El 2 de septiembre de 2013 escribí, en el sitio Revolución Tres Punto Cero, sobre el “Peligro y el riesgo de ser joven en México”. Ahora, seis años y nueve meses después, puedo afirmar que no sólo no han cambiado las cosas, sino que las cifras indican que la violencia condensada en desapariciones, reclutamiento por parte del narco y la delincuencia organizada, trabajo infantil, brutalidad policiaca y asesinatos, por mencionar tan sólo algunas variables dejando fuera otras como maltrato, violencia doméstica, abuso sexual, violación, explotación sexual y falta de oportunidades, se ha exacerbado.
Desaparición
A la fecha de publicación del artículo, habían desaparecido en México más de 25 mil personas durante el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, recogidos en función de una supuesta filtración, según reportó Human Rights Watch, el 20 de febrero de 2013, en el informe “Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”.
Hacia noviembre de 2017, de acuerdo con el sitio UNAMGlobal.com, la cifra ascendió a 32 mil 277 personas. En 2020, el número de personas desaparecidas llegó a 61 mil 637, como reportaron en la rueda de prensa del 18 de enero el Sub Secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.
En este “Informe de Fosas Clandestinas y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas”, se incorporaron registros históricos que datan del año 1964 y que corresponden al periodo de la Guerra Sucia, de la Guerra contra el narcotráfico y el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Destaca el hecho de que el 97.4% de los casos de desaparición registrados en el país ocurrieron entre 2006 y 2019; siendo 2016, 2017 y 2018 los años con mayor índice de desapariciones.
Desagregando las cifras se encuentra que: el 25.7% de las personas reportadas como desaparecidas son mujeres y el 74% hombres, de un total de 147 mil 033, siendo 85 mil 396 las que fueron localizadas.
En lo que respecta a niñas, niños y adolescentes, 47 mil 820 han sido reportados como desaparecidos, de los cuales, 36 mil 748 fueron localizados y 11 mil 072 permanecen sin regresar a sus hogares. Los estados con mayor índice de desaparición fueron: Tamaulipas, Estado de México, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. Según informó la Comisionada Quintana, este sector de la población representa el 18 por ciento del total de las personas desaparecidas en el país.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, hasta abril de 2018 había 36 mil 265 desaparecidos en el fuero común, de los cuales 18 por ciento tenía entre uno y 17 años. Entre 2010 y 2017, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el documento “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, estima que desaparecieron 5,790 niños, niñas y adolescentes.
Tomando otra fuente de datos, se encuentra que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) desaparecieron al menos 4,980 menores y adolescentes, de las cuales 3,067 fueron niñas (61.6 %), según denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Reclutamiento forzado
Pero la desaparición no es el único flagelo que padecen los niños, niñas y adolescentes en México. En 2011, al menos 23 mil jóvenes habían sido reclutados por organizaciones criminales, de acuerdo con datos ofrecidos en junio del año referido, por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. En noviembre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó, en su informe “Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México”, que esa cifra se había elevado a cerca de 30 mil reclutados para hacer de vigilantes, cuidadores de casas de seguridad, trasladadores de drogas y sicarios.
En este mismo estudio, se reportó que, según estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el crimen organizado había dejado sin cuidados parentales a más de 30 mil menores de edad y adolescentes.
Trabajo infantil
Otra forma más que puede ser catalogada como violencia en contra de menores y adolescentes es, en ciertas condiciones, el trabajo infantil doméstico. En junio de 2013, 10.5 millones de niños, en el mundo, fueron considerados víctimas del trabajo infantil doméstico, 6.5 millones tenían entre cinco y 15 años, y el 71% eran niñas, según reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos niños y niñas, se afirmó, estuvieron expuestos a condiciones de trabajo abusivas, muchos aislados de sus familias y ocultos a la mirada pública, llegando a ser totalmente dependientes de sus empleadores.
Para 2016, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esas mismas cifras podían aplicarse tan sólo a América Latina y el Caribe, pues había alrededor de 10.5 millones de niños, niñas y adolescentes (de 5 a 17 años) en situación de trabajo infantil, el equivalente al 7.3% de la población regional.
En este punto, cabe aclarar que para considerar el trabajo infantil como “explotación”, deben cumplirse ciertas características, de acuerdo con Educo, ONG de cooperación global para el desarrollo y acción humanitaria y cuyo expertise se remonta a más de 25 años, a saber: que el o la menor se dedique de manera exclusiva a la realización de labores que no son adecuadamente remuneradas; que estas le impidan acudir a la escuela y su pleno desarrollo como niño o niña, que menoscaben su dignidad (esclavitud o explotación sexual), que le provoquen estrés físico y psíquico y que sea realizado a edades muy tempranas.
En 2015, de acuerdo con información de la OIT, en México había 2 millones, 475 mil, 989 niños y niñas trabajando. De estos, nueve de cada 10 (89.6%) en actividades no permitidas, 4 de cada 10 (37%) no asistían a la escuela, 4 de cada 10 (42.5%) no recibía ingresos por su trabajo y 28.8% percibían hasta un salario mínimo, 5.7 de cada 10 niños realizaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y tres de cada 10 niñas (29.7%) excedieron 28 horas laborales a la semana, situación que se presentó en el 4.7 por ciento de los niños.
En el mismo año, según datos del Inegi. Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015. Indicadores Básicos y tabulados, de los niños, niñas y adolescentes ocupados, 42.5% no recibía un ingreso, seguidos por aquellos que recibían hasta un salario mínimo (28.8%) y solamente 7.5% percibían ingresos mayores a dos salarios mínimos.
En 2017 y de acuerdo con información de la misma institución, 1 millón, 686 mil, 740 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, lo que representó una tasa de 5.7 menores de estas edades. Por sexo, 5.5 de cada 100 niños y 6.0 de cada 100 niñas de 5 a 17 años se encontraban en esta situación.
En abril de 2019, México ha sido considerado como el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil, por debajo de Brasil y arriba de Perú, con un total de 2 millones 217 mil 648 niños, niñas y adolescentes trabajando, lo que equivale a un 7.5% de la población infantil del país. Lo anterior fue dado a conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a través de su “Informe de avance sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Nivel de estudios, edad y asesinato
Igualmente, en el año de 2013 fue posible establecer una correlación directa entre nivel educativo y la probabilidad de morir asesinado en México a manos del crimen organizado, siendo que ser hombre, joven y sin estudios incrementaba 10 veces dicha posibilidad.
Por otro lado, el “Estudio Global de Homicidios 2019”, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), mostró que la probabilidad de que un niño sea asesinado aumenta junto con su edad, en todas las regiones, siendo el periodo que va de los 15 a los 29 años como el de mayor riesgo de homicidio a nivel mundial.
Volviendo a la correlación “nivel educativo-probabilidad de morir asesinado”, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe “Panorama de la educación 2013”, reveló que 7 millones 337,520 personas, el 24.7% de los jóvenes de 15 a 29 años, se encontraban bajo la etiqueta de “Ni-nis”. A mediados de 2018, el número ascendió a 3.8 millones, de los cuales, 3 millones eran mujeres y 800 mil hombres, según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. El 12 de agosto de 2019, fue posible contabilizar 5.4 millones de personas que no estudiaban ni trabajaban, de acuerdo con una encuesta de De las Heras Demotecnia, estudio publicado en el sitio de Aristegui Noticias.
Con estas cifras, podría preguntarse si ha cambiado o no la correlación directa entre nivel de estudios-edad-sexo-probabilidad de morir asesinado.
Asesinato y brutalidad policiaca
Pero, a pesar de lo expuesto arriba, se puede afirmar que la forma más extrema de violencia que sufren niños, niñas y adolescentes es el asesinato. En 2017, fueron asesinados mil 488; en 2017, mil 498; en 2018, mil 463; y, en 2019, mil 472, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Por información recabada por Unicef, en el estudio citado, en 2017 se registraron 1,614 homicidios de menores.
Asimismo, Redim informa que el mayor número de víctimas son varones de entre 15 y 17 años. Tan sólo en 2018, fueron asesinados mil 020 jóvenes con estas características, al tiempo que se reportó el asesinato de 346 mujeres, cifra que por menor no deja de ser alarmante. Esto se refuerza con datos de Unicef, que en el informe mencionado sostiene que los adolescentes de 12 a 17 años representan el 78% del total de defunciones, siendo el grupo de edad más vulnerable.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que de 2007 a 2017 casi se triplicó el número de víctimas de homicidio, de entre cero y 19 años, por parte del crimen organizado. Igualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2007 y 2017 el número de menores y adolescentes víctimas de homicidios pasó de 1,002 a 2,858.
Agregó la CNDH que, 97.7 por ciento de esos casos ocurrió entre 2010 y 2018 y lamentó que en México no existan datos precisos sobre el número de menores de 18 años reclutados por el crimen organizado.
Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP) en 2015 se registraron en el país 767 homicidios contra menores de edad; es decir, se tenía un saldo diario de 2 niños asesinados. En 2017, se registraron mil 132 muertes violentas menores de edad, la mayoría por arma de fuego, esto se tradujo en 3.1 muertes al día de niñas y niños. En 2020, Unicef calcula que 4 menores de edad son asesinados diariamente.
El panorama es alarmante, no sólo porque las personas que cuentan entre 12 y 34 años son el blanco del narco y la delincuencia organizada sino de las fuerzas públicas que dicen proteger la integridad física y los derechos de la población. Este sector de la población debe soportar no sólo la brutalidad de las bandas delincuenciales sino de la policía como ha quedado de manifiesto en las últimas semanas.
Entre los casos más recientes se encuentra el de dos hermanos, Jaciel y Diego, de 19 y 20 años respectivamente, nietos de Celestino Paz Cruz, quien, en entrevista con Carmen Aristegui, durante el noticiario del jueves 11 de junio de 2020, afirmó que sus nietos fueron arrestados el 6 de mayo por la policía municipal de San Pablo Huitzo, en Oaxaca, por el supuesto robo de una bicicleta. Después de presentarlos ante la procuradora Martha Isabel Hernández, quien, de acuerdo con una nota de El Universal del 14 de junio, titulada “Policías entregaron esposado a Diego y apareció muerto a golpes”, les negó el derecho a hacer una llamada y ordenó fueran trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGEO).
Los hermanos no llegaron nunca a esa institución pues en el camino, en el kilómetro 156 de la carretera Huajuapán-Oaxaca, fueron entregados esposados a al menos 12 taxistas, los supuestos ofendidos, familiares todos a decir del propio Jaciel, quienes los golpearon y apalearon en presencia de los mismos policías, para después arrojarlos a una barranca en la que fueron apedreados. El primero sobrevivió para dar su testimonio, mientras que el mayor de los dos hermanos murió esa noche.
Uno más es el de Alexander Martínez, jovencito mexico-americano de 16 años quien jugaba en tercera división en el equipo de los Rayados del Monterrey, y que fue asesinado por un policía cuando volvía a casa con unos amigos después de comprar refrescos para acompañar una pizza. En la carretera El Amate-Acatlán a la altura del crucero La Cruz, él y sus amigos fueron interceptados por la patrulla municipal 023, de Acatlán de Pérez Figueroa, que venía con las luces apagadas, de esta descendió el policía que disparó a Alexander con una escopeta en la cabeza. El joven se desangró tirado en la calle hasta morir. Un adolescente más, quien viajaba con Alexander resultó lesionado y se recupera en un hospital de Tuxtepec.
Por supuesto, no puede dejarse fuera a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, a los niños y niñas Lebarón, a las niñas y adolescentes secuestradas, violadas y asesinadas u obligadas a prostituirse, a una lista interminable de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, secuestrados, violados, torturados, asesinados, cuyo nombre desconocemos.
Basten estos datos y los casos referidos, para sostener que la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes no ha disminuido y que en muchos de los casos va en aumento, ya no sólo por cuestiones económicas estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades para estudiar o trabajar y alcanzar un mejor nivel de vida, sino por el desbordamiento de las acciones delincuenciales; la falta de capacidad de muchas de las fuerzas públicas, como las policías municipales, que se muestran incapaces para realizar sus funciones y faltas de una ética que les permita limitar los abusos en contra de menores de edad y otros sectores de la población; por la falta de efectividad de las políticas públicas encaminadas a reducir dicha violencia y a brindar mejores condiciones de desarrollo a niños, niñas y adolescentes, dada la descomposición del tejido social, del desgobierno en que han caído varias zonas del país; por la falta de una sociedad más organizada, exigente y comprometida consigo misma y con los grupos más vulnerables, en especial los niños, niñas y adolescentes.
Las frases huecas, a fuerza de tanto decirlas, como aquellas de que “los niños son el futuro”, de que “el futuro es suyo”, “de que se comerán el mundo a puños”, de que son “un bono demográfico que hay que aprovechar” no sólo suenan vacías, sino absurdas y cínicas en un país que ha suprimido, de múltiples maneras, el futuro de millones de ellos y ellas.
Aunque la pandemia del Covid-19 ha enviado a la sombra la violencia que de manera cotidiana sufren los y las menores de edad en México, esta oscuridad se ilumina, aunque parezca un contrasentido, cuando la brutalidad es excesiva para recordarnos que, sí las tendencias observadas se mantienen, cabe augurar un futuro aún más violento y desalentador para el conjunto de la sociedad, en especial para niños, niñas y adolescentes.
IVONNE ACUÑA MURILLO
ARTICULISTA
Prensa Ibero y Revista Zócalo
ARTÍCULOS PUBLICADOS
25 académicos y más de 250 periodísticos
COLUMNISTA INVITADA
El Economista, El Universal, Milenio Diario, Excélsior, The Huffington Post México y La Silla Rota.
Twitter: @ivonneam
