Avala la IP iniciativa de Luisa María Alcalde

FOTO: Cortesia FB Mónica Fernández

El sector privado respaldó la creación de un registro nacional para las empresas de subcontratación legales

GABRIEL XANTOMILA/OEM-Informex

CDMX. La propuesta de crear un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación de la Secretaría del Trabajo recibió el apoyo de representantes del sector privado que ayer participaron en el Parlamento Abierto en el Senado.

TallentiaMX apoya la propuesta de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en el sentido de que no es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación: “basta con asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente, ya que las leyes son suficientemente robustas para combatir las malas prácticas en materia laboral”, pronunció Elias Micha, director de esa institución que representa a las empresas dedicadas a la tercerización.

Al participar en la Mesa 1 Régimen de responsabilidad y sanciones en materia de subcontratación, expuso que de acuerdo con las estadísticas de la organización de talento humano, la tercerización en México ha aumentado su participación en el empleo formal de 17 por ciento en 2004, a 42 por ciento en 2019.

De 2013 a 2019, 33 por ciento de los empleos formales creados son subcontratados, y son las industrias como la maquila electrónica o el sector aeroespacial, los que dependen casi en su totalidad de este esquema de trabajo. “Tenemos que dejar atrás cualquier iniciativa que busque acabar de manera punitiva y retrógrada con la subcontratación”, resaltó el directivo.

Micha participó en una de las mesas del Parlamento Abierto del segundo que organizó el Senado para ampliar el debate, luego de que la Junta de Coordinación Política frenó el dictamen en contra del outsourcing aprobado el 3 de diciembre por las comisiones unidas del Trabajo y Estudios Legislativo Segunda.

El senador morenista Napoléon Gómez Urrutia, quien presentó la iniciativa, dijo en aquel momento que al dictamen no se le movería “una coma”. Ayer, Luisa María Alcalde, titular de la STPS, puso sobre la mesa una propuesta de adición al artículo 15 de la Ley, para establecer el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, que sería un requisito para la firma de cualquier contrato de este tipo.

Otro de los puntos que agrega a la legislación es que la empresa contratante será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores subcontratados.

En la inauguración del Parlamento, Alcalde Luján refirió que el outsourcing “es como el colesterol, hay bueno y malo, sólo que éste último ha proliferado más”.

El director general del IMSS, Zoé Robledo destacó que los 21 mil millones de pesos anuales que se evaden mediante la subcontratación equivalen a 14 hospitales de segundo nivel y a 210 clínicas de primer nivel de atención.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntó que no se puede permitir mantener una política de outsourcing ilegal, tolerada desde las autoridades. “La fiesta se acabó”, dijo.

Javier Treviño Cantú, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó la creación de un padrón de empresas serias de subcontratación laboral y valoró que las inspecciones que realiza el grupo de trabajo interinstitucional conformado por autoridades del gobierno federal (que incluye a la UIF, el IMSS, la STPS) porque protegen a los trabajadores y benefician a las empresas cumplidas.

Además, dijo que con las severas disposiciones de la reforma sobre delitos fiscales que ya se encuentra en plena vigencia, pueden generar sanciones ejemplares para quienes incurran en prácticas ilegales.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, acusó que las autoridades han sido deficientes en la vigilancia y aplicación de las leyes en materia de outsourcing.

El representante de la CROM y de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, quien denunció que no hay subcontratación buena.

El dictamen del 3 de diciembre está en la Jucopo y en los próximos días podría ser enviado a la Mesa Directiva para que sea programado ante el Pleno

De acuerdo con la práctica legislativa, un dictamen aprobado en comisiones sólo puede modificarse en el Pleno mediante reservas en la votación particular. Por lo que se prevé este sea el mecanismo por el cual Morena impulse los cambios propuestos por Luisa María Alcalde.

En otro escenario, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal (Morena), podría impulsar un acuerdo político para cambiar el dictamen del 3 de diciembre, pero al no estar establecido en la ley se corre el riesgo de que cualquier persona o legislador de oposición impugne el proceso ante la Corte, lo que metería en un impasse esta normatividad.

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