Van por todo: EE.UU. busca confiscar bienes de Rocha Moya y altos funcionarios (nota de Miguel Vázquez en Quinto Poder)

El Departamento de Justicia de EE.UU. busca confiscar bienes, cuentas y propiedades de Rubén Rocha Moya y altos funcionarios de Sinaloa.

Miguel Vázquez | Quinto Poder

La ofensiva judicial lanzada desde Nueva York contra funcionarios de alto nivel en Sinaloa no se limita a posibles condenas penales.

El objetivo es más profundo: desmantelar por completo la estructura económica que, según la acusación, permitió operar y expandir a la facción criminal de “Los Chapitos”. En el centro de esta estrategia aparece el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, junto a una red de funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

EE.UU. activa decomisos: el dinero, el verdadero objetivo

El documento del Departamento de Justicia establece que todos los acusados deberán entregar cualquier bien que provenga —directa o indirectamente— de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

La acusación, presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, incluye a figuras de alto perfil político y administrativo. Entre ellos destacan el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega y el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra.

Estados Unidos no solo castigar a los implicados, sino recuperar cada activo que haya sido generado a partir de operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.

“Ganancias del fentanilo”: la ruta del dinero ilícito

El expediente judicial detalla que el Gran Jurado determinó la existencia de una red de beneficios económicos derivados de la protección institucional al grupo criminal. Bajo esta lógica, cualquier propiedad, cuenta o activo que haya facilitado estas operaciones también entra en la lista de bienes a decomisar.

Esto incluye desde propiedades hasta recursos utilizados para logística criminal, ampliando el alcance de la investigación más allá del dinero en efectivo.

La cláusula que cierra todas las salidas

Uno de los elementos más contundentes del caso es la llamada “disposición sobre bienes sustitutos“. Esta herramienta legal permite a las autoridades estadounidenses confiscar activos alternativos en caso de que los originales no puedan ser localizados.

En términos prácticos, esto significa que si los acusados ocultaron recursos, los transfirieron a terceros o los diluyeron, el gobierno de EE.UU. podrá incautar cualquier otro bien a su nombre hasta cubrir el monto total de las ganancias ilícitas.

La medida rompe una de las estrategias más comunes para evadir la justicia: el uso de prestanombres o la dispersión del patrimonio.

Sobornos sistemáticos: la base del caso

La magnitud del decomiso se sostiene en una red de pagos ilegales documentados. Según la acusación, funcionarios clave recibían sobornos mensuales que iban desde los 5,450 hasta más de 100 mil dólares.

Estos pagos habrían garantizado protección, filtración de información y condiciones operativas favorables para el cártel. La investigación busca ahora revertir ese flujo económico y recuperar los recursos que alimentaron esta estructura.

El proceso no se limita al dinero. La acusación también exige la entrega de armamento utilizado en las operaciones criminales, incluyendo fusiles de alto calibre, lanzagranadas y vehículos blindados.

El expediente señala que estos recursos formaban parte del aparato de protección del grupo criminal, lo que los convierte en evidencia clave y en objetivos directos de incautación.

En un caso particular, el de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la orden incluye todos los bienes derivados de delitos como secuestro con resultado de muerte, ampliando aún más el alcance de las sanciones.

Crisis política en Sinaloa: relevo en medio del escándalo

Mientras el proceso judicial avanza en Estados Unidos, en Sinaloa ya se sienten sus efectos. La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya detonó un movimiento institucional inmediato.

El Congreso estatal designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, en un intento por mantener la estabilidad política en medio de un escenario marcado por acusaciones internacionales.