Urgente el apoyo legislativo para proteger a comunicadores: Jorge Martínez

En medio de la crisis de inseguridad que viven los comunicadores y periodistas debido a los diversos atentados que han sufrido y que les ha costado la vida, el experto en derecho penal, Jorge Martínez Ocampo, dijo que es urgente que el Poder Legislativo libere todas aquellas propuestas que involucran modificaciones a diversas leyes para proteger su integridad.

Aseguró que de las más de 10 mil 500 iniciativas presentadas en las cámaras de Senadores y de Diputados durante la LXIV Legislatura y lo que va de la presente LXV Legislatura, 34 plantean la necesidad de reformar distintas leyes para ampliar y fortalecer las medidas vigentes de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en México.

Mencionó que de las propuestas parlamentarias presentadas entre el 1 de septiembre de 2018 y hasta este 2022, ninguna se ha concretado. “Es urgente que se revisen y aprueben estas propuestas confeccionadas por legisladores de todas las fuerzas partidistas”, expuso Martínez Ocampo.

Apuntó que en la Cámara de Diputados, entre las más importantes, está la de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que propuso reformar los artículos 182 del Código Penal Federal y 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de resguardar el derecho al secreto profesional de los periodistas.

Por su parte, mencionó que el Partido Acción Nacional (PAN) planteó modificaciones a los artículos 27, 28 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de reducir los plazos para iniciar el procedimiento de evaluación de riesgos de periodistas y defensores.

Mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –dijo– ha propuesto enmendar la misma ley para incorporar a los familiares, directos de defensores y periodistas, al mecanismo de protección, y disminuir los plazos para implementar las medidas urgentes e incluir un apoyo económico.

El socio del despacho Martínez Ocampo & Chávez Vaca SC, y especialista en temas de delitos de cuello blanco, afirmó que por ejemplo, diputados que integran la Comisión de Gobernación y Población presentaron, el 30 de abril de 2019, la iniciativa que modifica los artículos 6 y el 73 de la Constitución que expide la Ley General para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de 160 artículos y 15 transitorios, que derogaría la ley vigente en la materia.

Jorge Martínez explicó que esta reforma constitucional prevé adicionar el artículo 6 para establecer que “la libertad de expresión es un derecho de todos los mexicanos, pero se considera de interés público la actividad que realizan las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, por ser actividades de alta responsabilidad y servicio social que deben ser reconocidas, respetadas, auspiciadas y protegidas por el Estado”.

Ya en su artículo 73, agregó el especialista, ordenaría que las autoridades federales pudieran conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. “Además de personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”, concluyó Jorge Martínez Ocampo.

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Un comentarios

  1. «Dicha propuesta, fue suscrita por más de 123 organizaciones con presencia en más de 25 Entidades Federativas y más de 100 ciudadanos…»
    «Cabe señalar que el proyecto que actualmente se ha analizado, es impulsado o liderado por Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo de México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, el Colectivo Infrarrealismo Jurídico y la Colectiva Feminista Interseccional. El objetivo es contar con una iniciativa que pueda ser formalmente inscrita y turnada a comisiones, antes del cierre del actual periodo de sesiones, y que ésta sea el documento base para lograr una ley adecuada e idónea a las necesidades de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, atendiendo las necesidades particulares de cada gremio.»

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