Trump y la criminalización del antifascismo. Autor: Gaspar Orozco

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El pasado 27 de julio, cinco días antes del atentado terrorista en El Paso, Donald Trump expelió un tweet en el que manifestó que ponderaba la posibilidad de clasificar a Antifa, la coalición independiente de grupos y activistas antifascistas, como una organización terrorista doméstica. Anteriormente, el 23 de julio, el senador Ted Cruz había escrito al procurador general William Burr y al director del FBI Christopher Wray solicitando una “investigación de crimen organizado” contra Antifa bajo el acta RICO. Esto escaló, cuando Cruz y el también senador Bill Cassidy emitieron una resolución solicitando al senado la designación del grupo como una organización terrorista doméstica. La principal razón esgrimida para solicitar la clasificación del grupo es su uso de la violencia y sus “amenazas de violencia en su búsqueda por suprimir ideologías políticas opuestas”. Las “ideologías políticas opuestas” aquí enunciadas son el fascismo, el nazismo y el racismo. 

En el más reciente episodio de esta historia, Trump volvió a utilizar Twitter el 13 de agosto para lanzar otra amenaza: “Se está dando la más seria consideración a la designación de ANTIFA como una ORGANIZACION DE TERROR” (sic). Esto se produce en el contexto del rally que el grupo neo-nazi Proud Boys realizó fuera de la ley en Portland, Oregon. Es notable que aunque Trump centró sus amenazas en el movimiento antifascista, no menciona ni hace ningún tipo de censura a la organización neo-nazi. En los hechos, y aún más después de la tragedia de El Paso, esto significa una continuación de la retórica de violencia que Trump ha empleado como una constante de su discurso político.

Las amenazas de Trump, planteadas en un principio y a nivel básico como maniobra política para resonar entre la base más primitiva de sus seguidores, conllevan por varias razones implicaciones bastante más graves y problemáticas que las de una artimaña pre-electoral.

Para comenzar, hay que revisar los hechos y los números. El extremismo de derecha, según las cifras, ha causado, por mucho, más daños que las manifestaciones extremas de otro signo. De acuerdo al reporte del Centro para el Estudio del Extremismo de la American Anti Defamation League todos los asesinatos relacionados con el extremismo en 2018 tuvieron un nexo con la ultraderecha, contabilizando en al menos 50 el número de personas que perdieron la vida a consecuencia de estos crímenes. Se ha vuelto a señalar que el significativo aumento en incidentes violentos y crímenes de odio a nivel nacional coincide con el ascenso al poder de Trump. La retórica anti migrante, como lo vimos con terrible claridad en El Paso, ha tenido un efecto directo y palpable en las acciones de odio dirigidas contra las comunidades inmigrantes, judías y musulmanas.

En la discusión sobre el antifascismo, hay que partir de un hecho incontrovertible. Pese a sus tácticas de choque y un perfil agresivo que no rehúye la confrontación directa con elementos de la ultraderecha, al movimiento Antifa no se le puede responsabilizar hasta este momento de ninguna muerte. Otro punto importante a tomar en cuenta, en cuanto a nivel de peligrosidad, es el armamento que emplean los extremistas. Por lo general, las armas que suelen utilizar los simpatizantes de Antifa en las refriegas callejeras en las que se involucran son proyectiles improvisados, garrotes y bombas de humo, en marcado contraste del armamento de alto calibre que los extremistas de derecha suelen acaparar en arsenales.

Llama la atención la energía que han mostrado Trump y Cruz para intentar declarar como terrorista a un movimiento de naturaleza antifascista, cuando, por citar solo un ejemplo, el Ku Klux Klan, organización fundada y activa desde 1865, jamás ha sido etiquetado como grupo terrorista en sus 154 años de existencia. Esta tendencia ha sido una constante por parte de las autoridades en lo que se considera la impartición de justicia en Estados Unidos.    

De manera histórica, en Estados Unidos ha existido un doble estándar para juzgar a las organizaciones radicales, dependiendo de su posición en el espectro político. Así, las autoridades se han inclinado notoriamente a ejercer una mayor vigilancia, infiltración y presión sobre aquellos grupos o activistas considerados de izquierda y de derechos civiles. La historia del FBI con Martin Luther King y con los Black Panthers y la infiltración de grupos de izquierda durante los 60 y 70 es ilustrativa de esto. En uno de los ejemplos más recientes, una investigación periodística reveló que la agencia federal abrió una investigación de terrorismo doméstico en 2016 contra el grupo izquierdista By Any Means Necessary, que protestó en contra de una manifestación de organizaciones neo-nazis en Sacramento. En los documentos que salieron a la luz del incidente, la agencia consideró a los neo-nazis como víctimas, a las cuales se les habían vulnerado sus derechos de expresión. Más aún, documentos de la corte, mostraron que aparentemente la policía estatal se acercó a varios de los neo-nazis buscando su colaboración para identificar mediante fotografías a los activistas antifascistas.

Por otra parte, la clasificación formal de una agrupación como Antifa de “organización terrorista”, implica colocar al nivel de Al Qaeda a un movimiento por naturaleza anárquico, descentralizado al extremo y que se caracteriza por su carácter inconexo y espontáneo. Significa también una clasificación criminal más alta por parte del Departamento de Justicia, la cual requiere una respuesta legal más enérgica y draconiana.

La estrategia de Trump y los suyos recuerda en más de un punto el primer decreto que el gobierno de Hitler instrumentó para restringir la oposición, conocido como la “Ordenanza del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y el Estado” el 28 de febrero de 1933, justo después del incendio del Reichstag. Hermann Goring, en una directiva para la policía prusiana, lo glosó de esta forma: “De acuerdo con el propósito y el objetivo del decreto, las medidas adicionales… se dirigirán en una primera instancia contra los comunistas, pero después se aplicarán también contra todos aquellos que cooperen con los comunistas y apoyen o alienten sus objetivos criminales. Señalaría que cualquier medida necesaria contra miembros u organizaciones de otros partidos que no sean comunistas, anarquistas o socialdemócratas solo puede justificarse mediante el decreto”.

Las amenazas y la propuesta de iniciativa de ley contra Antifa no son solo demagogia electoral. Son medidas pensadas para intimidar y restarle terreno a la izquierda, mediante la utilización de toda la fuerza del Estado. Un Estado que, como hemos visto, a través de la historia ha exhibido una parcialidad política que tiende a tolerar a los extremistas de ultraderecha y perseguir activamente a la izquierda. La estrategia que hoy se dirige contra lo que se percibe como izquierda radical, de manera gradual irá incluyendo a otras formas y actores del espectro político que se consideren contrarios y potencialmente peligrosos al régimen. La criminalización del antifascismo es parte de la visión ultra conservadora actual, para la cual temas como la inmigración, la justicia social y la expresión de posturas políticas divergentes deben ser motivos de persecución criminal. Al final, se trata de una fase en el proceso sistemático de desmantelamiento de una democracia y de una república.

Una de las lecciones claves del siglo XX es el conocimiento inequívoco de que filosófica, social y políticamente el fascismo y el nazismo son ideologías criminales, genocidas, que deben ser combatidas y erradicadas. En la segunda década del siglo XXI, Trump y sus seguidores no piensan lo mismo, y están actuando en consecuencia. 

Y aquí, hay algo a lo que no se puede dar la vuelta: estar en contra del antifascismo es estar a favor del fascismo. Ayer y hoy.  

Gaspar Orozco. Escritor, poeta y diplomático.
@radiozhuangzi

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