Al menos siete estados reciben menos dinero para elección judicial (nota de OEM-Informex)

En siete de las 15 entidades en donde se elegirán jueces locales se recortó el presupuesto que solicitaron los institutos electorales locales

Atzayacatl Cabrera y Fernando Merino | OEM-Informex

En siete de las 15 entidades en donde se elegirán jueces y magistrados locales se recortó el presupuesto que solicitaron los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), para organizar los comicios, según una comparativa entre los presupuestos solicitados y aprobados por los congresos locales.

En los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz ya se reformaron las leyes locales para armonizarlas con la Reforma Judicial federal, por lo que irán a la elección de jueces locales el próximo 1 de junio.

Otros estados que también aprobaron la reforma local son Campeche, Baja California y Zacatecas, pero en el caso de Campeche se aplazó la elección hasta 2027, mientras que en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y Zacatecas aún no se publicaba en el Diario Oficial estatal al corte del 31 de diciembre pasado.

Según una revisión entre lo que solicitaron y lo que les aprobaron sus Congresos locales, los instituto electorales de Tamaulipas, Aguascalientes, Estado de México, Veracruz, Sonora, Zacatecas y Tabasco su Congreso local recibieron menos menos dinero del que solicitaron para organizar los comicios, por lo que tendrán escasos recursos para cumplir con la reforma local.

Chihuahua, Durango, Coahuila, Michoacán y Tlaxcala obtuvieron lo que solicitaron, mientras que en Ciudad de México y San Luis Potosí hubo un aumento a lo que solicitaron los OPL.

La elección por voto popular de cargos del Poder Judicial fue una iniciativa del exmandatario López Obrador. La reforma constitucional, para el ámbito federal, se aprobó en apenas las primeras dos semanas de septiembre y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre de 2024. 

Con esta modificación a la Carta Magna el Poder Judicial tendrá una serie de modificaciones extraordinarias. Además de las elecciones, se incluyó la reducción del número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la transformación del Consejo de la Judicatura Federal en dos instancias: un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.

También se condicionan plazos máximos de seis meses para resolver controversias en materia tributaria, se creó la figura de “jueces sin rostro” para casos relacionados con el crimen organizado, hay límites salariales, se eliminan los fideicomisos del Poder Judicial, entre otros cambios. 

Al tratarse de una reforma constitucional, que tiene incidencia en todo el país, los 32 estados de México deben homologar sus constituciones y leyes locales.

El decreto de la reforma judicial, publicado en el DOF el 15 de septiembre de pasado, establece en sus artículos transitorios que los Congresos locales tienen un plazo de 180 días, alrededor de seis meses, para legislar y definir la ruta para elegir por voto a jueces y magistrados locales. 

“Las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, (…) las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027”, se lee en el octavo transitorio. 

Hasta el momento, 16 estados ya lo hicieron. El resto de las entidades federativas tienen hasta el 14 de marzo de 2025 para hacer los cambios en sus constituciones y leyes estatales. 

Campeche, un estado morenista gobernador por Layda Sansores, fue la primera entidad federativa en homologar su Constitución y leyes locales. Ésta se aprobó apenas 14 días después de que el expresidente López Obrador firmó y publicó el decreto de la reforma judicial federal.

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