Alertan por limitantes a la libertad de expresión con ley del “ciberadesedio” en Puebla (por Aldo Canedo en OEM-Informex)

La SIP se pronunció contra dicha ley, que podría ser utilizada para censurar críticas, denuncias periodísticas o testimonios incómodos, según advirtió la organización
Aldo Canedo | OEM-Informex
La aprobación de la llamada “Ley del ciberadesedio” en Puebla podría limitar la libertad de expresión y causar autocensura en periodistas de la región, alertó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La SIP expresó su preocupación por la reforma al Código Penal aprobada en Puebla, al considerar que dicha ley podría ser utilizada para censurar críticas, denuncias periodísticas o testimonios incómodos, según advirtió la organización.
La reforma define el delito de “ciberasedio” como la acción de “quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”. Las penas establecidas van de 11 meses a tres años de prisión.
Según la SIP, uno de los aspectos más relevantes que se establece en la reforma es que permite a empresas y plataformas digitales eliminar contenidos tras una simple solicitud, sin necesidad de orden judicial ni revisión independiente.
Esto, alertan, abre la puerta a la censura de contenidos legítimos, como investigaciones periodísticas o opiniones críticas, bajo la ambigüedad de términos como “insulto” u “ofensa”. La vaguedad de la normativa podría incentivar a periodistas y medios a autocensurarse por temor a represalias, afectando la pluralidad informativa y la memoria colectiva.
Esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo sin debate público, sin transparencia y sin defensa posibleMartha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, señaló: “Lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir. Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), advirtió que “esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible”.
De acuerdo con la SIP, la reforma contraviene principios de la Declaración de Salta II, aprobada en octubre de 2024, que establece que las restricciones a la libertad de expresión deben estar reguladas por ley, ser revisadas por un poder judicial independiente y cumplir con estándares internacionales de derechos humanos.
La SIP, una organización sin fines de lucro con sede en Miami, Florida, agrupa a más de mil 300 medios del hemisferio occidental y se dedica a la defensa de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.
Tras los cuestionamientos, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convocó a foros para analizar la reforma, ya publicada en el Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, la presidenta del Congreso local afirmó que la normativa se mantendrá vigente.
La Ley de Ciberseguridad, conocida como “Ley de Ciberasedio”, es una reforma al Código Penal del estado de Puebla, México, aprobada el 12 de junio de 2025 por el Congreso local con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención.
La iniciativa, presentada en noviembre de 2024 por el entonces diputado José Luis García Parra (actual coordinador de gabinete del gobierno estatal), fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de junio de 2025 y entró en vigor al día siguiente. Su objetivo declarado es combatir delitos digitales como el ciberacoso, el espionaje digital, la usurpación de identidad y el ciberasedio, con un enfoque en proteger a la ciudadanía, especialmente a menores, frente a la violencia digital.
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