José Reyes Doria | @jos_redo
1.- LAS ELECCIONES JUDICIALES
Las elecciones populares de ministros, magistrados y jueces realizadas el 1 de junio, mostraron una serie de problemas que es indispensable solucionar de cara a futuros procesos. Cinco consejeros del INE, durante la reunión de validación de las elecciones judiciales, señalaron de forma categórica las deficiencias organizativas y la forma en que las prácticas tramposas y fraudulentas de siempre (que nunca se han erradicado) aparecieron, generando dudas y serios cuestionamientos a la legalidad y la legitimidad de la elección.
Los recortes drásticos al presupuesto del INE, impidieron que pudiera organizar las elecciones judiciales con los mimos niveles de calidad y certeza que las elecciones presidenciales y legislativas, lo cual se reflejó en la disminución del número de casillas, la incapacidad para el conteo de votos en la casilla, la información sobre los resultados, etcétera.
2.- LOS ACORDEONES Y LA LEGITIMIDAD
Buena parte de las críticas de los consejeros del INE, se enfocaron en que la difusión masiva de acordeones, podría tipificarse como práctica fraudulenta que indujo o coaccionó el voto de los ciudadanos. Al menos el 80 por ciento de los ministros de la Corte electos, y casi la totalidad de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, coincidieron con los nombres de los candidatos promovidos en los acordeones.
El abstencionismo histórico, que rondó el 87 por ciento, puede interpretarse desde diversas ópticas. Desde una lectura de que, en realidad, la ciudadanía no estaba interesada en las elecciones judiciales, hasta una interpretación más generosa donde la baja participación se explica por la complejidad de la boleta y el número inmenso de candidatos desconocidos. Justamente esto último, es decir el nulo conocimiento de los candidatos, de sus propuestas, de la función que van a desempeñar, fue la base de la justificación para la distribución masiva de los acordeones.
Esto, en su conjunto, es un tema que juega en detrimento de la legitimidad del proceso: depende de varios factores determinar qué tanta legitimidad perdieron los ministros, magistrados y jueces electos. En todo caso, tienen el enorme reto de cumplir las expectativas que el discurso oficial ha construido en torno a las bondades de contar con juzgadores electos popularmente.
3.- UN INDÍGENA PRESIDIRÁ LA CORTE
En muchos aspectos, fuer sorpresivo que Hugo Aguilar obtuviera el mayor número de votos entre los candidatos a ministros de la Corte. Por mandato constitucional, el candidato que más votos obtenga tendrá el derecho a presidir la Corte durante los dos primeros años. Los pronósticos y encuestas colocaban a Lenia Batres o a Yasmín Esquivel como favoritas para ser la primera presidenta de la nueva Corte.
Sobre el triunfo de Hugo Aguilar se han generado multitud de opiniones, destacando su origen indígena. Las críticas más viscerales acusan que no es indígena, sino mestizo, pero esos ataques están fuera de lugar, ya que la identidad indígena se determina por auto adscripción; y en este contexto, Hugo Aguilar evidentemente se asume como indígena y, sobre todo, acredita una trayectoria social y profesional relacionada directamente con las luchas y el servicio público en torno a los pueblos originarios.
4.- SIGNIFICADOS DE QUE UN INDÍGENA PRESIDA LA CORTE
A querer o no, México es un país marcadamente racista. Los pueblos indígenas son el sector más marginado, más discriminado, más pobre, más olvidado, más ninguneado de la Nación mexicana. Más allá de los discursos oficiales de ayer y hoy, lo cierto es que los pueblos indígenas son hasta tres veces más pobres, tienen hasta cuatro veces más rezago educativo y en acceso a los servicios de salud, la mortalidad materna e infantil es hasta cuatro veces mayor, entre otros indicadores de una realidad que debería avergonzar a la Nación entera.
Alrededor del 20 por ciento de la población se auto adscribe como indígena, pero no hay un solo gobernador indígena, su representación en el Congreso federal y los congresos locales no rebasa el 3 por ciento. En este contexto tan adverso, ni soñando se podía pensar que un indígena llegara a ser ministro de la Corte, y mucho menos ser su presidente.
Por eso, el hecho de que Hugo Aguilar sea presidente de la Corte implica un acto reivindicatorio de la lucha histórica de los pueblos indígenas de México por el pleno reconocimiento de sus derechos. Recientemente se realizó una amplia reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos originarios, sin embargo, la tradición mexicana de sepultar esos mandatos constitucionales, de convertir en letra muerta derechos humanos fundamentales de los grupos más vulnerables (por falta de voluntad y recursos), hace poco probable que en el mediano plazo esa reforma constitucional reivindique a los pueblos indígenas y los haga protagonistas de la vida nacional.
En cambio, la imagen y el hecho de que un indígena sea presidente de la Corte puede generar un impulso político y social favorable a la verdadera reivindicación de los pueblos, y la auténtica restitución de sus derechos y dignidades. No se trata de glorificar o asignar alcances idílicos o asumir con ingenuidad la llegada de Hugo Aguilar a la presidencia del Poder Judicial, se trata de resaltar que este hecho histórico es un recordatorio de que en México existen diversos pueblos que habitaban este territorio antes de la colonización española, y que a lo largo de cinco siglos han mostrado una voluntad inquebrantable de conservar sus culturas, sus lenguas y cosmovisiones.
5.- ¿DE QUÉ SERVIRÁ QUE UN INDÍGENA PRESIDA EL PODER JUDICIAL?
Decíamos que, si bien es importante reconocer el enorme simbolismo de este hecho, es indispensable evitar caer en expectativas excesivas o hacer eco acrítico del discurso oficial en torno al tema. Pocos asuntos de gran calado en materia de derechos indígenas llegan a la Corte, pero las causas indígenas que lleguen tendrán formalmente las condiciones favorables de que el Máximo Tribunal estará presidido por un indígena y, teóricamente, se esperaría que impulse resoluciones favorables.
Pensemos, por ejemplo, en una controversia promovida por un pueblo indígena contra la construcción de obras de infraestructura en los hábitats y territorios que habita, reclamando que no se les consultó de manera previa, libre e informada, como mandatan los Tratados Internacionales suscritos por México, y la propia Constitución. Que los pueblos rechacen categóricamente la construcción de esa obra. Son los casos concretos en los cuáles se esperaría que el presidente del Poder Judicial, indígena, promoviera con todo su poder una resolución favorable a los pueblos.
Hugo Aguilar ha recibido críticas en el sentido de que, siendo coordinador jurídico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, no garantizó que las consultas realizadas para la construcción de obras como el Tren Maya o el Interoceánico, se apegaran a los principios y mecanismos establecidos en el derecho internacional (que es vigente en México). Por el contrario, se señala que Hugo Aguilar operó para facilitar supuestas decisiones colectivas de los pueblos indígenas, que los perjudicaron a ellos y favorecieron las mega obras del sexenio pasado.
La pregunta que se impone es: el presidente de la Corte, el indígena Hugo Aguilar, ¿cómo actuaría en un caso similar al del Tren Maya? La expectativa generada indicaría que Hugo Aguilar impulsará decididamente una resolución favorable a los pueblos indígenas.
6.- ¿HUGO AGUILAR SERÁ INDEPENDIENTE?
El próximo presidente de la Corte ha afirmado que el cargo no se lo debe a nadie más que al pueblo que votó por él. Es importante que Hugo Aguilar se posiciones de esa forma. Sin embargo, una visión realista y objetiva nos hace ver que Aguilar obtuvo la candidatura por su relación con el bloque gobernante, que fue favorecido por la campaña masiva de los acordeones, que fue propuesto formalmente por el Ejecutivo Federal, y que ha mantenido una estrecha relación con el poderoso López Obrador.
Pero, la cuestión a dilucidar próximamente, es si estos vínculos evidentes, casi orgánicos de Hugo Aguilar con el bloque gobernante, determinarán fatalmente una actitud de condescendencia o sumisión del presidente de la Corte. En mi opinión, me parece que una relación de subordinación de Hugo Aguilar con la llamada Cuarta Transformación, no es un determinismo fatal, ya que ahora el próximo presidente de la Corte cuenta con una legitimidad y un mandato derivado de las urnas, y además carga con las expectativas de los pueblos originarios de México. Esto, le permitiría actuar y promover resoluciones con una mirada de justicia independiente de las presiones de los poderosos.
7.- ¿EL PRESIDENTE INDÍGENA ES EL AMANECER DE UN RÉGIMEN MEJOR?
Un presidente indígena del Poder Judicial, es una circunstancia que tiene el potencial de convertirse en piedra angular de un cambio de régimen con sentido democrático, representativo, pluricultural, con una perspectiva amplia de la justicia y el pluralismo jurídico, así como emancipador respecto a los intereses políticos y económicos más poderosos. Pero el reto no solo es para Hugo Aguilar, depende de la voluntad y el compromiso democrático de todos los factores poder.
8.- O, POR EL CONTRARIO, ¿SERÁ EL ANOCHECER DE LA 4T?
Si la presidencia de un indígena no responde a las expectativas generadas, no solo de los pueblos originarios, sino de un gran sector del país; si el nuevo presidente de la Corte no actúa con independencia y una concepción amplia, plural y reivindicatoria de la justicia; si la nueva Corte presidida por un indígena muestra un comportamiento de apoyo sistemático e incondicional a los intereses del régimen (similar al comportamiento de la CNDH); si lejos de nutrir la impartición de justicia con rigor, sensibilidad y pluralismo jurídico, la nueva Corte emite resoluciones sin sustento para satisfacer objetivos del régimen; entonces el régimen podrá fortalecerse momentáneamente, pero en términos de legitimidad y validez, empezará un pronunciado declive. Y además, le dará la razón a los que criticaron y rechazaron la reforma judicial.
9.- DESEOS
Buena suerte al próximo presidente de la Corte.
