La alianza “Va x México” pidió de manera formal que el presidente de la Mesa Directiva presente la demanda contra el acuerdo presidencial el 22 de noviembre de 2021.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Los grupos parlamentarios de Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la coalición “Va por México“, solicitaron a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), promover la demanda de controversia constitucional contra el llamado “decretazo“.
La alianza opositora pidió al presidente de la Mesa Directiva realizar el trámite correspondiente a nombre de la Cámara de Diputados en respuesta al acuerdo del Gobierno federal, publicado el 22 de noviembre del 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a su cargo asociados a infraestructura.
Este decreto presidencial permitiría a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal autorizar permisos o licencias provisionales, “de manera fast track” en un plazo máximo de cinco días hábiles para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno de México , con una vigencia de 12 meses en los que se deberán obtener las autorizaciones definitivas.
En un comunicado conjunto, los coordinadores de las bancadas, Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa Cházaro, consideraron que este acuerdo es inconstitucional, pues “carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción” para todo lo que determina el Gobierno actual.
“Las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales”, señala el documento, además, acusaron que este decreto se obtuvo para cumplir los requisitos establecidos y así tener licencias permisos o concesiones que requieran y sean catalogados “por simple enunciación presidencial como prioritarios y de seguridad nacional”.
La alianza también advirtió que “se creó una figura no prevista en la ley”, la cual vulnera el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgarán si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental ni social de los proyectos con autorizaciones provisionales.
Las fracciones parlamentarias señalaron que blindar las obras estaría alentando la “opacidad” al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional, pues la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, ya que “no es legal ni constitucional que el Ejecutivo federal cree excepciones mediante acuerdos unilaterales y sin fundamento legal”.
Por último, sostuvieron que viola las atribuciones del Poder Legislativo al instruir que se realicen acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución mexicana, así como las leyes federales y generales que fueron votadas y aprobadas, quebrantando el principio de división de poderes. El plazo de presentación de la demanda vence el próximo 19 de enero de 2022.
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