El lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum suman 39 arrestos, ataques o asesinatos contra funcionarios municipales
Aldo Canedo | OEM-Informex
Desde el inicio de la presente administración federal, suman 39 funcionarios municipales que están bajo investigación o fueron arrestados por diferentes delitos, o han sido blanco del crimen organizado, ya sea por amenazas o ataques contra ellos.
Un recuento realizado por la Organización Editorial Mexicana revela que, desde que comenzó el nuevo gobierno en México el pasado 1 de octubre, alcaldes, exalcaldes, directores de área, regidores, síndicos, encargados de seguridad, entre otros cargos a nivel municipal, han sido víctimas de homicidios o atentados por parte de la delincuencia organizada.
Del 1 de octubre a la fecha, 21 funcionarios fueron arrestados y uno más se suicidó mientras era detenido; además, ocho funcionarios de diferente nivel fueron asesinados y dos más solicitaron licencia por amenazas del crimen organizado. El resto recibió ataques directos o por medio de sus familias.
De acuerdo con Maribel Cervantes, excomisionada de la Policía Federal en México, las autoridades de nivel municipal son las que se encuentran más propensas a la cercanía con el crimen organizado que deriva en atentados o arrestos, pues son los funcionarios más cercanos a la ciudadanía.
Destacan los casos del Estado de México y Chiapas, en los que las autoridades estatales y federales implementaron los operativos Enjambre y Pakal, respectivamente, para hacer una limpia de funcionarios municipales presuntamente vinculados al crimen organizado.
El operativo Enjambre, al corte de la semana pasada, sumaba dos alcaldes y seis directores de seguridad pública detenidos, más uno que se quitó la vida al momento del arresto; estos, junto con otros funcionarios detenidos, dan un total de 16 arrestos en el Estado de México.
Otro caso relevante fue el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, decapitado el pasado 6 de octubre luego de apenas asumir el cargo de presidente municipal de Chilpancingo, en Guerrero.
De octubre a la fecha, se han suscitado al menos 15 casos de funcionarios municipales que tuvieron algún tipo de inconveniente con el crimen organizado: desde amenazas, hasta homicidios dolosos.
Uno de los casos más recientes es el de Constantino Soriano Mendoza, regidor de Hacienda del municipio de San Miguel Panixtlahuaca, en Oaxaca, quien fue asesinado la tarde del miércoles 12 de febrero en un ataque a tiros por sujetos desconocidos, que terminaron fugándose.
Otro caso es el del policía municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, Francisco Javier Velazco, quien perdió la vida en un ataque armado. Anteriormente ya había aparecido su nombre en una narcomanta.
De hecho, según el recuento realizado por este periódico, hay dos casos de alcaldes que solicitaron licencia de su cargo debido a amenazas de la delincuencia organizada: Hildeberto Salinas Mariche, de Cuajinicuilapa; y Tarsila Molina Guzmán, de San Nicolás. Ambos en Guerrero.
Francisco Javier Velazco, policía municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, fue asesinado en un ataque armado.
Recién el pasado 6 de febrero, fuerzas de seguridad detuvieron a Fermín N, expresidente municipal de Huazalingo en Hidalgo, por presuntos vínculos con delitos de extorsión.
También en Jalisco, Brenda Marisol Montañez Saucedo, esposa del alcalde de Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villalpando, relató que fue secuestrada presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Hildeberto Salinas Mariche, alcalde de Cuajinicuilapa, y Tarsila Molina Guzmán, alcaldesa de San Nicolás, ambos en Guerrero, solicitaron licencia por amenazas del crimen organizado.
Según explica Maribel Cervantes, la estrategia de los operativos puede ser adecuada; no obstante, de nada servirá si el gobierno federal continúa protegiendo a gobernadores señalados por vínculos con el crimen organizado.
En poco menos de cinco meses, la administración federal actual en México busca erradicar la corrupción a nivel municipal en el país; sin embargo, continúan ocurriendo atentados contra funcionarios o exfuncionarios de este nivel de gobierno.
