Judith Moreno | NotiPress
Ocho entidades federativas en México no aplican de forma completa la pensión universal para personas con discapacidad. Esto excluye el acceso al apoyo a personas adultas entre 30 y 64 años que no cumplen criterios específicos. La Secretaría de Bienestar confirmó esta situación durante la conferencia matutina del 5 de diciembre.
Ariadna Montiel, la titular de la dependencia, explicó que en esos estados solo se entrega la pensión a menores de 30 años, población indígena, afromexicana y personas en condición de pobreza extrema. Para el resto de la población objetivo, el acceso aún no se encuentra garantizado.
“Donde no tenemos la universalidad, que son en estos ocho estados, atendemos de manera universal a todos los menores de 30, a todas las personas de población indígena y afromexicana y a personas en condición de extrema pobreza“, declaró Montiel.
A lo largo de los últimos cuatro años, el Gobierno federal propuso convenios de colaboración con las autoridades estatales para implementar el esquema de forma conjunta. Algunas entidades manifestaron disposición parcial durante reuniones sostenidas con la Secretaría de Bienestar. “Recientemente estuvo Durango con nosotros, planteando, si no la universalidad, avanzar en una parte de la pensión”, señaló la funcionaria.
Los estados que sí están adheridos al modelo universal son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Por exclusión, las entidades sin cobertura total corresponden a: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Según datos proporcionados en la misma conferencia, en estas regiones se estima que alrededor de 800 personas con discapacidad permanente no reciben el apoyo económico.
“Una parte fundamental es que se organiza de manera integral y nos ayudaría mucho que todos los estados se sumaran, porque podríamos tener la información total del origen de la discapacidad“, afirmó Montiel. La funcionaria añadió que una cobertura homogénea permitiría desarrollar estudios territoriales más precisos sobre los tipos de discapacidad prevalentes.
En el mismo evento, se presentó una gráfica con datos presupuestales que muestra el crecimiento continuo de la inversión social en este programa. Para 2025, la cifra asignada en los estados adheridos asciende a 3 mil 776 millones de pesos, con recursos compartidos entre Federación y gobiernos locales.
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