Baptista consideró que “el gran potencial del Politécnico no está aprovechado en la 4T”; por su parte, Federico Anaya-Gallardo defendió que la comunidad universitaria sea la que tenga prioridad al proponer cualquier modificación legal
Francisco Félix | julioastillero.com
Luego de la propuesta presentada por el Congreso de Hidalgo para realizar modificaciones a la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), uno de los promoventes, el exdiputado local de Morena, Ricardo Baptista, debatió al respecto con Federico Anaya-Gallardo, abogado general de la institución, en un ejercicio conducido por Julio Hernández en el programa Astillero Informa.
El exlegislador comentó que la propuesta se originó en un grupo de académicos pertenecientes a la comunidad del Politécnico, quienes argumentaron la necesidad de darle personalidad jurídica y patrimonio propio con un marco jurídico moderno y actualizado, en el que se resuelvan situaciones como la ausencia de “acta de nacimiento” del Instituto, así como tener todos los activos a nombre del IPN, pues señaló que, en la actualidad, una parte de ellos no lo están.
Por su parte, el abogado Anaya-Gallardo estuvo en desacuerdo con la afirmación de que no existe un “acta de nacimiento” del IPN. Respecto a su personalidad jurídica, comentó que ésta existe desde los años cuarenta y, en cuanto al patrimonio propio del Instituto, dijo que está reconocido en el artículo 6° de la ley vigente, que data de 1981. Consideró que, bajo el principio de la autonomía, reconocido desde hace varios años, es claro que las comunidades universitarias deben ser escuchadas antes de hacer cualquier modificación jurídica en las instituciones educativas.
El morenista señaló que “nadie es dueño de la verdad” e insistió en la necesidad de actualizar la ley y realizar el debate en el Congreso de la Unión. Manifestó que la propuesta “no implica modificar la autonomía” ni el carácter laboral de los profesores; tampoco privatizar ni cobrar colegiaturas. Señaló que “ese no es el espíritu” y que no se trata de una ocurrencia. Consideró que “el gran potencial del Politécnico no está aprovechado en la 4T”.
El abogado Anaya-Gallardo coincidió en que todas las normas deben ser revisadas, pero “la pregunta es quién debe hacerlo”, e insistió en que la comunidad universitaria del IPN es quien debe tener prioridad. Dio a conocer que este jueves, esa fue la posición unánime de los integrantes del Consejo Consultivo de la institución académica. Se dijo sorprendido de que la modernidad propuesta por los impulsores de la iniciativa “sea muy anticuada”. Como ejemplo de lo anterior señaló que la figura de la junta de gobierno que se propone fue propuesta por el rector de la UNAM en 1946.
El diputado Baptista señaló que quiso acercarse a la comunidad del IPN antes de presentar la iniciativa, por lo que buscó al director general, pero le recomendaron que se dirigiera al secretario general Juan Manuel Cantú Vázquez, y así lo intentó, sin éxito. Se dijo “en la mejor disposición de dialogar” y reiteró que no existe “ninguna motivación política” detrás de su propuesta, ni un intento por afectar a sindicatos ni a alumnos.
