[VIDEO] Pide AMLO a Fiscalía de la República atender denuncia de POPLab por espionaje (nota de POPLab)

Arnoldo Cuéllar, periodista de POPLab. Foto: Captura de pantalla.

Por: POPLab

Exhorta el presidente al gobierno de Guanajuato a revisar la permanencia de Carlos Zamarripa como fiscal estatal: “Los cambios son necesarios. Imagínense que alguien se sienta intocable”

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que atienda la denuncia de integrantes del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, POPLab, por la presunta intervención de sus comunicaciones por elementos de la Fiscalía de Guanajuato.

El periodista Arnoldo Cuéllar, integrante de POPLab, expuso en la conferencia matutina de este viernes que la delegación local de la Fiscalía General de la República declinó abordar dicha denuncia por “no ser competencia federal” y turnada a la misma fiscalía estatal que habría cometido el delito, acoso que se habría incrementado durante la investigación “Carlos Zamarripa, el caudillo de la justicia mexicana“, que POPLab realizó en colaboración con Connectas, plataforma periodística para las Américas.

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Ese reportaje arrojó datos como que cuando Zamarripa tomó el cargo de procurador en 2009, cuando Guanajuato tenía una tasa de 4 homicidios por cada 100 mil habitantes, el año pasado, la entidad cerró con una tasa de más de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Foto: Captura de pantalla.

Al respecto de la denuncia de POPLab, que ha sido retomada por el gremio periodístico, activistas y personas defensoras de derechos humanos, el Presidente pidió a la FGR “respetando su autonomía”, que revise lo que corresponde al fuero federal.

El exhorto presidencial sobre el caso alcanzó a las autoridades de Guanajuato, ante los niveles de inseguridad que presenta la entidad. Tan solo ayer, jueves 15 de julio, 10 de los 86 homicidios dolosos que presentó el país, ocurrieron en Guanajuato. “Peso eso es todos los días”.

López Obrador llamó a las autoridades de Guanajuato a renovarse. “Cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay frontera entre delincuencia y autoridad, no se avanza”, y puso de ejemplo a Veracruz, que tuvo un fiscal que permaneció muchos años en el puesto y apenas se relevó, comenzó a bajar la criminalidad. Veracruz registró ayer 1 homicidio doloso.

Sobre Carlos Zamarripa Aguirre, el fiscal estatal que lleva 12 años en el puesto y le faltan siete más, “Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubieran corrido, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde de por medio la vida de la gente”.

Todo esto, de eternizar a funcionarios públicos en ciertos puestos, “lo crearon para afianzar la impunidad”.

“El gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo (…) no es una invención, es un asunto de juicio práctico, ahí están los datos. Hemos hecho muchísimas cosas, ayudando pero estamos hablando de homicidios, delitos del fuero común”.

“Ojalá el gobernador -Diego Sinhue Rodríguez Vallejo- actúe y tome decisiones” sobre la permanencia del fiscal en Guanajuato.

Foto: Captura de pantalla.

Cuestión de complicidades

“Hemos encontrado una constante y usted también la ha mencionado: la complicidad que está generándose entre funcionarios que tienen mucho tiempo ahí, entre políticos y un fiscal que ya tiene 12 años” en el puesto, expuso Arnoldo Cuéllar, periodista y analista político.

“Hemos sido espiados, han sido intervenidas nuestras investigaciones. Estamos en riesgo, Presidente”, aunque se han usado las vías correctas para para visibilizar la situación, presentando las denuncias correspondientes ante la FGR, “hasta el momento no han sido escuchadas”.

Dicha instancia federal declinó investigar este presunto delito y lo derivó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, “al que creemos que nos espía”, al investigar una posible razón, POPLab encontró que en Guanajuato hay un encargado de despacho en la oficina local de la FGR y el coordinador general de delegados de esta instancia es Germán Castillo Banuet es un funcionario que está en su puesto desde la época del General Rafael Macedo de la Concha -procurador general de la República entre de 2000 a 2005-la época de desafuero del propio López Obrador.

“¿Puede ser viable el combate a la inmoralidad pública, a la corrupción, cuando alguna de estas instancias que aunque sean autónomas deberían estar investidas de un nuevo espíritu conservan allí funcionarios de algunos de los regímenes más nefastos de este país”.

También, explicó que el espionaje perpetrado contra sus comunicaciones privadas se originó en Nuevo León. Ese estado y Guanajuato tienen la misma empresa de servicios de seguridad: Seguritech, que instaló en la entidad gobernada entonces por Miguel Márquez, el programa Escudo: un convenio para una red de videovigilancia y arcos carreteros que costó más de 3 mil millones de pesos, “que no sirvieron de mucho, viendo los resultados”.

Cuéllar pidió a López Obrador se regule o se garantice que dichas empresas de seguridad no realicen espionaje por encargo de gobiernos.

Investigaciones, necesarias

López Obrador opinó al respecto de la denuncia de POPLab que deben renovarse las instituciones de justicia en Guanajuato, “ese es el propósito también, de estas conferencias, que todos sepamos con claridad, con objetividad qué está sucediendo en el país y que se asuman las responsabilidades”.

Respecto a las cifras delictivas, dijo que “Es evidente que no hay buenos resultados. No es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador”, ahora fiscal, de esa entidad.

Fue cuando mencionó que si fuera gerente, ya lo habrían corrido.

“Los cambios son necesarios. Imagínense que alguien se siente intocable, absoluto, que pueda durar en el cargo 19 años y que no lo puedan mover, legalmente”. De ahí su iniciativa sobre desafuero.

Sobre los niveles de homicidios dolosos, un delito del fuero común, el Presidente señaló que las investigaciones corren a cargo de las fiscalías estatales, quienes deben solicitan las órdenes de aprehensión, “Hay mucho problema, no vincular la delincuencia a los procesos electorales, no querer controlar políticamente mediante alianzas con la delincuencia”.

Foto: Captura de pantalla.

Agregó también que por este tipo de casos es que procede su iniciativa de Revocación de mandato, cuya consulta se realizará en abril próximo.

A las peticiones del periodista de Guanajuato para que se investigue el presunto espionaje por autoridades competentes, Andrés Manuel López Obrador respondió que solicitará al fiscal general Alejandro Gertz que actúe en este caso.

A ustedes, “todo el apoyo, toda la protección, todo lo que ustedes necesiten para seguir haciendo su trabajo de investigación con absoluta libertad”, concluyó.

Con citas legales equivocadas y en menos de 4 horas, FGR en Guanajuato turna caso de espionaje periodístico a la fiscalía estatal

Aunque la denuncia presentada por el periodista Arnoldo Cuéllar se envió al MP del fuero común el mismo día que se presentó, fue 12 días después que se tuvo acceso al documento

Doce días después de que fue presentada una denuncia por intervención ilegal en comunicaciones privadas por parte del periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas y a petición expresa de su representante jurídico, el abogado Roberto Saucedo Pimentel, la delegación de la Fiscalía Federal de la República compartió el oficio mediante el cual turnaron el caso a la Fiscalía General del Estado en la misma fecha que fue presentada, el dos de julio, tres horas y 47 minutos después de que fue aceptada por la dependencia federal.

La rapidez para declinar el caso no fue seguida de la misma velocidad para informar al denunciante y presunta víctima de un delito relacionado con su trabajo como comunicador.

El agente del ministerio público federal argumenta como razones para turnar el caso al agente del fuero común que “se advierte que tanto la víctima como los sujetos a los que se les atribuye la posible comisión de los hechos posiblemente constitutivos de delito, no son funcionarios de carácter federal y en ejercicio de estas, de ahí que la competencia en la investigación y prosecución de lo denunciado es a cargo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado”.

Las prisas del agente José Alberto Peralta Correa para enviar la denuncia del periodista a la fiscalía del estado, pese a ser señalado como posible responsable de la intrusión a las comunicaciones, se evidencian en los fundamentos jurídicos utilizados: el oficio asegura que no se actualiza ninguno de los “supuestos normativos a los que se refiere el artículo 50 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”. Sin embargo, dicho artículo 50 de la ley vigente citada no se encuentra dividido en fracciones.

El agente Peralta cita también el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción II, que solo señala: “Cuando el hecho punible sea del orden federal, conocerán los Órganos jurisdiccionales federales”.

Sin embargo, ignora el artículo 21 que habla expresamente de la facultad de atracción sobre los delitos cometidos contra la libertad de expresión y, en sus primeras dos fracciones, establece expresamente que los órganos jurisdiccionales federales tendrán competencia en casos en los que “existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal”; o bien si en “la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal”.

La falta de notificación oportuna al denunciante ha sido considerada por éste y sus asesores como una flagrante denegación del acceso a la justicia, además de no cumplirse con procedimientos como el ofrecimiento de asesoría legal, asistencia médica o sicológica e información sobre los derechos con que se cuenta.

El oficio mediante el cual se turnó al Ministerio Público del estado, además de la rúbrica del licenciado José Alberto Peralta Correa, tiene el visto bueno del licenciado David Ernesto Torres Trujillo, fiscal en jefe en turno en la sede Guanajuato en la fecha de la denuncia y del mismo se envía copia al licenciado David Eugenio Carmona Álvarez, encargado de despacho de la delegación de la FGR en el estado de Guanajuato.

El 14 de julio, doce días después de haber sido tomada la decisión de declinar la competencia y turnarla al estado, y solo a reclamo expreso de los demandantes, se entregó copia del escrito de referencia.

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