¿Qué hacer cuando la ciudadanía deja de creer en la demagogia? Por lo pronto los políticos deberán actuar coherentemente con lo que dicen, y la población tendrá que hacerlo con dignidad y coraje frente a lo que padece. A diferencia de pasados gobiernos prianistas habrá que comparar los dichos con los hechos. Cosa inimaginable cuando las mentiras oficiales eran la constante a la que la ciudadanía mexicana debería someterse si quería sobrevivir. Hoy en el país (supongámoslo) vale la pena intentar la credulidad en las afirmaciones de quienes gobiernan y sin embargo, se deberá mantener una especie de desconfianza instintiva para poder actuar más racional y objetivamente como ciudadanos. Ahora vale la pena reclamar una coherencia que dejó de existir durante algunas décadas. Entonces, además de lo estrictamente económico o laboral, habrá que ocuparse organizadamente y desde el barrio o la colonia, en una amplia diversidad de objetivos deseables.
Por ejemplo, el hecho inadmisible, no sólo inhumano, de que las mujeres no puedan decidir sobre su propio cuerpo en el caso de los abortos. Se podría afirmar que ninguna mujer aborta por gusto, y sin embargo, pese a que el aborto ante una violación es legal en todo México, en la realidad cotidiana de muchos estados las llamadas autoridades siguen obstaculizando (o de plano impidiendo) la atención médica necesaria a víctimas de violación, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). En nota de Jessica Xantomila (La Jornada nacional) se dice que pese a que la Ley General de Víctimas, y la norma oficial mexicana 046, indican que la atención a la persona violada debe garantizarse únicamente con la declaración de la víctima bajo protesta de decir verdad, no obstante así no ocurre pues los encargados de proteger a la ciudadanía en situaciones similares piden exceso de requisitos, por ejemplo, una autorización del Ministerio Público o plazos para poder derivarlas al sector salud tres meses después de la violación. Las integrantes de GIRE señalan que cuatro son los estados donde reclaman las exigencias anteriores: Baja California, Campeche, Colima e Hidalgo. Y en otras entidades (Baja California Sur, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco y Aguascalientes), solicitan como requisitos indispensables para que las víctimas puedan ser atendidas, infinidad de trámites como denuncia previa o autorización del Ministerio Público. Es decir, en lugar de facilitar las gestiones para dichas denuncias, amparados en leyes por lo menos machistas, para no decir injustas, deciden sobre las víctimas, ¿Por qué complican tanto las denuncias?
O qué decir sobre la educación en donde México tiene un espectacular retraso respecto a Latinoamérica en cuanto a la capacidad de otorgar educación a la población en edad universitaria. El país se encuentra “diez puntos porcentuales abajo del promedio latinoamericano” según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). ¿Por qué debemos soportar esas realidades? ¿Quiénes son los culpables de tales atrasos? Y si nos enteramos que “sólo siete de cada cien planteles de educación básica tienen dictamen favorable de infraestructura”, dicho por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), es decir, sólo 15 mil de las más de 200 mil escuelas de educación básica obtienen un dictamen favorable, estamos obligados a preguntarnos el por qué tolerar situación tan patética. ¿Cómo es que soportamos tales realidades en algo tan fundamental para cualquier país como la educación pública? ¿Cuándo, la indiferencia se vuelve complicidad? Urgen respuestas desde todos lados.
