Aunque el Poder Judicial ordenó al Gobierno del Estado reconectar el servicio de agua potable a un manantial destruido hace más de tres años en San Pedro y San Pablo Ayutla, las autoridades iniciaron la construcción de un pozo.
Especial
San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca.-Gloria Martínez Villanueva es una mujer indígena de 44 años, quien desde el 2017, se abastece de agua que junto con su familia recolecta de la lluvia, pero cuando las nubes desaparecen del cielo serrano, cuando se van y sale el sol, entonces Gloria, como cientos de familias de allí, busca cubetas, tinacos y garrafones para ir al tanque del paraje “El Manantial”, aunque en el camino se sienta amenazada por disparos de arma de fuego, pues esa fuente natural hace tres años proveía de agua a las más de 3 mil familias que habitan en esta comunidad, cuyo sistema de distribución fue destruido por pobladores de Tamazulápam del Espíritu Santo durante un ataque armado por un conflicto territorial, y que un falló del Poder Judicial les regresó hace 4 meses, aunque hoy este documento sea letra muerta.
“¡Somos indígenas, pero no pendejas. Basta ya de mentiras!”, suplica Gloria, con la mirada penetrante y enfurecida, con voz áspera y tajante, luego de que el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Héctor Pablo Puga Leyva, anunciaron la entrega de “obras de rehabilitación del sistema de agua potable que serán el abasto permanente de la comunidad”, sistema que, en palabras precisas, consta de un pozo profundo cuya construcción requirió la tala de cientos de árboles de la zona.
Sin consenso municipal
“Vinieron a dar el banderazo de inicio de obra del pozo, pero de hecho a mi no me invitó el Presidente Municipal, el Gobernador dijo que estaba todo el Cabildo allá, pero no es cierto, yo no participe. El Presidente Municipal no comparte la información que tiene, yo hasta ahora no he visto en sí el expediente de la obra que se está ejecutando. Me han querido hacer que yo firme unos documentos de lo cual yo no estoy de acuerdo”, acusa, por su parte, Betulio Flores Morelos, regidor de Ecología en Ayutla, quien explica que cuando el proyecto fue presentado por las autoridades gubernamentales, les informaron que tendría un costo de 2.5 millones de pesos, las labores las realizaría la población y que la obra sería independiente del conflicto en El Manantial, sin embargo, el Gobierno del Estado dio a conocer que la obra se realiza con una inversión de 4.7 millones de pesos y que “pone fin al problema permanente de acceso al agua que por años ha padecido esta comunidad”
Por su parte, Laura Morales, consejal de Salud, denuncia que tampoco ha sido informada sobre el proyecto y cuando preguntó por la manifestación de impacto ambiental a la CEA, le respondieron que el mismo no se había realizado por cuestiones de celeridad, además, pide que expertos analicen esta obra para conocer realmente su viabilidad.
“Para saber técnicamente si realmente cumple con lo que dijeron. Es agua sucia, ¿de esa agua vamos a tomar?, ¡que venga el Gobernador y lo tome primero!”, arremete.
Don Isaías Domínguez es presidente electo del Comité de Agua Potable e inicia funciones el próximo 1 de enero. Su principal preocupación es la situación que la población vive desde que el manantial fue destruido. Respecto a la obra que el Gobierno del Estado está ejecutando, acusa que hay múltiples irregularidades administrativas, y además, simplemente, señala que ese pozo no tiene relación con la resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación en el amparo 795/2017.
“Si hubiera agua ahorita (en el pozo) esa no es la solución, no abastecerá a toda la comunidad. Ahorita porque está lloviendo puede brotar, y eso donde quiera está pasando, pero cuando empiece la sequía vamos a tener más problemas. Cualquier apoyo es bienvenido, pero que no utilicen una obra así para desviar las cosas o para que nos digan: ya tienen agua aquí, olvídense de la sentencia”
En tanto que activistas en redes sociales, cuestionaron que el gobernador, Alejandro Murat, anunciara la existencia de ese pozo como una solución permanente a la problemática del agua y que había sido conectado y abastecido en el acto público, pues los activistas cuestionaron que no había sido conectado y sólo se improvisaron dos tubos para la inauguración, además señalaron que dicho pozo, contiene cantidades mínimas de flujo de agua.
Buscan desacreditar la lucha
Pero la simulación y el engaño, porque así describen los afectados el banderazo de la obra pública, no se limitó a los boletines que las autoridades hicieron llegar a los medios de comunicación. Y es que el titular de la CEA, Héctor Pablo Puga Leyva, acusó a Yásnaya Aguilar, lingüista, escritora e investigadora, y activista oriunda de Ayutla, de lucrar con la causa y perseguir fines políticos.
“Es una característica del gobierno, atacar a quienes luchamos por la justicia, por la paz. Mi compañera no está lucrando, quizás el sí, el habla por sí, por su persona, lo que él hace, ellos sí lucran con el pueblo”, señala Martínez Villanueva, quien argumenta que “aquí no hay ninguna cuestión política, no hay ninguna cuestión personal, ¿qué beneficio puedo yo obtener haciendo esta lucha? Pues el beneficio de que mi comunidad, mi pueblo, mis hijos, mis abuelos, mis tíos, mi familia, tengan agua”
Agua para Ayutla
Los afectados exigen a las autoridades abstenerse de realizar acciones con discursos que confundan a la población y reafirman la exigencia para que el Gobierno del Estado cumpla y haga cumplir la resolución del Poder Judicial que ordena la reconexión al tanque del paraje “El manantial”.
“Para nosotros es importante que el señor Gobernador del Estado, respete las instancias jurídicas, hemos ganado dos amparos a favor, llevamos más de 3 años que no nos han hecho caso, no es una terquedad, es porque la ley nos avala, nos ampara, no estamos en contra del pozo, pero no se vale engañar a una comunidad”, culmina Irene Hernández de Jesús, maestra jubilada y quien fuera la primera presidenta municipal de Ayutla.
