José Reyes Doria
@jos_redo
El video del fusilamiento en San José de Gracia, Michoacán, alcanzó a sacudir la conciencia de una sociedad ya adormecida ante la resignada cotidianidad de la violencia criminal que, desde hace décadas, azota a México. La acción de los grupos criminales ha incluido estampas macabras, como la exhibición de cabezas o el colgamiento de cadáveres, enfrentamientos encarnizados de horas y hasta días de duración, exterminio de poblados y éxodos de localidades, grandes y pequeñas masacres, siembra de minas antipersonales, quemazón de personas, disolución de cadáveres en ácido. El caso de San José de Gracia incorpora tintes surrealistas o autoparódicos, pues a la brutalidad del acto se ha sumado la acción de lavar la escena del crimen, llevarse los cuerpos y restaurar la normalidad aparente.
A la espera de que se esclarezcan los hechos de San José de Gracia, la imagen del fusilamiento estremece, porque se trata de un acto sumario de ajusticiamiento donde los ejecutores buscan dotar de solemnidad y superioridad al bando dominante. No solo matar, sino poner en escena un poderío que permite recrear escenas propias de una guerra o una revolución. El despliegue del pelotón de fusilamiento, la limpieza posterior, el traslado de cadáveres, la parsimonia con que se llevaron a cabo, denota la confianza de los perpetradores en que no tendrán consecuencia alguna por parte de las autoridades del Estado; si acaso, le temen o se cuidan de la reacción de sus enemigos de los grupos criminales antagónicos.
San José de Gracia (el “Pueblo en Vilo” de la microhistoria de José Luis González y González) nos vuelve a plantear la cuestión de si estamos o no en guerra. Para muchos, México está en guerra desde hace 15 años. Una especie de guerra civil, sin banderas político-ideológicas, protagonizada por grupos criminales que involucra a policías locales y federales, fuerzas armadas, y en muchas ocasiones a civiles inocentes. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2022, esta guerra ha dejado 390 mil muertos, distribuidos de la siguiente manera: 121 mil asesinatos en el sexenio de Felipe Calderón, 156 mil con Enrique Peña Nieto y 113 mil en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ponemos la fecha de diciembre de 2006, porque entonces Felipe Calderón lanzó al Ejército contra los grupos de la delincuencia organizada, en una campaña que el mismo Calderón denominó guerra.
La violencia criminal es uno de los problemas cruciales del México de nuestros días. El fusilamiento en San José de Gracia es un recordatorio de los daños catastróficos que le ha infligido al país. Ha corrompido policías municipales, estatales y federales; ha dislocado la economía y el tejido social en regiones enteras, ha penetrado la economía y el sistema financiero, ha intensificado el consumo y las adicciones de estupefacientes, ha involucrado a las fuerzas armadas en una dinámica altamente riesgosa de enfrentamientos armados, ha infiltrado y condicionado a los partidos políticos, entre otros muchos daños.
La pregunta es: ¿por qué ningún gobierno ha podido frenar la actividad y la violencia criminal? No digamos que la erradique, pues eso ni es posible ni sería una meta racional. Pero sí proponerse hacer una contención de los grupos criminales, de tal forma que el Estado pueda proteger las vidas, la integridad y los bienes de civiles inocentes, a las comunidades ocupadas, a empresarios, campesinos, gobiernos y a la sociedad en general. Esto, a la vez que se va avanzando en la reducción cuantitativa y cualitativa de la violencia. La respuesta a esta interrogante es clara y contundente: los gobiernos no han atinado a diagnosticar acertadamente el problema y a diseñar estrategias para enfrentar el desafío.
Además, las ambiciones políticas de los gobernantes impiden vislumbrar soluciones de Estado. Cuando Calderón lanzó la guerra, el país ya llevaba décadas sumido en la zozobra de la violencia (con Fox hubo más de 30 mil asesinatos, con Zedillo más de 40 mil), pero recordemos que uno de los móviles más visibles de Calderón fue ganar la legitimidad que no obtuvo en la elección de 2006. Se percibía débil e ilegítimo, por eso impulsó una verdadera locura que embarcó al país en una vorágine de muerte.
Peña Nieto pensó que no era necesario hacer nada, desmontar la guerra calderonista y dejar que los grupos criminales actuaran como antes de 2006, sin enfrentarlos directamente, esperando que con esa postura bajarán los actos de violencia de alto impacto. Desde luego, esta estrategia empataba con las ambiciones de Peña y su grupo de restaurar por muchos sexenios el dominio del priismo más depredador. El cálculo fue terriblemente fallido y su sexenio acabó con 35 mil asesinatos más que Calderón.
La estrategia de abrazos no balazos de López Obrador es similar a la inacción inicial de Peña Nieto. Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno de AMLO ha planteado la estrategia de atacar las causas estructurales de la violencia. Una de esas causas es la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades de los jóvenes y de las comunidades pobres, ya que al carecer de un futuro digno son presa fácil del reclutamiento de los grupos criminales, reproduciendo así la espiral infinita de muerte y violencia. Con su política social de transferencia de apoyos en efectivo a grandes masas de personas empobrecidas, piensa AMLO, se le restarán bases sociales y milicianos al crimen organizado.
Es evidente que no ha funcionado la estrategia de AMLO, o al menos requiere décadas para comenzar a ver algunos efectos positivos. Mientras tanto, es urgente que implemente mecanismos de contención de las bandas de la delincuencia organizada, que cotidianamente protagonizan agresiones masacres y, ya lo vimos, hasta la exhibición de fusilamientos. De otro modo, el sexenio de López Obrador no solo le fallará a la sociedad, sino que terminará inexorablemente con un saldo de alrededor de 200 mil asesinatos, casi el doble que Calderón.
Finalmente, y lo saben los gobiernos, no se cuenta con recursos suficientes a fin de emprender una verdadera estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada y garantizar seguridad e integridad a la población. Se requiere destinar cantidades significativas de recursos públicos a los rubros de seguridad, desde inteligencia hasta cuerpos policíacos. Simplemente un dato que ilustra esto: un diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de los estados realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, determina que México necesita el doble de policías locales, que hoy apenas suman 123 mil entre todos los estados y municipios. Si se forman y contratan esos policías faltantes, apenas nos acercaríamos al índice de 1.8 policías por mil habitantes que recomienda la ONU como mínimo.
Pero eso cuesta un dineral. Y solo es un rubro donde se requiere invertir para garantizar la seguridad de la población. Ningún gobierno está dispuesto a quitar recursos a sus proyectos y prioridades emblemáticas para destinarlo a la seguridad. Pero las cosas tienen que cambiar, porque la violencia criminal y el poder cada vez más desafiante que acumulan los grupos de la delincuencia organizada, constituyen una seria amenaza a la estabilidad del país y a la soberanía (por aquello del monopolio de la violencia).
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