José Reyes Doria | @jos_redo
La aprobación de la reforma al Poder Judicial ha suscitado todo tipo de críticas a las formas en que acumularon de votos necesarios para lograr la mayoría calificada. En el Senado, donde formalmente la coalición oficialista no tenía los 86 senadores necesarios, dos senadores del PRD saltaron a Morena, y el mero día de la discusión y votación el senador Miguel Ángel Yunes Márquez dio el brinco del PAN a Morena, con lo cual la 4T logró la mayoría calificada. No sin escándalos, dramas, y demás efectos escenográficos sobre las presuntas presiones desde el poder para convencer o doblar a los senadores de la oposición para que votaran por la reforma, incluyendo un senador de MC misteriosamente ausente de la sesión.
El presidente López Obrador avaló el fichaje de perredistas y panistas de cuestionable historial, porque, dijo, se hizo en aras de un bien mayor. Algún periodista le dijo que esa valoración equivale al clásico “haiga sido como haiga sido” de su archirrival Felipe Calderón. El Presidente abundó en que la ética, la moral y los principios del Movimiento quedaron incólumes. Y es que se vieron escenas surrealistas, como el senador Alejandro Murat ahora de Morena, pero miembro de una dinastía que gobernó Oaxaca bajo el manto del PRI, diciendo en tribuna “no somos iguales”; o al ave de tempestades que es Miguel Ángel Yunes Linares, padre y suplente del senador que finalmente se sumó a la 4T, partiendo plaza en el salón de sesiones aclamado por el oficialismo.
Los cinismos florecieron en ambos bandos del debate. Desde la oposición fue hipnótico observar a Alito Moreno, presidente del PRI, auto proclamarse campeón de la congruencia política, o a Marko Cortés, presidente del PAN, reclamándole a Yunes Linares desde la tribuna que estaba pagando mal tantas canonjías y trapacerías que cometieron juntos. Es la picaresca política nacional. Nada de qué espantarse en la perspectiva de la Realpolitik.
La conversación pública se centró en la moralina, en que si el régimen de AMLO ya perdió la superioridad moral con estas maniobras, o que si la oposición es enana, corrupta e inútil. Pero lo sustancial, a mi parecer, es la litis de las reformas constitucionales que se están realizando con base en el inmenso poder político que obtuvo en las urnas la 4T. Diversos observadores coinciden en que ya estamos ante un cambio de régimen, desde el mismo momento en que el oficialismo obtuvo la mayoría calificada en el Congreso, lo cual le permite reformar la Constitución por sí solo. De hecho, a esa mayoría se le suele denominar “mayoría constitucional”.
Así, el cambio de régimen comienza a delinearse con rasgos más definidos a partir de las reformas constitucionales. Comentemos tres de esas reformas que, sin duda, cambian bases sustanciales del régimen actual.
1.- LA REFORMA AL PODER JUDICIAL
La elección de jueces, magistrados y ministros es un cambio radical, que inevitablemente realineará la conducta, las fidelidades y el desempeño de los impartidores de justicia. El principal argumento a favor es que, al ser elegidos por el pueblo, estos servidores públicos dejarán de ser corruptos e insensibles, se inclinarán a favorecer más al pueblo que a los potentados. El argumento es atractivo, sin embargo, las premisas no conectan de forma contundente con la conclusión, pues muchos servidores públicos electos en las urnas han resultado ser modelos de corrupción y abusos. En un ámbito donde se mueven poderosos intereses, difícilmente los impartidores de justicia podrán sacudirse esa presión por el solo hecho de haber sido electos popularmente. Habrá que ver cómo se implementa la reforma y cómo funciona.
Pero la parte sustancial de la reforma, desde el punto de vista político, es la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Necesariamente se establecerá un vínculo entre los ministros electos, los grupos mayoritarios en el Congreso y la Presidencia de la República. Esto, porque tanto las mayorías oficialistas del Congreso, como el Ejecutivo federal serán quienes propongan a los candidatos. Ese filtro, difícilmente lo pasarán aquellos aspirantes no afines al oficialismo. De este modo, se va modulando un nuevo régimen donde la relación y el equilibrio entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, adquirirá un importante matiz político-partidista, dado que los ministros electos habrán logrado el escaño gracias a la candidatura que les concedió el Presidente o la mayoría en el Congreso. Una dinámica similar a la relación Ejecutivo-Legislativo, donde la afinidad partidista ideológica define los comportamientos de los legisladores de la mayoría.
Este cambio generará, de una u otra forma, una mayor influencia del Ejecutivo en las resoluciones de la Corte. O como dicen los críticos de AMLO, se generarán condiciones para que la Presidencia influya importantemente en las decisiones cruciales del tribunal constitucional. Claro, también puede ocurrir que los ministros electos no obedezcan incondicionalmente la línea del Presidente, como de hecho ocurrió en este sexenio con dos ministros que propuso López Obrador.
Es evidente que el Poder Judicial requiere una reforma a fondo. En todo caso, muchos observadores no alineados dicen: yo no sé si este es el cambio que necesita el Poder Judicial, lo que sí sé es que el Poder Judicial necesitaba un cambio.
2.- LA REFORMA DE LA GUARDIA NACIONAL
La reforma es clara y contundente: la militarización de un cuerpo policial como lo es la Guardia Nacional hasta hoy, que, con la reforma, pasará a ser del fuero militar, comandada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, la reforma otorga a la Guardia Nacional facultades de investigación, algo que no tenían los militares, pues esa sensible función hasta ahora correspondía solo al Ministerio Público y a las policías. La Constitución también establecerá que la Guardia Nacional será la ejecutora de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo cual significa que este eje fundamental de la función estatal en la materia ya no estará en manos de civiles.
Otro elemento relevante de la reforma, es que establece la atribución del Presidente de la República de disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública. Hasta ahora, esta participación de las Fuerzas Armadas había sido justificada en disposiciones legales y constituciones transitorias o provisionales, pero ahora será mandato constitucional.
El cambio respecto al régimen anterior, es evidente: una Guardia Nacional militarizada, y con atribuciones policiales de investigación. Legitimación de las Fuerzas Armadas para participar directamente en tareas de seguridad pública, y con la responsabilidad constitucional de los militares de ejecutar la política nacional de seguridad. Mucho de esto ya ocurría en los hechos, ante el profundo problema de violencia e impunidad que vive México en las últimas décadas, pero gozará de un piso constitucional que permeará el resto de los ejes de la Carta Magna.
3.- LA REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS
Esta reforma al artículo 2º constitucional, fortalece los derechos ya reconocidos en materia de autonomía, libre determinación, uso y validez de sus sistemas normativos, de sus formas de organización, de acceso a la jurisdicción del Estado, de preservación de sus lenguas y culturas, de acceso al desarrollo integral definido y ejecutado por ellos.
La reforma reconoce dos derechos fundamentales de los pueblos originarios que hasta ahora se les habían negado; de ejercerse efectivamente estos derechos, si no quedan en letra muerta y retórica populista, significarán un evidente cambio de régimen. El primer derecho es el de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, lo cual se traduce en que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios para ejercer el autogobierno, una especie de cuarto nivel de gobierno.
El otro derecho es el de ser consultados de forma previa, libre e informada, antes de que se asuman medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Si se cumple realmente este mandato, los pueblos indígenas podrán ejercer una participación igualitaria efectiva y significativa en las grandes decisiones del Estado, relativas a reformas legales, obras de infraestructura, planes de desarrollo, las cuales deben obtener el consentimiento de los pueblos originarios para poder llevarse a cabo.
COLOFÓN
Falta analizar otras reformas que sacudirán en las bases del régimen, como la relativa a la eliminación de los órganos autónomos y la reforma político-electoral que redefinirá al INE, eliminaría la representación proporcional en el Congreso y limitaría significativamente las atribuciones de los partidos políticos.
Pero no está por demás mantener un foco de atención en la vertiente analítica que genera importantes inquietudes. Me refiero a la crítica de que estas reformas apuntan, más allá de los objetivos explícitos que contienen, muchos de ellos loables e incuestionables, a un proceso de concentración y centralización del poder en la figura de la Presidencia de la República. Este proceso, señalan, diversos observadores, a la larga generaría desequilibrios, así como déficits de estabilidad y legitimidad. En todo caso, reitero, es un momento sumamente interesante en la vida política de México. Pronto veremos cómo van acomodándose los cambios.
