Por Verónica Ayala / @vayalamty en QuintoPoder
La indignación internacional a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, a manos de policías de Minneapolis, Minnesota, y los recientes casos de abuso policial que han salido a la luz pública en México, tienen en la mira a las corporaciones de seguridad y ponen sobre la mesa -de nueva cuenta- no solamente las violaciones y excesos que cometen sino el cómo reclutan y forman a sus elementos.
La indignación internacional a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, a manos de policías de Minneapolis, Minnesota, y los recientes casos de abuso policial que han salido a la luz pública en México, tienen en la mira a las corporaciones de seguridad y ponen sobre la mesa -de nueva cuenta- no solamente las violaciones y excesos que cometen sino el cómo reclutan y forman a sus elementos.
LA BRUTALIDAD
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2019 del Inegi, casi 4 de cada 10 recomendaciones emitidas por comisiones de derechos humanos a instituciones públicas municipales -el 39.5 por ciento- son por presuntas violaciones de Seguridad Pública.
En el caso de los Estados, el 37.7 por ciento de las recomendaciones corresponden a supuestas violaciones atribuidas a las Procuradurías de Justicia o Fiscalías de las entidades y el 14.9 por ciento a Seguridad Pública estatal.
Del análisis de los expedientes de queja por presuntos hechos violatorios de derechos humanos en el ámbito municipal, se desprende que los estados que en 2018 acumularon más quejas contra la Secretaría de Seguridad Pública municipal fueron Baja California, Hidalgo y Nuevo León.
Mientras que en el ámbito estatal, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo acumulan más quejas donde la autoridad responsable es la Secretaría de Seguridad Pública de las entidades, en quejas contra las respectivas Procuradurías o Fiscalías estatales lideran Ciudad de México, Jalisco, Edomex, Nuevo León y Chiapas.
Entre las probables violaciones se encuentran desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, trato cruel o degradante, violación al principio de legalidad, detención arbitraria o ilegal y actos de discriminación, entre muchas otras acciones.
Ejemplos de estos abusos son ya recurrentes. Uno de los casos más recientes es el de Carlos Andrés Navarro Landa, cuyos familiares y amigos se manifestaron este lunes en Xalapa, Veracruz, para denunciar que el joven de 33 años murió hace un mes tras una golpiza que recibió por parte de policías estatales en los separos.
Antes de que se difundiera el caso de este joven veracruzano, el colectivo Seguridad Sin Guerra había señalado que tan sólo en este año se ha hecho público el asesinato de al menos cuatro personas a manos de uniformados.
Entre ellas se encuentra Yair López Jiménez, quien a finales de marzo murió asfixiado por policías municipales de Tijuana, Baja California, que lo sometieron en una gasolinera. La causa oficial de su muerte fue “desnucamiento asociado a maniobras de estrangulación”, por uso excesivo de la fuerza, según un reporte que la propia Fiscalía estatal entregó a Segob.
La mayor parte de las quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2000 y 2018 señalan a autoridades civiles, a quienes se atribuyen la mayoría de las supuestas violaciones, mientras que las quejas contra las Fuerzas Armadas -el Ejército y la Marina- que anteriormente eran las instituciones más señaladas, han disminuido significativamente en los últimos años.
LA TORTURA: UNA REALIDAD EN MÉXICO
Mientras que informes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Tortura emitidos en los últimos años y análisis del World Justice Project (WJP) han señalado a la tortura como una práctica generalizada en corporaciones de seguridad en México, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que es aplicada en centros penitenciarios del País, ha confirmado su uso en el sistema de procuración de justicia.
Los resultados de esta encuesta publicados en 2017 arrojan que el 63.8 por ciento sufrió violencia física durante el arresto y el 75.6 padeció violencia psicológica; mientras que el 49.4 por ciento fueron incomunicados al estar ante el Ministerio Público, el 39.4 recibió patadas o puñetazos y más del 23 por ciento fue golpeado con algún objeto o sufrió lesiones por aplastamiento, entre otros actos de violencia.
Incluso, de acuerdo con la ENPOL 2016, de las personas que se declaran culpables ante el Ministerio Público, más del 40 por ciento lo hizo porque recibió agresiones físicas, amenazas u otras presiones.
Según el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019, la actual Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Tortura a nivel federal reportó en febrero de 2018 que de 8 mil 335 investigaciones por tortura solo se había ejercitado acción penal en 17, es decir, el .20 por ciento, mientras que las sentencias condenatorias por tortura son mínimas y la mayoría son revocadas por apelación.
En el caso del fuero estatal, señala el reporte, en 2016 las Fiscalías estatales reportaron 3 mil 214 denuncias por tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra 3 mil 569 víctimas, siendo judicializadas solamente ocho causas penales. Ese año, las comisiones estatales de derechos humanos recibieron 8 mil 845 quejas por tortura.
Mientras que organizaciones de la sociedad civil señalan que la política de seguridad pública “de tradición represiva” impulsada desde hace años por el Gobierno mexicano ha promovido el uso excesivo de la fuerza, así como detenciones arbitrarias y actos de tortura en contextos de protesta social, Amnistía Internacional ha atribuido estas violaciones de derechos humanos en parte al deficiente marco legal en la materia y a la falta de capacitación de la policía.
¿POLICÍAS CALIFICADOS?
De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al pasado 30 de abril, el 16 por ciento del personal operativo de las instituciones de seguridad pública de los Estados y municipios -incluyendo altos mandos- no cuentan con exámenes de control de confianza aprobados vigentes.
Por Verónica Ayala / @vayalamty
La indignación internacional a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, a manos de policías de Minneapolis, Minnesota, y los recientes casos de abuso policial que han salido a la luz pública en México, tienen en la mira a las corporaciones de seguridad y ponen sobre la mesa -de nueva cuenta- no solamente las violaciones y excesos que cometen sino el cómo reclutan y forman a sus elementos.
LA BRUTALIDAD
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2019 del Inegi, casi 4 de cada 10 recomendaciones emitidas por comisiones de derechos humanos a instituciones públicas municipales -el 39.5 por ciento- son por presuntas violaciones de Seguridad Pública.
En el caso de los Estados, el 37.7 por ciento de las recomendaciones corresponden a supuestas violaciones atribuidas a las Procuradurías de Justicia o Fiscalías de las entidades y el 14.9 por ciento a Seguridad Pública estatal.
Del análisis de los expedientes de queja por presuntos hechos violatorios de derechos humanos en el ámbito municipal, se desprende que los estados que en 2018 acumularon más quejas contra la Secretaría de Seguridad Pública municipal fueron Baja California, Hidalgo y Nuevo León.
Mientras que en el ámbito estatal, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo acumulan más quejas donde la autoridad responsable es la Secretaría de Seguridad Pública de las entidades, en quejas contra las respectivas Procuradurías o Fiscalías estatales lideran Ciudad de México, Jalisco, Edomex, Nuevo León y Chiapas.
Entre las probables violaciones se encuentran desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, trato cruel o degradante, violación al principio de legalidad, detención arbitraria o ilegal y actos de discriminación, entre muchas otras acciones.
Ejemplos de estos abusos son ya recurrentes. Uno de los casos más recientes es el de Carlos Andrés Navarro Landa, cuyos familiares y amigos se manifestaron este lunes en Xalapa, Veracruz, para denunciar que el joven de 33 años murió hace un mes tras una golpiza que recibió por parte de policías estatales en los separos.
Carlos Andrés Navarro, asesinado en Xalapa, Veracruz
Antes de que se difundiera el caso de este joven veracruzano, el colectivo Seguridad Sin Guerra había señalado que tan sólo en este año se ha hecho público el asesinato de al menos cuatro personas a manos de uniformados.
Entre ellas se encuentra Yair López Jiménez, quien a finales de marzo murió asfixiado por policías municipales de Tijuana, Baja California, que lo sometieron en una gasolinera. La causa oficial de su muerte fue “desnucamiento asociado a maniobras de estrangulación”, por uso excesivo de la fuerza, según un reporte que la propia Fiscalía estatal entregó a Segob.
Yair López, víctima de abuso policial en Tijuana
La mayor parte de las quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2000 y 2018 señalan a autoridades civiles, a quienes se atribuyen la mayoría de las supuestas violaciones, mientras que las quejas contra las Fuerzas Armadas -el Ejército y la Marina- que anteriormente eran las instituciones más señaladas, han disminuido significativamente en los últimos años.
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LA TORTURA: UNA REALIDAD EN MÉXICO
Mientras que informes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Tortura emitidos en los últimos años y análisis del World Justice Project (WJP) han señalado a la tortura como una práctica generalizada en corporaciones de seguridad en México, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que es aplicada en centros penitenciarios del País, ha confirmado su uso en el sistema de procuración de justicia.
Los resultados de esta encuesta publicados en 2017 arrojan que el 63.8 por ciento sufrió violencia física durante el arresto y el 75.6 padeció violencia psicológica; mientras que el 49.4 por ciento fueron incomunicados al estar ante el Ministerio Público, el 39.4 recibió patadas o puñetazos y más del 23 por ciento fue golpeado con algún objeto o sufrió lesiones por aplastamiento, entre otros actos de violencia.
Incluso, de acuerdo con la ENPOL 2016, de las personas que se declaran culpables ante el Ministerio Público, más del 40 por ciento lo hizo porque recibió agresiones físicas, amenazas u otras presiones.
Según el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019, la actual Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Tortura a nivel federal reportó en febrero de 2018 que de 8 mil 335 investigaciones por tortura solo se había ejercitado acción penal en 17, es decir, el .20 por ciento, mientras que las sentencias condenatorias por tortura son mínimas y la mayoría son revocadas por apelación.
En el caso del fuero estatal, señala el reporte, en 2016 las Fiscalías estatales reportaron 3 mil 214 denuncias por tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra 3 mil 569 víctimas, siendo judicializadas solamente ocho causas penales. Ese año, las comisiones estatales de derechos humanos recibieron 8 mil 845 quejas por tortura.
Mientras que organizaciones de la sociedad civil señalan que la política de seguridad pública “de tradición represiva” impulsada desde hace años por el Gobierno mexicano ha promovido el uso excesivo de la fuerza, así como detenciones arbitrarias y actos de tortura en contextos de protesta social, Amnistía Internacional ha atribuido estas violaciones de derechos humanos en parte al deficiente marco legal en la materia y a la falta de capacitación de la policía.
¿POLICÍAS CALIFICADOS?
De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al pasado 30 de abril, el 16 por ciento del personal operativo de las instituciones de seguridad pública de los Estados y municipios -incluyendo altos mandos- no cuentan con exámenes de control de confianza aprobados vigentes.
Sin embargo, del seguimiento a las evaluaciones por entidades y dependencias se desprende que hay corporaciones estatales y municipales donde más de una tercera parte de su plantilla y hasta la mitad o incluso mayor parte de sus elementos carecen de este tipo de certificaciones vigentes, es decir, que no han sido reevaluados.
Tal es el caso de Tamaulipas, donde, según el reporte oficial del SESNSP, seis de cada diez elementos de seguridad pública municipal -el 63 por ciento de un universo de cerca de 600- no cumplen con este requisito.
Mientras que en Tlaxcala el 54 por ciento de los miembros operativos y altos mandos de sus corporaciones municipales no cuentan con evaluaciones aprobadas vigentes, en Guerrero incumple con ello el 48 por ciento de los policías de los municipios y más de una tercera parte -el 35 por ciento- en el caso de la corporación estatal.
En Sinaloa, casi 4 de cada 10 miembros del servicio profesional de carrera de seguridad pública municipal -el 39 por ciento de 4 mil 363- carecen de certificaciones de control de confianza actualizadas; en Nayarit, el porcentaje asciende al 38 por ciento en el rubro de seguridad pública estatal y al 70 por ciento en el municipal.
En la misma situación se encuentra el 32 por ciento del personal operativo de seguridad pública estatal y altos mandos de Zacatecas; el 30 por ciento de los elementos estatales y 28 por ciento de los municipales en el caso de San Luis Potosí; y el 21 por ciento de los miembros de ambos niveles en Hidalgo.
Jalisco, donde iniciaron las protestas contra abusos policiales, no es la excepción. El detonante fue el crimen de Giovanni López, por el que fueron señalados policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, y quien apareció muerto y con huellas de tortura y heridas de arma de fuego tras haber sido sometido por uniformados a principios de mayo.
En esta entidad, casi una cuarta parte de los elementos y mandos de corporaciones de seguridad pública municipales -el 24 por ciento- no cuentan con evaluaciones de control de confianza vigentes, de las que también carece el 15 por ciento del personal de Seguridad Pública estatal y el 30 por ciento de el de procuración de justicia, que incluye a Procuradurías o Fiscalías.
Y fueron precisamente elementos de la Fiscalía estatal de Jalisco quienes durante las recientes protestas por el asesinato de Giovanni, que ha generado irritación a nivel nacional, fueron señalados por llevar a cabo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de jóvenes.
Aunque en entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Querétaro, más del 90 por ciento de sus elementos estatales y municipales tienen pruebas acreditadas vigentes, no están exentos de abusos.
¿Y LA CERTIFICACIÓN?
El panorama es aún peor si se considera la nueva certificación policiaca, implementada desde el 2016 y que va más allá de las pruebas de control de confianza e implica temas de capacitación, competencia y gestión policial.
El más reciente informe del Centro Nacional de Información del SESNSP arroja que el promedio nacional de policías certificados -hasta septiembre pasado- es del 46.3 por ciento, siendo Jalisco quien tiene el porcentaje más bajo, de apenas el 2.7 por ciento.
En los últimos lugares, le siguen entidades como Tlaxcala, con el 13.2 por ciento; Baja California Sur, con 13.9 por ciento; Ciudad de México, con 14.3 por ciento; Puebla, con 24.7 por ciento; Sonora, con 29.4 por ciento; Nayarit y Chiapas, con 29.6 por ciento; Guerrero, con 29.8 por ciento; y Tamaulipas, con 31.6 por ciento.
Solo en cuatro entidades del País –Querétaro, Colima, Guanajuato y Baja California– más del 80 por ciento de sus policías cuentan con el denominado Certificado Único Policial, que avala a los elementos en funciones.
Además, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2017, sobre el desempeño del gasto público en seguridad para capacitación policial, el 97 por ciento de los elementos policiales no acreditaron contar con las competencias básicas para desempeñar la función policial.
Ésta es la situación que prevalece en las corporaciones de seguridad pública del País, pese a que un transitorio de la Ley de la nueva Guardia Nacional establece que estados y municipios deberán invertir en capacitaciones policiales.
Ante los recientes casos de abuso policial, incluso en las manifestaciones que se han originado en contra de ello alrededor del País, especialistas en la materia se han pronunciado por una necesaria reforma policial.
El colectivo Seguridad Sin Guerra, que ha atribuido estos actos a un problema de política pública, urgió a una regulación del uso de la fuerza en las policías y a la profesionalización de las mismas.
“Se trata de un ciclo de violencia derivado de la debilidad institucional de la policía y la implementación de políticas represivas que podría evitarse minimizando el uso represivo del Estado, profesionalizando a las policías civiles e implementando un marco de control estricto del uso de la fuerza letal y no letal”, señaló en un comunicado emitido el lunes.
CORRUPCIÓN Y (DES)CONFIANZA
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, del Inegi, revela que el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante ese año fue el contacto con autoridades de seguridad pública, con quienes el 59.2 por ciento de los usuarios experimentó algún acto de corrupción.
Aunque en todos los estados del País es el trámite con mayor prevalencia de corrupción, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Durango y Chiapas, tienen las mayores tasas de víctimas de corrupción por contacto con autoridades de seguridad pública, por encima de las 65 mil víctimas por cada 100 mil habitantes.
A nivel nacional, el porcentaje de la población que confía en la policía es del 33.5 por ciento, siendo Quintana Roo, Puebla y Estado de México las entidades con los menores porcentajes de confianza, por debajo del 26 por ciento.
La ENCIG también arroja que menos de la mitad de la población adulta -el 46.1 por ciento- refirió que la policía de su ciudad tuvo disposición para ayudarle, y solo el 30.2 por ciento considera que contribuye a generar sensación de seguridad, siendo Guerrero el de menor porcentaje para ambos casos. Además, únicamente el 26.2 por ciento está satisfecha con el servicio que le brinda.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, la Policía Preventiva Municipal tiene de los niveles de confianza más bajos en instituciones de seguridad pública, del 52.8 por ciento, y es de las autoridades donde mayor proporción de la población -el 67.9 por ciento- percibe corrupción.
