El pasado 22 de enero de 2021, las autoridades dijeron haber hallado 19 cuerpos calcinados en camionetas en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. No obstante esta versión inicial fue desmentida cuando las investigaciones y el testimonio de unos de los agentes involucrados reveló que en realidad los agentes abrieron fuego contra las víctimas, para después asesinarlas e incinerar sus restos.
Sugeyry Romina Gándara | SinEmbargo.mx
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas declaró culpables a 12 policías estatales por el asesinato de 19 personas, entre ellas migrantes de Guatemala, El Salvador, así como dos mexicanos, un crimen ocurrido el 22 de enero de 2021 en el municipio de Camargo.
Las pruebas aportadas en el juicio demostraron que las víctimas fueron torturadas, ejecutadas y calcinadas, un evento que ha sacudido a una entidad que aún tiene en su memoria la masacre de 72 migrantes de 2010 en San Fernando.
En un principio los policías dijeron haber encontrado los cuerpos calcinados, pero las investigaciones encontraron que en realidad ellos eran los responsables de los asesinatos.
La Fundación Justicia, que dio a conocer este jueves el fallo del Juez, celebró la sentencia que ha encontrado responsables a las autoridades policiales del estado. “Estamos ante una sentencia emblemática; la primera condenatoria en contra de elementos del Estado mexicano por una masacre de migrantes”, dijo la organización en un comunicado.
De los 12 agentes encontrados culpables: 11 fue por homicidio calificado, a los 12 por abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas, así como a uno por el delito de informes falsos a una autoridad.
Más de 60 testimonios fueron presentados durante el juicio que comenzó el 22 de mayo de 2023. Entre ellos declararon vecinos del lugar, peritos forenses, analistas, expertos en distintas disciplinas y policías de investigación, uno de ellos partícipe en los hechos y que se acogió al criterio de oportunidad a cambio de que fuera excluido del delito de homicidio.
La audiencia comenzó a las 10 de la mañana y culminó alrededor de las 5 de la tarde, momento en el que se emitió el veredicto de culpabilidad.
La sentencia y el fallo estaban programados para ser emitidos ayer en la audiencia, pero se pospusieron debido a problemas de conexión a Internet de uno de los imputados en el Cereso Regional de Altamira. Esta postergación causó molestia y pesar entre las familias de las víctimas.
Doce familias de las víctimas se reunieron en Comitancillo, Guatemala, en las instalaciones de la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Guatemala para seguir la audiencia.
Algunas de estas familias tuvieron que realizar traslados de hasta cuatro horas de ida y otras cuatro de regreso, con caminatas de entre una y dos horas, además de dejar de trabajar, lo que les representó pérdidas económicas que afectaron aún más su situación familiar.
La Fundación para la Justicia señaló que las víctimas salieron de Guatemala con el objetivo de llegar a Estados Unidos y buscar mejorar las condiciones de vida de sus seres queridos en una región donde la pobreza es predominante y las estadísticas de muertes de niños por desnutrición son alarmantes.
Las víctimas son Adán, Marvin, Iván, Osmar, Ribaldo, Anderson, Dora, Paola, Elfego, Edgar, Madelyn, Rubelsy, Bramdon, Santa Cristina, Leyda y Feliciano, quienes arriesgaron todo en un intento por cambiar el futuro de sus seres queridos y fueron perseguidos y asesinados en el proceso.
El hallazgo de los cuerpos de las víctimas fue realizado por policías estatales el 23 de enero de 2021, basado en un reporte ciudadano, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
En un principio las autoridades aseguraron que llegaron al lugar de los hechos y encontraron los cuerpos calcinados, no obstante las investigaciones y el testimonio de unos de los agentes partícipes han develado que en realidad los agentes abrieron fuego contra las víctimas, para después asesinarlas e incinerar sus restos.
La Fundación para la Justicia y otras organizaciones lograron que la Unidad de Migrantes de la FGR abriera una investigación.
Este fallo de culpabilidad es un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de la Masacre de Camargo y envía un mensaje de que los crímenes contra migrantes no quedarán impunes en México.
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