La disputa por el control territorial entre catorce grupos delictivos provoca un aumento de violencia en la región
Anel Rangel | Quinto Poder
En un escenario marcado por la violencia, Veracruz se convierte en el epicentro de una sangrienta batalla entre catorce cárteles del crimen organizado. Mientras las autoridades reconocen la presencia de apenas cinco a siete grupos delictivos, la realidad refleja una situación mucho más alarmante, con informes que revelan la existencia de hasta catorce organizaciones en pugna. La lucha por el control territorial se ha traducido en actos sin precedentes, donde ejecuciones, desapariciones y fosas clandestinas son hechos del día a día.
Entre los grupos identificados se encuentran Sangre Nueva Zeta, Mando Sur Gente Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la banda del Bukanas y Zetas Vieja Escuela, según un informe del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). También se destacan Los Piña, el Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Los Zetas, Grupo Sombra y Los Ántrax, junto con el Cártel del Siglo y Cárteles Unidos. Además, se ha detectado la presencia de miembros del Cártel de Sinaloa en la región.
Territorio en guerra: La violencia desatada
En la región de Pánuco, el Grupo Sombra ha declarado una guerra abierta contra las células del Cártel de Jalisco y los Zetas. Estas organizaciones mantenían un dominio criminal en la zona, controlando el tráfico de drogas, el cobro de extorsiones en locales nocturnos y el negocio del tráfico de migrantes. En los municipios de Tuxpan, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Cazones y Papantla, las confrontaciones han dejado un rastro de muerte, desapariciones y fosas clandestinas.
El reclutamiento de jóvenes para cometer actos violentos agrava aún más la situación, como lo demuestran las masacres recientes en Tuxpan, con al menos 15 víctimas en dos eventos distintos entre enero y febrero del presente año. En un incidente ocurrido el 18 de marzo en Cazones, los sicarios actuaron impunemente en plena luz del día.
En esta región, la lucha se centra en el control del robo de combustible, extorsiones, tráfico de drogas y migrantes. La violencia desenfrenada ha dejado al menos trece fosas clandestinas, la mayoría en el municipio de Tihuatlán, donde los enfrentamientos entre los grupos delictivos son implacables.
Se rumorea que los delincuentes han formado una alianza para expulsar de la región norte a la célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderada por un individuo conocido como “El Coco”, a quien se le atribuyen varias masacres en Poza Rica y Tuxpan. Esta alianza incluye al Grupo Sombra y Los Tercios, quienes se han unido con una tercera organización conocida como Fuerzas Especiales Grupo Sombra.
En la zona de Martínez de la Torre-Tlapacoyan, las células del Cártel de Jalisco mantienen bajo amenaza a los agricultores y ganaderos locales, exigiendo pagos de “protección” para evitar secuestros. El cobro de extorsiones en bares y la venta de drogas al menudeo son parte de las actividades delictivas en la región, donde también operan otros grupos con precaución, según fuentes policiales.
La región Córdoba-Orizaba-Acultzingo es otro escenario de conflicto, donde el grupo Sangre Nueva Zeta, liderado anteriormente por un individuo conocido como Mamer y luego por un nuevo líder apodado El Choco, se ha unido al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este grupo se encarga del robo de combustible, tráfico de armas y drogas, mientras que otras células de Los Zetas controlan las extorsiones y el cobro de piso.
Además, los delincuentes han encontrado una nueva fuente de ingresos en el negocio de las grúas, utilizando su poder para intimidar y extorsionar a los automovilistas con la complicidad de funcionarios de tránsito. Este ilícito ha involucrado incluso a funcionarios de las fiscalías regionales, que retienen vehículos durante largos períodos sin liberarlos y, en ocasiones, los desmantelan sin ofrecer compensación a los propietarios.
El alcance de la delincuencia no se limita a las áreas urbanas, sino que se extiende incluso a las zonas rurales, donde se han reportado intentos de reclutar campesinos para el cultivo de drogas ilícitas. Además, se ha denunciado la presión de grupos delictivos sobre alcaldes, como los casos de Lorena Sánchez en Sayula de Alemán y Rosalba Rodríguez en Acayucan, quienes fueron forzadas a ceder el control administrativo y financiero de sus municipios.
El gobierno estatal ha respondido con medidas enérgicas, pero la situación sigue siendo alarmante. A medida que la violencia se intensifica y la corrupción permea la administración pública, los ciudadanos de Veracruz se enfrentan a una realidad desgarradora, marcada por la impunidad y el temor constante. En medio de este caos, queda claro que se necesita un esfuerzo coordinado y decidido para restaurar la paz y la seguridad en la región.

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