35.3 millones en México trabajan sin salario suficiente y/o sin seguridad social (nota de SinEmbargo)

Según el reporte, la pandemia de COVID-19 sólo agravó una situación que ya era insostenible. Las cifras señalan que la pobreza en el país aumentó en 12 millones de personas, 3 millones más se quedaron sin empleo, 2.6 millones de personas quedaron subocupadas, y se perdieron 2.33 millones de trabajos que tenían ingreso suficiente, es decir, salarios por arriba del costo de la canasta familiar.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– Menos de una quinta parte de la población ocupada en México tiene un trabajo digno -es decir, aquel cuenta con salario suficiente para adquirir dos canastas básicas y acceso a la seguridad social-, lo que representa un total de 9 millones de personas. En cambio, 35.3 millones de personas trabajan sin alcanzar un salario suficiente y/o ingresar a la seguridad social, reportó la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

De acuerdo con el informe más reciente del organismo, titulado “Semáforo de Trabajo Digno”, solamente 2 millones 526 mil personas que residen en la región centro del país, un 10 por ciento, tienen trabajo digno. La región centro del país concentra a más de 20 millones de personas en edad y en condiciones de trabajar.

“El círculo vicioso se inicia con la escasa capacidad del sistema para generar empleos formales con salario suficiente y seguridad social. Sin contar a estudiantes, pensionados y personas con impedimentos graves, México tiene una población de casi 75 millones de personas en edad y condiciones de trabajar, pero solo están ocupados 50 millones. Cada año hay un déficit de cerca de 700 mil empleos”, se lee en el documento.

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También expuso que a nivel nacional, 24.6 millones de personas quedan fuera del mercado laboral por desempleo o por estar impedidas de buscar trabajo remunerado por sus quehaceres de cuidados o del hogar. En esta última causa, el 95 por ciento son mujeres.

En ese sentido, argumentó que un nuevo paradigma laboral debe contemplar la creación -con presupuesto propio- de un sistema nacional de cuidados que atienda las necesidades de niñas y niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad, con el cual se facilite que “millones de mujeres dediquen su tiempo a lo que prefieran, entre otras, al empleo remunerado, al trabajo digno”.

La organización añadió que con este “semáforo” se pretende contribuir al debate nacional sobre la urgencia de poner los derechos laborales en el centro del modelo económico, a partir de un conjunto de propuestas escalonadas de mediano y largo plazo.

Por ello, expuso que la ruta para lograr mejores derechos laborales parte del aumento al salario mínimo hasta fijarlo por arriba del costo de dos canastas básicas, las cuales se situarían en un costo de 7 mil pesos mensuales, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Acelerar la puesta en práctica de la reforma laboral para favorecer la elección democrática de líderes sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores, la legitimación de los contratos colectivos y la erradicación del outsourcing abusivo; fortalecer el apoyo a la capacitación y empleo de los jóvenes; promover la adopción voluntaria de nuevos estándares laborales en las empresas”, recalcó la ACFP en su comunicado.

El proceso de medio plazo, continuó, se deben eliminar los incentivos a la informalidad y establecer el trabajo digno como única forma legal de contratación. También se debe superar la dependencia del derecho a la salud a las prestaciones laborales para que cambie de raíz el modelo excluyente de seguridad social con el que hoy cuenta México.

“El dato de la situación nacional y regional del trabajo digno, es una parte importante de la fotografía de la realidad nacional, porque incide en la falta de crecimiento de la economía, limita la dimensión del mercado interno, reduce la capacidad recaudatoria fiscal, y, sobre todo, porque representa un caso extremo de violación de derechos humanos que genera más pobreza y desigualdad en el país”, insistió.

La ACFP destacó que los problemas en temas laborales vienen de que los salarios fueron frenados desde finales del siglo pasado, se permitió la subcontratación abusiva y el sindicalismo corrupto o de protección patronal, además de la adopción de un esquema de seguridad social que encadena el acceso al derecho a la salud a las prestaciones laborales, encareciéndolas y excluyendo a la mayor parte de la población.

“El resultado es que ahora, jóvenes y mujeres estudian más pero no consiguen trabajo, y quienes saltan la barrera del desempleo, trabajan pero en condiciones precarias. Se ignora que la salud y el trabajo son derechos constitucionales, exigibles por tanto”, finalizó.

Este contenido es publicado por julioastillero.com con autorización expresa de SinEmbargo. Prohibida su reproducción. Puedes ver el contenido original haciendo click aquí: https://www.sinembargo.mx/13-07-2021/4000607
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