Administrar o transformar conflictos. Autor: Federico Anaya Gallardo

En algún momento del sexenio del gobernador chiapaneco José Castillo Tielemans (PRI, 1964-1970), un finquero llamado Daniel Benito González se le acercó para ofrecer el reparto de las propiedades de su familia en los municipios de Tila y Sabanilla. Se trataba de la Finca Morelia y los ocho terrenos sumaban unas dos mil hectáreas. Don Daniel había adquirido esas tierras en 1936, a través de la compañía tabasqueña Juan Pizá y Sucesores. Morelia se dedicaba al café e incluía originalmente 8,626 hectáreas que se extendían al Este y al Oeste del Río Sabanilla y se adentraba en Tabasco. Muy pronto, el empresario tabasqueño vendió grandes secciones de ella. De esas ventas surgió la finca El Xhoc (2,500 hectáreas, situada en las montañas que separan Sabanilla y Huitiupán) adonde, en los 1970, el movimiento agrario indígena fue muy fuerte. Hacia 1950, Benito González había subdividido el remanente de Morelia, vendiendo terrenos a precios accesibles a antiguos peones. Estas pequeñas propiedades choles (que se administran desde entonces como comunales) formaron un “círculo sanitario” de campesinos leales para evitar la llegada del agrarismo oficial. El núcleo central de la vieja finca se dividió en varias propiedades dentro de los límites legales. El propietario kaxlán invirtió en un beneficio húmedo y otro seco, así como en una pequeña hidroeléctrica y un campo aéreo para sacar el café. Al acercarse 1970, el finquero intuyó correctamente la llegada de una nueva oleada agrarista y propuso al gobernador chiapaneco repartir a ejidatarios toda la finca, a excepción del núcleo de 300 hectáreas adonde estaban las instalaciones agrícolas (Los Mangos). La oferta incluía terminar un camino de terracería que conectase Sabanilla con Tabasco, para abaratar el transporte de la producción de la microrregión. Castillo Tielemans le contestó: “—Don Daniel, esas tierras me sirven más de promesa que de cumplimiento”.

Es decir, el gobierno del estado deseaba administrar el conflicto social, no resolverlo. El reparto propuesto hacia 1970 hubiese satisfecho a los principales actores sociales de la microrregión y desarrollado las fuerzas productivas al conectarla con Tabasco (que estaba a una década del boom petrolero). Esta posibilidad era real. En los 1970, la Finca Morelia era un caso extraño. Un agente de pastoral de la diócesis católica en el área recordaba que allí incluso había un sindicato. Los hijos del finquero tabasqueño fueron duramente criticados por la élite chiapaneca, específicamente, por Elmar Setzer (gobernador, PRI, 1993-1994). Les parecía locura que Morelia contratase pizcadores tzeltales para cosechar su café y que los transportase en autobuses –cuando el resto de los finqueros llevaba a “los suyos” en camiones de volteo. Este inusual experimento de capitalismo progresista terminó en los 1980, cuando el administrador chiapaneco de la familia Benito (quienes vivían en México) empezó a ostentarse como propietario e implantó en el lugar el mismo modo primitivo de explotación que defendía Setzer. De hecho empezó a reconvertir las propiedades de cafetal a ganado, expulsando a los peones –que por supuesto, se le opusieron. El resultado fue la recuperación agrarista de las 2 mil hectáreas en 1994. Los campesinos pagaron su cuota de sangre en la guerra de baja intensidad, pues el gobierno chiapaneco le había ofrecido esas tierras a los paramilitares de Paz y Justicia. ¡Porque la tierra, para la élite criolla mejor servía de promesa! Hoy en día, la finca se llama Nueva Revolución de Tila –y es administrada por los campesinos choles que la recuperaron.

Este ejemplo ilustra, para quienes estamos lejos de Chiapas, tres elementos relevantes. Uno, que importa conocer la raíz material de los conflictos (agraria, productiva, comercial). Otro, que importa conocer quiénes son los actores involucrados. Finalmente, que la actitud de los actores impacta el desarrollo y solución del conflicto.

Desde la Ciudad de México, en este año de 2020, lo único evidente es que el actual gobierno de Chiapas está administrando los conflictos de Aldama/Chenalhó y de la cabecera de Tila.

Cada microrregión de Chiapas tiene muchas historias similares a la que conté –en las cuales, la gente común, desde abajo, supera la “administración del conflicto” de la élite y sale adelante. Quien esto lea puede enterarse de varias de estas experiencias (más recientes) en un libro titulado  Lekil chahpanel y Derechos Humanos: Prácticas e ideales tseltales del Comité de Derechos Humanos Fray Lorenzo de La Nada, A.C. (Ocosingo: Universidad Intercultural de Chiapas, 2019) –presentado e interpretado por Antonio Paoli, de la UAM-Xochimilco. Las y los promotores de derechos humanos del Fray Lorenzo nos proponen una alternativa que puede sustituir y contrarrestar la perversa “administración” de las élites. Se llama transformación del conflicto. (Liga 1.)

Paoli explica que Lekil chahpanel es “el arreglo entre las partes”. En Lekil chahpanel, chahpanel o chajbanel significa arreglar, pactar, resolver, pero también modelar (Svunal Bats’i K’opetic/Diccionario Multilingüe, Siglo Xxi, 2005). Lekil es bueno. El buen pacto o arreglo se logra a través de promotoras y promotores que aplican diversas estrategias para “mediar y armonizar”. El equipo del Fray Lorenzo no da recetas, expone ejemplos. Cosa relevante, el primero es un enfrentamiento armado, ocurrido en 2012, entre miembros del EZLN y un grupo paramilitar priísta en la comunidad de Santo Tomás, cerca de Avellanal, en el municipio oficial de Ocosingo (Lekil,pp. 69-72) en la cañada del río Jataté (región Selva, Las Cañadas o de conflicto).

Para suerte de quienes analizamos Chiapas a la distancia, contamos con reportes variados y consultables en la www que nos ayudan a entender el caso atendido por el Fray Lorenzo en 2012. Durante mi trabajo con el centro FrayBa (1994-1998), tuve oportunidad de revisar los reportes de los Campamentos Civiles por la Paz que esta ONG organizó en Las Cañadas. Un resumen apretadísimo de lo que estas fuentes ofrecen es como sigue:

En 1994 las organizaciones campesinas que apoyaban al EZLN recuperaron las propiedades privadas que quedaban en la microrregión o cuenca del Jataté. Las dedicaron a labores colectivas. Así nacieron poblados como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, San Marcos y otros. (Reportaje de Hermann Bellinghausen, 10 de Mayo de 2002, La Jornada. Liga 2.)Sin embargo, una parte de la población local decidió no apoyar el movimiento y temiendo ser bombardeados en un contraataque del Ejército Mexicano formaron poblados separados de los zapatistas. (Comunicado del MAZ San Manuel, 5 de Mayo de 2002, Liga 3.) A partir de 1995, luego de la traición de Ernesto Zedillo a las primeras negociaciones de paz, el Ejército Mexicano estableció en la cañada varios campamentos militares. Uno estaba en la boca de la cañada, al Noroeste, en El Jordán o Río Jordán. Otro en el extremo Sureste de la cañada, en Santo Tomás/Las Tacitas. Bellinghausen reportaba en 2002 que patrullas militares recorrían diario el camino entre ambos. Es posible que Santo Tomás se haya dividido por temor a los bombardeos, pues hacia 1998 los reportes de los campamentistas civiles señalaban que estaba habitado por priístas y que permitía que se organizara allí un grupo paramilitar llamado MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista). Sin embargo, este campamento estaba “encerrado” al norte y sur por comunidades zapatistas (Avellanal y Tacitas).

De acuerdo a los detallados reportes del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) sobre el despliegue militar en Chiapas, desde la ocupación militar de las cañadas de Ocosingo y hasta 2007, los dos campamentos de la cañada del Jataté funcionaban como “escalones” de una misma unidad militar, el 38º Batallón de Infantería. (Cara de Guerra: un Ejército Federal mexicano, unos Pueblos Indígenas, su territorio, 16 de Junio de 2007, Liga 4). En el año 2002, el MAZ San Manuel denunció que los priístas habían levantado una falsa acusación en contra de los zapatistas (el secuestro de cuatro personas), lo que provocó que los soldados federales hostigaran a las familias en varios poblados. Los reportes (Ligas 2 y 3) describen lo poco razonable que es el personal militar cuando “auxilia” a las autoridades de procuración de justicia. Las autoridades municipales autónomas relatan que “En la mañana del 25 de Abril [de 2002], en el crucero de Santo Tomás y Tasitas [sic] los soldados salieron a dejar a unas prostitutas para que agarraran el camión de redilas que va a Ocosingo, un soldado le pidió al chofer que como amigo le dijera que dónde estaba el secuestrado, y las cuatro personas, que nadie se iba a enterar si el chofer le decía, el conductor le dijo que él no sabía nada de eso, el soldado insistió diciendo que no fuera malo que le dijeran dónde estaba, el chofer respondió que ya le dijo no saber nada. Entonces el soldado dijo al chofer que le platicara a los zapatistas de los nuevos poblados Emiliano Zapata y Miguel Hidalgo que él los iba a barrer.”

Si las autoridades militares son malas para hacer tareas de policía en zona rural, las civiles no se quedaban atrás: Bellinghausen reportaba en 2002 cómo el gobierno del Estado había reclutado en la región a “un robacoches buscado por la policía” para convertirlo en “colaborador y amigo de las fuerzas del orden”. Estos son los problemas de la militarización. En aquéllos días, nos decía Hermann que “para desalojar a los zapatistas [de las tierras recuperadas en 1994], las fuerzas del orden tendrían que ‘barrer’, pero necesitan algún pretexto”.

En junio de 2007 la tropa del 38º Batallón de Infantería abandonó Las Tacitas. Esto redujo la tensión pero no la presencia militar, pues el batallón seguía teniendo “escalones” que conectaban su campamento de El Jordán con la gran base militar de San Quintín, al sureste, en el corazón de Lacandonia. Es en este nuevo escenario en el que estalló el conflicto de 2012 que debió atender el comité Fray Lorenzo. Los priístas paramilitares trataron de recuperar uno de los terrenos recuperados en 1994, los zapatistas se resistieron. Hubo un muerto paramilitar y heridos en ambos bandos. Siete zapatistas fueron hechos prisioneros. Es relevante decir que en el caso de 2012 no aparece el Ejército Mexicano. El Fray Lorenzo encontró otra fuerza exterior: el antiguo finquero que trataba de recuperar su propiedad “a pesar de que el gobierno ya le había pagado una buena indemnización”.

Las y los promotores del Fray Lorenzo no lograron reunir a las dos partes en disputa, pero las convencieron de tratar a distancia a través de ellos. Cosa esencial: sólo la gente del Fray Lorenzo hablaba Tzeltal. Aparte, conocían “los estilos de ambos bandos” (p.70). Primero verificaron que los prisioneros zapatistas estaban bien. Segundo, gestionaron con las autoridades del Estado de Chiapas que fueran ellas las que pagasen una indemnización a la familia del muerto. Tercero, gestionaron la llegada de ambulancias para llevar a los heridos al hospital. Cuarto, acompañaron la liberación de los prisioneros. Todo lo anterior, en un ambiente terriblemente tenso: “Los zapatistas armados rodeaban a los paramilitares y estrechaban el cerco ostentando sus armas”. Si la negociación fracasaba, habría un enfrentamiento aún más sangriento. Nos dicen las y los promotores: “No podemos decir que se solucionó el problema, no hubo perdón ni mucho menos ch’abajel (‘hacer el silencio, hacer la paz’), pero sí disminuyó la tensión” (p.71). La ventaja del Fray Lorenzo es que hablaba la lengua de los confrontados, conocía su estilo y, al mismo tiempo, podía articularse, en Castellano, con el gobierno Estatal.

En el gozne hacia afuera de la microrregión, en el caso el Fray Lorenzo estuvo reforzado por la ONG Servicios para la Paz (SERAPAZ) y por el centro FrayBa de ciudad Las Casas. La primera se ha especializado en la técnica de transformación de conflictos. El segundo ha dado seguimiento serio a todos los conflictos de las regiones indígenas de Chiapas. Las y los promotores del Fray Lorenzo, al final de su recuento del caso, señalan que para ellos, lo más importante fue “que tuvimos la disciplina de mantenernos neutrales, ta olil (en medio): “Aguantamos los malos modos y hasta los insultos de unos y otros, pero logramos nuestros objetivos” … transformar positivamente el conflicto.

2020. Ocho años más tarde, en Aldama (Altos Tzotziles) y Tila (Región Chol), de nueva cuenta estalla la violencia. Todas y todos tememos una nueva e inminente masacre como la de Acteal. La desesperación de las víctimas en Aldama es grandísima. Hay recomendaciones de las comisiones de derechos humanos nacional (71/2009) y estadual (01/2019). (Ligas 5 y 6.) Se han firmado al menos dos pactos de no agresión que, a los pocos días, se rompen. Es de suyo evidente que las autoridades del Estado de Chiapas no han estado a la altura. Todo apunta a que están administrando el conflicto. Para empeorarlo todo, esta crisis chiapaneca coincide con una confrontación nacional entre ONGs  y el gobierno progresista de López Obrador. Es la tormenta perfecta. También por esto afirmo que esta crisis no es igual a la de 1997, sino peor.

Rescaté la experiencia del Fray Lorenzo porque urge imitarla. Hay que transformar conflictos. Esto debe hacerse en Tzotzil y Chol, con mediaciones que se ganen la confianza de todos los confrontados. Es un error meter a la Guardia Nacional –que siguen siendo los mismos militares que vimos amenazar-para-investigar en el Río Jataté de 2002 y cuyo despliegue en Chiapas sigue siendo contrainsurgente como documentó CAPISE. ¡Pero atención! quien debe ser neutral (estar ta olil, en el medio) no es el gobierno federal –sino la mediación de base. Necesitamos que la Presidencia de la República se radicalice y se ponga de acuerdo con la red de organizaciones de derechos humanos para asegurar la paz. Sólo con esa cobertura exterior, la mediación de los de abajo podrá modelar (chajbanel) un proyecto de reconciliación eficaz que venza a administración del conflicto que tanto gusta a las élites.

Ligas usadas en este artículo:

Liga 1: https://www.academia.edu/43673245/Lekil_chahpanel_y_Derechos_Humanos

Liga 2: https://www.jornada.com.mx/2002/05/10/014n1pol.php?origen=politica.html (Hermann…

Liga 3: https://groups.google.com/g/misc.activism.progressive/c/asITaJmJWN4?pli=1

Liga 4: http://www.alterinfos.org/IMG/pdf/CAPISE_Cara_de_Guerra.pdf

Liga 5: https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-712019

Liga 6: http://www.cedh-chiapas.org/Recomendaciones/2019/CEDH-01-2019-R.pdf

Federico Anaya-Gallardo
Federico Anaya-Gallardo

Abogado y politólogo. Defensor de derechos humanos. Ha trabajado en Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Correo electrónico: agallardof@hotmail.com

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