José Reyes Doria | @jos_redo
Jefes legendarios del narcotráfico están presos en cárceles de Estados Unidos. Pesos pesados como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada o Rafael Caro Quintero, entre muchos otros capos que han liderado los carteles de las drogas en México, enfrentan juicios y condenas en el país vecino del norte. Algunos, como el escandaloso caso del Mayo Zambada, fueron extraídos o secuestrados de territorio mexicano, mientras que otros fueron formalmente extraditados, o, de plano, trasladados fast track de cárceles mexicanas a prisiones estadounidenses.
Las autoridades mexicanas han expresado, en algunas ocasiones de forma explícita, que el sistema de justicia mexicano carece de la capacidad para mantener en prisión y controlar a esos poderosos líderes de la delincuencia organizada. En la reciente oleada de capos enviados a Estados Unidos, nuestras autoridades reconocen que, por ejemplo, esos peligrosos delincuentes seguían operando desde las cárceles donde estaban presos; o bien, que existía un riesgo inminente de que algunos jueces los liberaran o bloquearan su extradición a EEUU.
En pocas palabras, las propias autoridades reconocen que el Estado mexicano es impotente ante el poder de los carteles de las drogas y, en general ante las organizaciones más fuertes del crimen organizado. El tema del eficaz confinamiento penal de los jefes del crimen organizado, es solo un aspecto del enorme poder e influencia que ejercen los grandes grupos criminales en las estructuras del Estado mexicano.
Hoy por hoy, el crimen organizado constituye el poder fáctico más determinante en México, al menos en lo referente en ciertos ámbitos que soberanamente corresponden al Estado. Los poderes públicos no tienen los instrumentos, los recursos y la potencia suficientes para someter al poder criminal en los terrenos fiscal (la extorsión y el derecho de piso como impuesto criminal) comercial (en algunas regiones imponen precios y volúmenes de comercio), energético (la extracción y venta ilegal de combustible es creciente), funciones públicas estatales (imponen personas o políticas en gobiernos municipales e incluso estatales, sobre todo en áreas de obras públicas, policía, apoyos al campo); entre otros.
El crimen organizado tiene una influencia determinante, también, en los procesos electorales en una diversidad de municipios y regiones del país, donde suele imponer o inhibir candidaturas, aportar dinero para las campañas, o forzar acuerdos con los futuros servidores públicos para arrebatar y ejercer, directa o indirectamente, funciones y recursos públicos.
Se maneja la hipótesis de que, en un cierto momento, probablemente a finales de los años noventas, los poderosos carteles de las drogas permitieron o indujeron un desdoblamiento hacia otros giros criminales como la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el robo, el fraude, y otras acciones criminales que lastiman profundamente a la sociedad. Ya no eran solo las actividades de narcotráfico, sino todo un conjunto de delitos que dieron pie al fortalecimiento de organizaciones criminales realmente aterradoras.
La declaración del Mayo Zambada en una corte de Estados Unidos, verbaliza una realidad que todo mundo sabe o intuye: el crimen organizado tiene capacidad para sobornar a militares, policías, gobernantes y políticos. Esta capacidad, como se ha visto a lo largo de décadas, abarca procedimientos de violencia contra los servidores públicos que rechacen la colaboración. De esta forma, se puede esbozar la evolución de la relación entre los grandes grupos criminales y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, cada vez en niveles de mayor y mayor jerarquía.
El caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón, es por demás ilustrativo de que el crimen organizado, principalmente los carteles de las drogas, han desarrollado una capacidad abrumadora para pactar con las máximas autoridades del Estado. La lógica del análisis de estas dinámicas, así como las magnitudes colosales de dinero que se manejan en los circuitos criminales, nos hacen pensar que el caso de García Luna no es único, que no se trata de una traición aislada.
El panorama es sumamente delicado. Porque el Estado mexicano está infiltrado en niveles insospechados por cómplices del crimen organizado, o está condicionado por presiones, amenazas o estímulos provenientes del poder criminal. Por lo tanto, los intentos de combatir frontalmente a la delincuencia organizada, o las políticas de erradicación de la corrupción y la complicidad de los servidores públicos en todos los niveles, enfrentan resistencias muy poderosas.
Por esas razones, el Estado mexicano no siempre puede aprovechar su superioridad de armamento contra los grupos criminales, porque éstos cuentan con infiltrados que les dan el “pitazo”, o bien dominan localidades y municipios donde se ocultan y hacen que una eventual incursión de las fuerzas armadas y policiales se vuelva sumamente grave. Pero esto es solo el aspecto de la fuerza bruta, donde el crimen organizado sí puede usar su capacidad de fuego para realizar sus actividades, pero las fuerzas públicas no siempre, o casi nunca lo pueden hacer.
Porque en otros temas, como la inteligencia, la investigación, el seguimiento financiero, la regulación energética, comercial o fiscal, igualmente el Estado carece de la fuerza institucional suficiente para imponerse al poder del crimen organizado en muchas regiones y en diversos ámbitos.
En cuanto a las complicidades o las relaciones sospechosas de altos servidores públicos con grupos criminales, cada vez son más los indicios que deberían atenderse. Gobernadores, legisladores, secretarios de Estado, mandos militares, recurrentemente son señalados de presuntas relaciones con grupos criminales, sea que integraron a sus equipos a líderes de organizaciones criminales, o bien que los favorecen con sus decisiones, o incluso que el crimen organizado les ayudó a llegar a sus cargos.
Para las altas esferas del gobierno, la situación no es nada fácil. No es que simplemente la Presidenta, el Fiscal, los Secretarios, no quieran actuar contra servidores públicos sospechosos o contra capos de la droga identificados. Lo que condiciona las cosas, es que las redes de complicidad pueden ser que toquen puntos neurálgicos del sistema político e institucional, de tal forma que una acción punitiva y justiciera podría generar condiciones de gran inestabilidad y riesgo para el régimen.
Sin embargo, la coyuntura actual obliga a revisar la cuestión e intentar un proceso de descriminalización del Estado en sus niveles estratégicos, así como una estrategia inteligente y eficaz de combate al crimen organizado. Dos deberían ser los principales objetivos: garantizar los mayores niveles de seguridad a las personas, y recuperar los espacios y las atribuciones del Estado.
La actual presión del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, como ya sabemos, es un factor que contribuye a que el grupo gobernante mexicano revise la cuestión y emprenda una profunda política de combate al crimen organizado, tanto dentro de las estructuras del Estado como en la sociedad. Son inéditas las acusaciones directas y explícitas de altísimos funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo al propio Trump, en el sentido de que en México existe un narcoestado, que los carteles de la droga dominan un tercio del territorio nacional, o que el gobierno mexicano tiene una relación de complicidad con el narco o que les tiene un miedo aterrador.
Este breve e incompleto esbozo, alcanza para plantear la idea de que más temprano que tarde el gobierno de México debe comenzar un proceso, que podríamos denominar, separación del poder político del poder criminal. Toda proporción guardada, en la historia vimos una separación del Estado y la Iglesia. El propio ex presidente AMLO planteó e intentó una separación del poder económico y el poder político. Llegó el momento de comenzar a plantear, al menos en el plano analítico, la separación Estado-Crimen.
Los temas, los espacios y las rutas son inconmensurables. Pero una acción ineludible, es que el Estado se plantee la recuperación de lo que Weber llamaba el monopolio de la violencia legítima. Que los poderes públicos sean los que recuperen la capacidad de aplicar la fuerza física, militar, capacidad de fuego, para someter a los grupos criminales que usan o abusan de la violencia física contra la sociedad. Los especialistas dirán si este objetivo debe ser primero o después de otro tipo de acciones en materia de inteligencia financiera, fiscal, aduanera, comercial, energética o combate de las causas sociales.
Pero se trata de una cuestión de soberanía. Tanto en el interior, porque es imperativo que el Estado recupere su carácter soberano en el dominio del territorio nacional y el uso exclusivo de la fuerza; como en el exterior, porque es impostergable limpiar la casa para que poderes extranjeros voraces como el que representa Trump, dejen de amenazar todos los días con pisotear la soberanía nacional para combatir a los carteles de la droga que el gobierno mexicano no quiere o no puede derrotar.
Reitero, es una tarea sumamente compleja, un reto mayúsculo, en el que el gobierno de la República se juega todo. Difícilmente se logrará la descriminalización del Estado en pocos años. Pero es importante que se aproveche la coyuntura para empezar a aislar, anular, o generar condiciones y consensos para procesar penalmente a servidores públicos cómplices del crimen organizado; primero, y de forma consistente, a dichos servidores públicos en funciones, sobre todo a los que ocupan altas responsabilidades.
Los demás pasos, como se dijo, serán dictados por las circunstancias, pero una decisión fundamental de separar el poder político del poder criminal, seguramente generará condiciones crecientemente favorables hacia el objetivo histórico de construir un Estado y una sociedad lo menos posible sometidos a los poderes fácticos. Nunca se va a acabar el crimen organizado, es imposible, pero llegan momentos límite en que se hace imperativo que el Estado y la sociedad recuperen soberanía y dignidad.
