Amnistía Internacional: El Estado no busca a los desaparecidos (por Camila Olvera en Astillero Informa)

Amnistía Internacional denuncia que México vive una crisis estructural de desapariciones forzadas. El Estado no busca a las víctimas ni protege a sus familias. La estrategia militar ha fracasado y la impunidad continúa creciendo.

Camila Olvera Burdiles | Redacción Astillero Informa

Amnistía Internacional advirtió que México atraviesa una crisis estructural de desapariciones forzadas, que el propio Estado ha minimizado en discursos y omisiones. En su más reciente informe La situación de los Derechos Humanos en el Mundo, la organización documenta más de 127,000 personas desaparecidas desde la década de 1960 hasta la fecha. Solo en 2024, 13,588 personas fueron reportadas como desaparecidas, y en lo que va de abril ya se han sumado 1,050 casos nuevos.

Según AI, esta crisis no solo es persistente, sino que ha sido agravada por una estrategia de seguridad fallida basada en la militarización, iniciada hace 17 años y sostenida por los gobiernos más recientes. La presencia del Ejército y la Guardia Nacional no ha frenado las desapariciones ni otros delitos graves; al contrario, “las violaciones a derechos humanos cometidas por estas fuerzas continúan, incluyendo posibles ejecuciones extrajudiciales”, subraya el informe.

El Estado no protege ni busca a los desaparecidos

Para Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México, el Estado “no garantiza que no desaparezcamos, y tampoco busca a las personas desaparecidas”. Uno de los ejemplos más recientes es el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahí, los restos fueron encontrados no por autoridades, sino por familiares de víctimas organizadas en colectivos de búsqueda.

Estas personas, señala Olivares, enfrentan altos niveles de riesgo y violencia al realizar su labor. “Ya llevamos más de 29 personas buscadoras asesinadas. Solo en abril fueron asesinadas cuatro”, denunció. A esta situación se suma la falta de protección estatal, la impunidad y una ausencia sistemática de justicia.

Reformas sin garantías y criminalización de activistas

En marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció reformas para enfrentar la crisis de desapariciones, entre ellas la creación de una base única de información forense y una plataforma federal de identificación humana. Sin embargo, AI subraya que estas medidas no serán suficientes si no se garantizan recursos, capacitación profesional y protección a colectivos.

La organización también alertó sobre el riesgo de que el gobierno insista en reclasificar el delito de desaparición forzada, lo que podría diluir su gravedad jurídica. Además, señaló la persistente criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas. Solo en 2024 fueron asesinadas cuatro personas periodistas y nueve defensores del medio ambiente por su trabajo, lo que hace de México uno de los países más peligrosos para ejercer estas actividades.

Una crisis que el gobierno intenta negar

Uno de los señalamientos más graves del informe de AI es que el gobierno mexicano ha intentado negar la magnitud de la crisis. “Las desapariciones fueron una enorme preocupación, pero hay inquietud de que el gobierno ha minimizado la escala del problema”, apunta el documento. También retoma las preocupaciones de organizaciones civiles que acusan al Estado de querer rebajar las cifras oficiales de desaparecidos, en contraste con la evidencia que presentan los colectivos en el terreno.

Además, el informe recoge los ataques del gobierno mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ha calificado la situación en el país como “sistemática y generalizada”. Para Amnistía Internacional, las críticas del gobierno no solo desacreditan a organismos internacionales, sino que ofenden directamente a las familias de las personas desaparecidas, quienes llevan décadas buscando verdad y justicia.

Militarización y colaboración internacional bajo sospecha

AI también cuestionó la actual estrategia de seguridad basada en la presencia militar, a la que calificó como una estrategia fracasada. Olivares Ferreto fue contundente: “No es cierto que México sea un país más seguro. Este es un país muchísimo más peligroso hoy”.

Finalmente, el informe expresó preocupación por la colaboración del gobierno mexicano con la administración de Donald Trump en Estados Unidos, a quien AI considera cercano a grupos “antiderechos” y cuyas políticas han intensificado los ataques contra personas migrantes.

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