No logra comprenderse, y por ende no logra permear entre la población el discurso de un sector de la sociedad, acerca de la militarización en nuestro país. Existen tres vertientes excluyentes entre sí mismas con las que se critica y busca atacar al Gobierno Federal.
Por un lado, buscan hacer creer que el gobierno del presidente López Obrador sostiene una especie de alianza o pacto mafioso con los grupos criminales. Esta narrativa deriva de los deplorables resultados electorales de la Alianza Va por México, en las más recientes elecciones. Para justificar las derrotas y las pérdidas de gobiernos estatales, los liderazgos aliancistas y sus comunicadores buscaron que la ciudadanía creyera que el narco intervino en favor de los candidatos de Morena. Ante semejante falacia, resultaría incomprensible que se buscara militarizar el país, ¿cuál sería la finalidad de ello? De existir el supuesto pacto gobierno-cárteles, saldría innecesario asumir el costo político de mantener al ejército en las calles.
Por otra parte, si bien la actual estrategia de seguridad es perfectible y no ha cumplido a cabalidad con la promesa de pacificar el país, no se puede simplificar a que el actual gobierno abraza y acusa con sus madres a los criminales. Resulta contradictorio, por decir lo menos, el tratar de banalizar la política en materia de seguridad pública y el trabajo propio de las fuerzas del orden, mientras que al mismo tiempo se vocifera la militarización de nuestra nación.
La peor de las vertientes es la que sostiene que López Obrador tiene como máximo objetivo, establecer una dictadura transexenal por lo que necesita la militarización del país. Según estas voces, la militarización responde a los deseos de poder del presidente y a su constante ataque de nuestra democracia.
Para estos personajes, estamos en una etapa de abrazos militarizados, donde se abrazan a los criminales, mientras que al resto del país se le mantiene sujeto bajo un yugo militar. ¡Vaya despropósito!
Desde el comienzo del sexenio de López Obrador, surgió la necesidad de crear una institución como la Guardia Nacional, que sirviera para la pacificación del país a través del apoyo a las policías locales y estatales en las labores de seguridad pública e interior. La superioridad con la que cuentan diversos grupos criminales frente a las policías estatales y, en especial las locales, convirtieron en una necesidad de depurar la extinta Policía Federal, pues esta se había corrompido al grado de ser utilizada para favorecer determinados cárteles de la droga en la administración de Felipe Calderón Hinojosa y su mano derecha Genaro García Luna.
Suelen mezclarse y confundirse conceptos y nociones, ahora que el término militarización está en boca de propios y extraños. Debemos partir que la supuesta militarización tampoco tiene su origen en el presente sexenio. Ricardo Ravelo, especialista en temas de seguridad nacional y narcotráfico nos dice que la militarización de nuestras policías comenzó hace mucho tiempo. Desde el sexenio de Carlos Salinas vemos a militares llevar a cabo funciones civiles en la extinta Procuraduría General de la República. La creación de la Policía Federal Preventiva con Ernesto Zedillo fue un paso más de la incorporación de elementos castrenses en tareas de seguridad pública. Pero sin duda, sería la absurda guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón la que terminaría por sacar a los militares a nuestras calles. Frente al estado actual y la complejidad de la violencia criminal, resulta difícil pensar un pronto retorno de los elementos castrenses a sus cuárteles.
Para comprender la militarización, me gustaría mencionar lo que plantea Carlos A. Pérez Ricart acerca de como existen dos dimensiones para su comprehensión; militarización directa e indirecta. En lo que concierne a la militarización directa, Pérez Ricart nos dice que esta consiste en el despliegue de fuerzas militares en tareas de seguridad nacional y seguridad pública. El grado más extremo de un proceso de militarización se alcanzaría con la absorción definitiva de la policía por las fuerzas militares, algo que nunca se alcanzó, ni en las dictaduras de América Latina. Ahora bien, este mismo autor cita al Programa de Política de Drogas del CIDE que, en su Inventario de lo militarizado, dice que de 2006 a 2021, el Ejército ha absorbido al menos 234 tareas que correspondían a autoridades civiles.
En cuanto a la militarización indirecta, Pérez Ricart hace referencia a una paulatina adquisición de prácticas, estrategias, tácticas e insumos del ramo militar por parte de las instituciones de seguridad pública. Es aquí donde debemos centrarnos al hablar de militarización en México, desde mi opinión. Basta ver el incremento en el número de militares retirados que ocupan las direcciones y los secretariados de las dependencias de seguridad locales y estatales. Así mismo, en años recientes se han emulado tendencias importadas de nuestro país vecino, que buscan convertir a nuestras policías estatales y locales en copias fieles de sus contrapartes americanas. El problema de esto último reside en que cambia el enfoque de la prevención y disuasión del delito por la neutralización del “enemigo”. No podemos seguir bajo la lógica que los criminales son enemigos del Estado.
Para concluir, ¿era necesaria una Guardia Nacional? Por supuesto que sí. Si partimos del dato que nos plantea el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica elaborado por el gobierno de México, en el que se identifica que 650 municipios del país no cuentan con policía alguna, comprendemos la necesidad de crear una institución fuerte que pueda brindar seguridad y combatir a la criminalidad.
¿Deben regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles? De acuerdo con los estándares internacionales que dictan que un país o región debería tener como estándar mínimo, un total de 2.8 elementos de policías por cada mil habitantes, comprendemos que es necesario echar mano de las fuerzas armadas puesto que el más reciente indicador encontrado, refiere que en nuestro país contamos con 1.2 policías por cada mil habitantes, es decir tenemos un déficit de más de 100 mil policías para sólo cumplir con dicho estándar. Actualmente solo el Ejército y la Armada de México tiene la capacidad de combatir a los cárteles de la droga. Pedir su regreso a los cuárteles, bajo el argumento de que este gobierno incurre en una militarización es abandonar a la población a su suerte.
Autor: Diego Iñaki Fernández
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