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Así detuvieron a Virginia N y a su hija por despojo en la Del Valle; les dan prisión preventiva en Santa Martha (redacción Astillero Informa)

Redacción Astillero Informa

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron la noche del 29 de julio de 2026 órdenes de aprehensión contra Virginia “N” (identificada por vecinos y reportes como Virginia Vázquez García) y su hija Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo de un inmueble en Cerrada de Matías Romero número 18, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

La detención ocurrió en un restaurante de la colonia Doctores (alcaldía Cuauhtémoc). Según el registro y reportes oficiales, las mujeres se encontraban con abogados cuando les notificaron la orden. Ambas fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. Este jueves 30 de julio un juez de control les dictó prisión preventiva justificada; la audiencia para resolver la vinculación a proceso quedó programada para el 4 de agosto.

La investigación inició el 21 de julio, luego de que la propietaria recibiera alertas del sistema de videovigilancia de la vivienda. Las imputadas habrían ingresado sin consentimiento, forzado chapas y retirado cámaras. El inmueble fue asegurado por la Fiscalía el 25 de julio. Las pruebas incluyen testimonios, videograbaciones, inspecciones y peritajes (entre ellos de cerrajería).

Virginia “N” aparece como mediadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vecinos la señalan también en otro caso similar en la misma calle (número 57). La detención se produce en medio de protestas vecinales y plantones que exigían acción contra los despojos en Benito Juárez.

La Fiscalía ha iniciado al menos 30 carpetas por despojo en la colonia Del Valle solo en 2026 y mantiene un seguimiento integral para detectar posibles redes y coincidencias en el modus operandi. El delito, reforzado por una reforma reciente del Congreso capitalino, contempla penas de seis a 11 años de prisión, además de sanciones económicas.

El caso de Matías Romero 18 se ha convertido en un referente público de una problemática más amplia de invasiones de inmuebles en la capital, donde las autoridades reportan un volumen significativo de denuncias y las víctimas exigen mayor celeridad y coordinación institucional.

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