Actores regionales en Tila (choleros). Autor: Federico Anaya Gallardo

La polarización que vive la República preocupa a todomundo. Alberto Aziz Nassif advertía hace tres semanas de cuatro crisis: la confrontación entre el Presidente y la prensa de derechas; la ocupación de oficinas de la CNDH en el centro de la capital federal; la salida de diez gobernadores de la Conago; y el conflicto del agua en Chihuahua. (El Universal, Cdmx, 15 de septiembre.) Cosa interesante, de sus ejemplos sólo dos tienen elementos populares: la ocupación de la CNDH por víctimas no atendidas y Chihuahua. Y, por el modo en que finalmente se ha podido atender el caso CNDH en Gobernación federal, parecería que sólo el último asunto tiene componentes comunitarios. Después de todo, la movilización que tomó la Presa La Boquilla en el municipio de San Francisco de Conchos congregó a miles de campesinos.

Pero, ya terminando septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal reportó la presencia de poderosos intereses de élite en el caso La Boquilla. (La Verdad, CdJuárez, 25 de septiembre). Así fue como la opinión pública se enteró de los detalles de la alianza de acaparadores de agua ligados a la agricultura comercial de nuez y cebolla. La composición de esas élites es pluripartidista. Es natural: estamos ante intereses permanentes que requieren apoyo gubernamental no importando qué decida el electorado cada tres o seis años. Aunque el gobernador Corral ha tronado en contra de los reportes de la SSPC, él mismo había reconocido, dos semanas antes, que en la movilización hubo intereses irresponsables, radicales que buscaban desestabilizar el Estado y jalar agua a su molino, dijo él. (Puente Libre,CdJuárez, 10 de septiembre, Liga 1.) De nuevo, nada extraño. Desde los días de los primeros Médicis en Florencia (1370) los gruesos suelen levantar las banderas de los magros para aparentar que representan a toda la comunidad política –pero el análisis de los intereses económicos revela las contradicciones que separan las clases sociales.

Luis Hernández Navarro hizo una primera actualización sobre las élites en Tila, Chiapas –adonde ha reaparecido el fantasma del paramilitarismo de Paz y Justicia. (La Jornada, Cdmx, 15 de septiembre, Liga 2.) Los detalles de la élite tileca parecen importar menos en la capital federal que los de la élite del Conchos. Ciertamente Chiapas no es “el Estado grande”, pero la diferenciación social en sus regiones es tan compleja y relevante para entender la actual conflictividad social como en Chihuahua.

Hernández Navarro nos recordó que el liderazgo de Paz y Justicia provenía de una rama específica del movimiento magisterial chiapaneco (1977-1987) que durante el sexenio salinista (1988-1994) fundó la Socama (Solidaridad Campesino-Magisterial) entidad que funcionó como “el relevo de las organizaciones campesinas oficialistas”. Esto es correcto y exacto. Los líderes más conocidos del grupo paramilitar, Samuel Sánchez Sánchez (Chol de Jolsibakil, en la zona alta de Tila) y Diego Vázquez Pérez (Chol de El Limar, tierras bajas de Tila) demuestran el punto. Lo que cabe agregar es que, antes de su alianza con el salinismo en 1988, el movimiento magisterial chol había logrado una serie de victorias populares. Menciono tres. Abrieron escuelas primarias bilingües e incorporaron la interculturalidad en el debate educativo. En lo político, expulsaron a los kaxlanes (criollos y mestizos, no-indios) del gobierno municipal.

En 1979, una de las señales de la última victoria fue la elección del primer alcalde Chol de Tila, Evaristo Gutiérrez Martínez. Fue bajo las siglas del PRI (no había de otra), pero finalizó un larguísimo periodo de control no-Chol del ayuntamiento. De hecho, ese primer alcalde indio de Tila había sido antes presidente del Comisariado Ejidal de Tila-pueblo. Gobernó hasta 1982 y fue sucedido por otro cholero de Tila cabecera, Abrahám Gutiérrez López (1982-1985). El alcalde era de la zona alta, pero su ayuntamiento era representativo de las varias microrregiones del municipio. Así, las tierras bajas estaban representadas por Manuel Pérez García, quien luego sería coordinador de catequistas, y entre 1997-2000 llegó a diputado federal por el PRD para defender a los desplazados por los paramilitares. Entre 1985 y 1988 gobernó Tila otro cholero, Pascual Gutiérrez Martínez. Los 1980 son la primera década de alcaldes indios en Tila y fue de avances notables de lo que hoy llamamos proceso autonómico. Las comunidades habían abrazado el cultivo de café, las exportaciones sostenían cierta prosperidad en la región al tiempo que se organizaban cooperativas. En Tila y El Limar surgieron comerciantes –también choleros– que proveían de productos de primera necesidad (incluido maíz y frijol) a las familias campesinas que se especializaron en la producción de café. Estas eran las bases económicas del movimiento por la educación bilingüe e intercultural. (Alejandro Agudo Sanchíz, “«Rumores» zapatistas: el pragmatismo de las identidades histórico-políticas en El Limar (Tila),” Colmex, 2010.)

Pero en 1989 cayeron los precios internacionales del café y empezó el desastre que llevaría a la paramilitarización. (FrayBa, Ni Paz, Ni Justicia, 1996.) El último de los alcaldes choleros de ese periodo fue Arturo Sánchez Sánchez (1988-1991), hermano de Samuel y padre del actual líder de los “pobladores” de Tila, Francisco Arturo. Si miramos con atención, la historia tiene sentido. En medio de la debacle económica, el gobierno federal salinista sólo salvó a las comunidades que tenían una relación ya institucionalizada con estructuras de gobierno. En el lejano Tila los Sánchez Sánchez de Jolsibakil lideraban a un tiempo las estructuras políticas (ayuntamiento) y construyeron una eficaz red de distribución de las inicialmente escasas ayudas gubernamentales (Socama).

La crisis económica y la dependencia económica frente a Solidaridad permitió que el PRI “volviera a dar” la presidencia municipal a los kaxlanes. En 1991 se eligió al tileco mestizo Jesús Artemio Decelis Guillén. Lo peor es que en esa ocasión el ayuntamiento duraría cuatro años (1991-1995) por una maniobra orquestada por Patrocinio González Garrido –el último gobernador kaxlán del Chiapas de Viejo Régimen. Justo a la mitad de su gobierno, la Rebelión de Año Nuevo clarificó la división entre choleros apocalípticos (que avanzaron por la senda de la recuperación de tierras y la autonomía radical) y choleros integrados (que sostuvieron su lealtad al PRI). Esto afectó al Ayuntamiento Decelis. El alcalde mismo empuñó las armas y el 4 de marzo de 1995 asesinó de un balazo a un muchacho cholero, Pascual Sánchez Solís, de la comunidad de Carrizal. Pascual había ido a Tila a protestar contra el gobierno. El escándalo fue mayúsculo, las ONG de derechos humanos reportaron el caso y hasta The Washington Post recuperó la historia. (Liga 3.)

La Legislatura del Estado disolvió el ayuntamiento el 7 de marzo de 1995 y nombró un concejo municipal, presidido por Delfo Enrique Bonifaz Velasco –otro kaxlán. Este concejo apenas duró un mes, el 12 de abril, la Legislatura aceptó la renuncia de todos los concejales y nombró un nuevo concejo, ahora presidido por Juan Martínez Pérez, cholero de Agua Fría en las tierras bajas –líder paramilitar que fue parte en la falsa acusación contra los hermanos Ramírez Torrez de Shukjá (caso que presenté en estas páginas hace varias semanas). Así fue como llegó Paz y Justicia al palacio del ayuntamiento de Tila.

Los tres alcaldes de Paz y Justicia fueron Carlos López Martínez (1995-1998) de Nueva Esperanza, Carlos Torres López (1998-2001) de Mariscal Subikuski y Jesús Méndez Gutiérrez (2001-2004) de Tila. Los tres son choleros. Sin embargo, esta segunda década de alcaldes indios fue todo lo opuesto a la anterior (1980-1991). Si en la primera década se ganaron batallas interculturales y se organizaron cooperativas; en la segunda sólo se administraban los dineros de la contrainsurgencia.

Sigamos el dinero. En 1995 los egresos del municipio fueron 3 millones 425 mil pesos. Dos años después, en 1997, casi se duplicaron, llegando a 6 millones 107 mil pesos –178% más. (Inegi, 2019.) Pero, en este último año, el grupo paramilitar recibió 4 millones 600 mil pesos del gobierno del Estado en el famoso convenio cuyo testigo de honor fue el general comandante de la 7ª Región Militar, Mario Renán Castillo. En otras palabras, en 1997, Paz y Justicia tenía una potencia presupuestal equivalente a 75% de la municipal. Este subsidio se institucionalizó en los siguientes años, pues para 1998 y 1999 los egresos municipales tilecos llegaron a 10 millones de pesos anuales. Y los incrementos siguieron. En 2000, el ayuntamiento de Tila gastó 14 millones de pesos (430% más que en 1995). Entre 2000 y 2004 el aumento fue aún mayor, llegando en el último año a 115 millones 557 mil pesos –es decir, un incremento de 3,374% respecto de 1995.

En resumen, los alcaldes choleros de Paz y Justicia fueron muy favorecidos financieramente. Tristemente, entre las conquistas culturales de los ochentas no hubo traducciones choles de La Ilíada o de La Eneida. Nadie advirtió a los choleros paramilitares lo mucho que debe temerse a los regalos de los griegos. La abundancia presupuestal era no sólo una táctica paramilitar para ganar mente y corazón de población civil vía obras y servicios. Era también el caballo de Troya de la élite kaxlana. El director municipal de obras de Méndez Gutiérrez, el último alcalde cholero, se llamaba Juan José Díaz Solórzano, kaxlán de Ocosingo. Él se quedó con la candidatura ganadora (PRI) para la elección municipal de 2004.

En 2004 visité la Región Chol para finiquitar la cuestión agraria en Revolución de Tila (antigua Finca Morelia). Me sorprendió un comentario de algunos amigos indígenas: “—Nadie quiere entrar a las planillas municipales, porque salen siempre acusados de algo”. No era una crítica a la corrupción, sino un comentario sobre la creciente complejidad de la administración municipal. El salto de 3.4 a 115 millones en el gasto implicaba, en la era de la “gobernanza moderna” cada vez mayores habilidades administrativas que –¡por supuesto!– sólo los kaxlanes estaban en mejor posición de ofrecer. Díaz Solórzano ganó la alcaldía con el logo del PRI en una competencia muy cerrada. Obtuvo 7,212 votos (37.2%) frente a 7,155 (36.9%) de la coalición PRD/PT. Una diferencia de 62 votos (0.3%) en una votación en que los votos nulos sumaron 1,455 (7.5%). Ahora sabemos que Díaz Solórzano era parte de un grupo de kaxlanes con un proyecto de largo plazo para Tila. Lo encabeza Límber Gregorio Gutiérrez Gómez, originario de Petalcingo pero cuya familia proviene de Ciudad Las Casas. Límber sucedió a Díaz Solórzano en 2007 bajo la bandera del PVEM y desde entonces se ha relegido dos veces (2012 y 2018) de modo directo y otras dos (2010 y 2015) por interpósita persona. Si el aumento presupuestal tileco fue impresionante bajo los choleros paramilitares, en la “Era Límber” rebasó cualquier expectativa, pasando de 115 millones 557 mil pesos en 2004 a 547 millones 531 mil en 2019: un incremento de 474%. ¿En qué se ha usado? ¿Qué han hecho estos griegos con esta Troya?

Ligas usadas en este artículo:

Liga 1:
http://puentelibre.mx/noticia/detenidos_por_homicidoo_yessi_guardia_nacional_chihuahua/

Liga 2:
https://www.jornada.com.mx/2020/09/15/opinion/017a2pol?s=09

Liga 3:
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1995/09/23/mexican-ranchers-move-to-fend-off-landless-squatters/a1c4bdc8-0c45-4b4a-bbcc-d466e1285175/

Federico Anaya-Gallardo
Federico Anaya-Gallardo

Abogado y politólogo. Defensor de derechos humanos. Ha trabajado en Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Correo electrónico: agallardof@hotmail.com

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