AMLO pide investigar contrato de Liconsa con polémico empresario (nota de Metapolítica)

Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de México.

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Morelia, Michoacán.- El contrato con la empresa “Grupo Vicente Suárez 73 S.A. de C.V.” debe revisarse a detalle para transparentar eventuales actos de corrupción.

Así lo aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que se revise el contrato. Que intervenga la Secretaría de la Función Pública para aclararlo, y nos comprometemos a informar a ustedes y al pueblo” dijo AMLO, sin entregar más detalles.

El 17 de diciembre del 2019 Liconsa, la compañía paraestatal del gobierno mexicano dependiente de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, otorgó dos contratos con vigencia de cinco años, por un pago por hasta 4 mil millones de pesos para procesar y vender leche.

Pero la empresa no tiene experiencia en el ramo.

Su dueño, Alejandro Puente Córdoba, es empresario de telecomunicaciones y está ligado a presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón.

El detalle: en los convenios hay una cláusula que permite a la empresa vender la leche a través de la subcontratación de otras empresas.

¿Quién es Puente Córdoba?

Según una investigación publicada el pasado 26 de agosto por el periodista Raúl Olmos en la página de Mexicanos Contra la Corrupción, el dueño de la empresa es conocido por sus supuestos fraudes.

“Alejandro Puente Córdoba es un empresario del sector telecomunicaciones que se vio involucrado en diversos casos de corrupción durante el sexenio de Calderón. En enero de 2012, mientras se desempeñaba como Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Puente fue nombrado titular del Consejo de Participación Ciudadana de la extinta PGR, y desde ese cargo hizo negocios en la propia dependencia”, dice el reportero.

Agrega que “en septiembre de 2012 la PGR –en aquel momento encabezada por Marisela Morales- le pagó 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión de Grupo Aeronáutico AFA, del que Puente era dueño del 99% de las acciones”.

Y añade:

“Luego, en diciembre del mismo año, funcionarios de la Procuraduría, empresarios de la aviación y el director de la Canitec se pusieron de acuerdo, mediante mensajes de correo electrónico, para ajustar un contrato de renta de un helicóptero a la PGR que beneficiaría a la empresa de aviación de Puente”.

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