Oscar Guerrero/Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer efectiva su facultad de atracción sobre el caso Arantepacua, a fin de hacer justicia por las cuatro ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y allanamientos ilegales registrados a manos de la Policía Michoacán los pasados 4 y 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena.
En un estudio sobre el caso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó las agresiones cometidas en contra de la comunidad de Arantepacua en 2017, y llegó a la conclusión de que se requiere la intervención de la FGR para garantizar “imparcialidad” en la resolución del caso.
“Una solución sostenible a los conflictos en la Meseta Purépecha debiera partir del reconocimiento de la legitimidad en los llamados a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, así como de la exigencia de verdad, justicia y reparación de las personas cuyos derechos humanos han sido violentados”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU-DH llamó a las autoridades electas de Michoacán y no al gobierno a cargo de Silvano Aureoles, “a que se atienda la recomendación 42VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), derivada del operativo policial de abril de 2017 que ocasionó múltiples violaciones a derechos humanos a pobladores de Arantepacua, incluyendo la ejecución extrajudicial de cuatro personas”.
Y es que en el informe en cuestión se “acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas”, durante la intervención que tuvo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en un conflicto agrario entre las comunidades de Capácuaro y Arantepacua, los pasados 4 y 5 de abril de 2017.
“Se alienta a la Fiscalía General de la República a evaluar el ejercer su facultad de atracción, que contribuiría a garantizar una investigación imparcial de los hechos”, agregó la institución.
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