fundador de Morena registrarse en la candidatura del PRD, debido a que, como no pudo atestiguar ni participar en la consignación del expediente, le era imposible defenderse de este procedimiento jurídico de manera personal. Finalmente, la penalización pecuniaria fue cancelada por el juez que llevaba el caso, dando por terminado lo que algunos especialistas han calificado como el primer ensayo de lawfare en México.
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