Se espera que la propuesta, de ser aprobada, se implemente a partir de las elecciones de 2027
Laura Arana | OEM-Informex
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará al Congreso una propuesta para fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar candidaturas vinculadas a la delincuencia organizada. De aprobarse, se aplicará en el proceso electoral de 2027.
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La propuesta incluye que los partidos y el INE consulten los nombres de posibles aspirantes con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de identificar focos rojos, respetando la presunción de inocencia. Los resultados serán canalizados a través de una comisión del INE y será el partido político quien defina si postula o no al candidato.
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La mandataria destacó que la propuesta formó parte del Plan A de la Reforma Electoral que no fue avalado por el Legislativo. Añadió que se aprovechará el actual periodo extraordinario de sesiones para impulsar esta reforma.
Indicó que la iniciativa surge tras casos de autoridades municipales presuntamente ligadas al crimen organizado, como los detectados en la “Operación Enjambre” .
La consejera jurídica del Gobierno federal, Luisa María Alcalde, explicó que se trata de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establecerá mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán a partir de la elección de 2027 y cuenten con la información necesaria para evitar cualquier vínculo con la delincuencia organizada.
Luisa María Alcalde desglosó la propuesta y detalló que habrá una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del INE, conformada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General.
Explicó que la comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre la existencia de información que permita establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.
Resaltó que la investigación será voluntario, ya que los partidos políticos decidirán si entregan voluntariamente a la comisión la lista de aspirantes a ser candidatos; posteriormente, se consultará con las diferentes dependencias, como la UIF, el CNI y la Fiscalía General de la República.
“Estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable. La comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo. Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, subrayó
