La Segob reprende la decisión judicial y respalda a la FGR en la impugnación de la liberación de ocho militares en el caso Ayotzinapa
Anel Rangel | Quinto Poder
En un nuevo capítulo de tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial Federal (PJF), el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), arremete contra la decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien liberó a ocho militares vinculados al Caso Ayotzinapa. La administración federal, en un comunicado, criticó al PJF, acusándolo de utilizar “pretextos procedimentales” y poniendo en duda su compromiso con la justicia.
La Segob denunció y respaldó la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa. El comunicado del Gobierno expresó su falta de sorpresa ante la decisión del PJF, señalando que la justicia no ha sido una prioridad para esta institución. Además, se recriminó al PJF por basar su actuación en tecnicismos, sin considerar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.
El Gobierno recordó que el PJF liberó anteriormente a 62 implicados, argumentando torturas, y reveló un intento de liberar al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, cambiando sus medidas cautelares. La Segob acusó al PJF de favorecer la hipótesis de que el Gobierno protege al Ejército al liberar a los militares vinculados al caso Ayotzinapa, sin un fundamento legal claro.
Ante la liberación de los militares, el Gobierno buscará que la FGR revise las medidas cautelares, tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios. Asimismo, se solicitarán nuevas órdenes de aprehensión y se explorarán todas las líneas de investigación disponibles. El Gobierno reiteró su compromiso con la legalidad y el derecho a la verdad, asegurando que la búsqueda de los estudiantes desaparecidos continuará.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF rechazó las acusaciones de la FGR, argumentando que la decisión de liberar a los militares no otorga una ventaja indebida y que el proceso por desaparición forzada aún está vigente. Se evidenció que la Fiscalía tuvo la oportunidad de inconformarse y no lo hizo, señalando que la resolución de la jueza no implica la exoneración de los militares.
El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del Gobierno con la búsqueda de la verdad y la justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014. Este recordatorio podría indicar la determinación del Gobierno para mantener la atención pública y la presión sobre el caso, incluso en medio de la controversia generada por la liberación de los militares.
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