El miércoles 8 de enero de 1868, El Siglo XIX publicó la “Crónica Parlamentaria” que escribió Pantaleón Tovar sobre la sesión de la Cámara de Diputados del día anterior (martes 7). La puedes consultar en el sitio www de la Hemeroteca Nacional. Aparece en las páginas 2 y 3. El director del diario era el diputado federal Francisco Zarco –constituyente aguerrido y defensor de las nuevas instituciones republicanas. La crónica de ese día es relevante para nosotros aunque hoy parezca muy lejana.
Se debatía si el Congreso de la Unión debía otorgar o denegar licencia a uno de sus diputados, Sebastián Lerdo de Tejada. Al diputado Lerdo lo había nominado el presidente Juárez para ser secretario de Gobernación y Relaciones Exteriores (las dos carteras estaban unidas en ese tiempo). El problema es que Lerdo había quedado como segundo lugar en la elección presidencial (debajo de Juárez y arriba de Díaz); pero había obtenido mayoría de votos para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sí, lectora, en aquéllos días también elegíamos democráticamente a los ministros). Aparte, Lerdo había ganado su distrito como legislador.
Un lector superficial pensaría que Lerdo era muy popular. En realidad era un político-burócrata que se había vuelto indispensable para el Partido Liberal –que en aquellos primeros años de la República Restaurada era prácticamente el único. Empezaba el legendario decenio liberal mexicano que la pluma de Cosío Villegas consagró como nuestro ideal de democracia y libertad; pero, como siempre, las cosas son más complicadas. Lerdo era repudiado por muchos y estuvo a punto de que el congreso unicameral (en aquel 1868 no había Senado) le denegase la licencia.
El diputado veracruzano José María Mata inició el debate del día 7 de enero de 1868 señalando que aunque el presidente era libre de formar su gabinete, al nominar a Lerdo se olvidaba de las muchas acusaciones que había en contra de éste por violentar la Constitución. Acusación injusta, pues en 1863 el Congreso había concedido a la Presidencia facultades extraordinarias para enfrentar la invasión extranjera, lo que necesariamente implicaba romper el marco constitucional ordinario. La mayoría de las “faltas” que mencionó Mata se ubicaban precisamente en el periodo de “dictadura constitucional” –es decir, durante la guerra contra el Imperio. Pero Mata y los demás opositores a Lerdo tenían un punto fuerte: Si el periodo de emergencia ya había terminado, ¿para qué encargar el despacho de gobernación/relaciones a la misma persona? El mensaje político que se mandaba ¿era que seguiría la misma tendencia pero en tiempos de paz? Mata agregó que de facto ese secretario ejercía “funciones de gefe de gabinete” y Lerdo, que las había ejercido por ya cinco años, podía ser considerado “el alma y la inteligencia directora del ejecutivo”. Aceptar la licencia equivalía a sancionar/aprobar esa línea de política general del presidente. De allí la oposición a concederla.
Quienes se oponían a Lerdo estaban formando una oposición parlamentaria en contra del gobierno constitucional de Juárez. En contra de aprobar la licencia de Lerdo habló también Manuel María de Zamacona. Inició diciendo que “la cuestión que va á ocuparnos es repugnante y odiosa como todas las que se refieren a personas determinadas” y aclaró que la oposición constitucionalista desearía quedarse muda, pero que no puede porque hay una “cuestión de principios”. Asume que han de perder el voto, pero insistió en su argumentación: no era bueno que el ministro que debió restringir garantías para salvar la República siguiese en su puesto una vez restauradas libertades constitucionales.
¿Qué tiene que ver ese viejo debate con nosotros? Mucho, pues apenas hemos restaurado por segunda vez, la República. Luego de décadas del viejo régimen autoritario y de su hipócrita sucesor neoliberal, la ciudadanía al fín tiene otra vez los controles de todas las palancas republicanas. Lo que Mata y Zamacona hacían con Lerdo era evaluar con dureza el actuar de una persona pública. Y correctamente cuestionaban –a la luz de la experiencia concreta– la pertinencia de su nominación.
Por suerte, en esta segunda restauración de la República no hemos tenido que fusilar a ningún archiduque ni apartar de los negocios públicos a ningún partido. Pero precisamente por ello es que nuestros cuestionamientos a las figuras públicas deben ser más duros.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos recordó que hace doce años, en 2010, el poder ejecutivo mandado por Calderón montó una operación de Estado para asegurar que su informe sobre el Caso de la Guardería ABC fuese rechazado por nuestro máximo tribunal. No era la primera vez que el ministro Zaldívar refería el hecho, pero ha causado un tremendo escándalo porque una de las personas beneficiarias de aquella operación de Estado, Margarita Zavala Gómez del Campo, es ahora diputada federal y pretende contender nuevamente por la primera magistratura en 2024.
JulioAstillero buscó y obtuvo una entrevista con quien encabezó la operación de Estado, Fernando Gómez-Mont Urueta. (Liga 1.) El exsecretario de Gobernación de Calderón confirmó que efectivamente acudió a la sede de la Corte para discutir el Caso ABC. Aquí seguiré lo declarado por el exfuncionario panista: acudió a la Corte porque el ministro Zaldívar le avisó que estaba listo su proyecto de informe y que el mismo estaba “encaminado a establecer una responsabilidad de los mandos centralizados en el país por una tragedia debida a la imprudencia ocupada en una zona del norte del país”. Gómez-Mont se dijo sorprendido por esa pretensión, explicando a JulioAstillero que cuestionó a Zaldívar “bajo qué lógica, cómo podría vincular la responsabilidad administrativa, civil y penal de hechos sucedidos en Sonora a personas que normalmente estaban trabajando en la ciudad de México… cuando se trataba –sobre todo– de un lamentabilísimo accidente pero de un acto imprudencial grave, ¡gravísimamente imprudencial!…” (9:30-10:30)
De acuerdo a Gómez-Mont, Zaldívar argumentó que había tal desorden generalizado en la Administración que debía elevarse la responsabilidad hasta los mandos centrales, porque la incapacidad para prevenir el accidente se debía a una mala organización administrativa. Nos dice el exsecretario: “—¡Imagínate si ese criterio…! Primero, ¡¿cuándo decides que hay un orden administrativo adecuado o un desorden administrativo generalizado?! ¡El criterio es caprichoso! Es a la vista de quién decida qué. … [El criterio] alejaba la responsabilidad de quien puede evitar el daño para escalarla, morbosamente, a la autoridad superior” (11:10).
Y, creyendo cerrar con broche de oro su argumentación, Gómez-Mont nos ejemplifica: “Es como si un policía llega y agarra a macanazos a una persona en la calle y tiene que responder el Presidente de la República por una violación de derechos humanos.” Según el exsecretario esto está mal, porque “el policía responde el abuso que hace y todos los policías ven que el policía responde del abuso que hace y entonces evitan cometerlo. ¡Así funcionan los sistemas normativos en el mundo!” (11:20-11:50)
Y así, digo yo, se sostiene la impunidad de quien mandó a los policías reprimir al pueblo en la calles. Son de sobra conocidas las prácticas de designar un “pagador” menor por las faltas de la “Superioridad”. Y sí, así funcionan los sistemas normativos –y por eso es que las y los abogados tenemos tan mala fama.
Regresemos, lectora, a 1868. La oposición constitucionalista a Juárez, formada por los liberales más radicales, no estaba de acuerdo con ciertas tendencias ya visibles en el gabinete de guerra y por ello no deseaban que este se reprodujese de inmediato o automáticamente en nueva Administración constitucional. A Zamacona le preocupaba que “la nación, llena de gratitud hacia el depositario del poder supremo y hácia sus consejeros, y cegada con su prestigio y con su gloria, obedeciese y se prestase á que el primer uso de victoria sobre Francia fuese una violación de nuestras instituciones.” Más interesante aún, Zamacona señaló que, a la llegada del benemérito, él mismo envió a su “hija primogénita [notar que le reconoce a la mujer ese rango] con una corona para ponerla en su frente”. Pero él, el liberal que reconoce al líder-héroe, también sabe del peligro que significa “el fanatismo sincero de la gratitud nacional” alimentado por “el prestigio de los triunfos recientes”. Zamacona cerró su discurso diciendo que los resultados de la elección demostraban que el pueblo, aún agradecido con el liderazgo juarista, “había reconocido que sobre ese ídolo visible había hay otra cosa más grande aunque invisible, que es la ley.”
Si así de duro era el liberal radical con el salvador de la República, nosotros debemos ser así de exigentes con aquellos que, como Calderón y Gómez-Mont, presionaron al máximo tribunal para que este no escalase morbosamente la responsabilidad hasta el supremo poder ejecutivo (morboso sic del exfuncionario espantado en su impunidad). El mismo Gómez-Mont reconoce que no sólo él, sino muchos otros funcionarios acudieron a hablar no sólo con Zaldívar sino con todos los ministros. Y se jacta de haber logrado que sólo tres de los once integrantes de la Corte votasen a favor del informe Zaldívar de 2010. Y luego, cínicamente, sugiere que Margarita Zavala siempre estuvo lista para reparar injusticias… como si se tratase de una “hermana de la caridad”.
No. Zavala era, y es, una persona política que debe hacerse cargo responsablemente de sus actos y omisiones. Por eso la estamos discutiendo diez años después. Gómez-Mont le dice a Zaldívar: “—¡ya supéralo!” Nosotras le contestamos: en esta República restaurada seguiremos discutiendo este y otros casos. La Superioridad siempre es responsable del buen o mal gobierno, del caos y del orden administrativos. Por eso digo que Zarco estaría contento de nosotros.
Liga usada en este texto:
Liga 1:
https://youtu.be/1rIRvVIuFRs
