Sentencian a 50 años de prisión a “El Mochaorejas” tras casi tres décadas de proceso judicial (redacción Astillero Informa)

Daniel Arizmendi López fue declarado culpable de delincuencia organizada, lavado de dinero y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La FGR también obtuvo condenas contra dos integrantes de su organización criminal, que operó principalmente en el Estado de México y la capital del país durante los años noventa.

Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas” y considerado uno de los secuestradores más notorios de México durante la década de los noventa, recibió una sentencia de 50 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó este domingo 8 de noviembre de 2026 la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución se produjo después de un prolongado proceso judicial que se remonta a 1998, cuando las autoridades federales emprendieron acciones contra una organización criminal dedicada principalmente al secuestro de personas en el Estado de México y el entonces Distrito Federal.

Mediante el comunicado 793/26, la FGR detalló que la sentencia fue dictada una vez que el Ministerio Público Federal presentó las pruebas correspondientes y se cumplió con la reposición del procedimiento ordenada tras los recursos legales promovidos por los acusados.

Además de los 50 años de cárcel, a Arizmendi López se le impuso una multa de 916 mil 312 pesos con 50 centavos.

La dependencia federal señaló que el condenado encabezaba una organización delictiva conocida como “Los Arizmendi” o “Los Mochaorejas”, que durante los años noventa adquirió notoriedad nacional por los secuestros cometidos contra empresarios y otras personas, así como por las mutilaciones practicadas a las víctimas para presionar a sus familiares durante las negociaciones de rescate.

El caso constituye uno de los expedientes criminales más conocidos de finales del siglo XX en México, tanto por la violencia ejercida contra las víctimas como por la duración de los procedimientos judiciales que siguieron a las detenciones.

También sentencian a otros dos integrantes de la organización

La Fiscalía General de la República informó que, como parte de la misma resolución judicial, se dictaron sentencias condenatorias contra otras dos personas relacionadas con la organización encabezada por Arizmendi.

Daniel “V” recibió una condena de 22 años de prisión y una multa superior a cuatro millones de pesos, luego de que se acreditara su responsabilidad penal por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por los mismos delitos, Dulce “N” fue condenada a 16 años de cárcel y al pago de una multa superior a 280 mil pesos.

Sin embargo, la FGR precisó que las penas de prisión impuestas a ambos fueron declaradas compurgadas, debido al tiempo que han permanecido privados de la libertad desde sus respectivas detenciones.

Esto no significa que vayan a ser excarcelados, pues la institución aclaró que continuarán recluidos al encontrarse sujetos a otros procedimientos penales.

De acuerdo con la información oficial, los tres sentenciados integraban una organización criminal que operaba principalmente en el Estado de México y la Ciudad de México, dedicada al secuestro y otras actividades ilícitas.

La Fiscalía destacó que las condenas fueron notificadas recientemente, después de que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México aportara los elementos probatorios necesarios para sustentar la responsabilidad penal de los acusados.

Un proceso judicial que comenzó en 1998

Los antecedentes de la causa penal se remontan a junio de 1998, cuando el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal contra Arizmendi López y otros presuntos integrantes de su organización.

A partir de las investigaciones, las autoridades judiciales emitieron órdenes de aprehensión contra los involucrados.

Ese mismo año se produjo la captura de Arizmendi, cuya detención fue ampliamente difundida por los medios de comunicación debido a la notoriedad que había alcanzado su organización criminal.

Posteriormente, el 21 de agosto de 1998, fueron detenidos Daniel “V” y Dulce “N”, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El 21 de agosto de 2003, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria contra los tres procesados.

Sin embargo, los acusados promovieron juicios de amparo que derivaron en la concesión de la protección de la justicia federal y en la orden de reponer actuaciones del procedimiento.

Esta circunstancia prolongó el litigio durante varios años, mientras las autoridades judiciales revisaban las actuaciones procesales y los elementos de prueba presentados contra los acusados.

La FGR señaló que la sentencia anunciada este domingo se obtuvo después de cumplir con la reposición correspondiente y presentar nuevamente los elementos probatorios requeridos para acreditar los delitos.

La resolución significa un nuevo resultado judicial dentro de un expediente que ha atravesado diferentes etapas durante casi tres décadas.

¿Por qué habían absuelto de secuestro a “El Mochaorejas”?

La nueva sentencia adquiere particular relevancia porque en diciembre de 2025 se dio a conocer una resolución judicial favorable a Daniel Arizmendi López en uno de los procesos penales que enfrentaba.

En aquella ocasión, la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo determinó que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República eran insuficientes para acreditar su participación en un secuestro específico.

Como consecuencia, lo absolvió del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, correspondiente a esa causa penal.

No obstante, la juzgadora sí encontró elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada y le impuso una pena de ocho años de prisión, que fue declarada compurgada debido al tiempo que llevaba encarcelado.

La resolución generó atención pública porque Arizmendi era uno de los criminales más conocidos del país y había recibido anteriormente diversas condenas por sus actividades delictivas.

Sin embargo, la absolución no implicó su liberación, ya que el acusado enfrentaba otras sentencias y procedimientos penales independientes.

La decisión tampoco significaba que hubiera sido declarado inocente de todos los delitos por los que había sido procesado.

Por ello, la condena de 50 años anunciada este 8 de noviembre debe entenderse dentro de una causa penal distinta de aquella en la que recibió la resolución favorable en 2025.

Esta diferencia resulta fundamental para comprender por qué una persona puede ser absuelta en determinado expediente y, al mismo tiempo, permanecer encarcelada o recibir una condena en otro procedimiento judicial.

¿Quién es Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”?

Originario de Miacatlán, Morelos, Daniel Arizmendi López adquirió notoriedad nacional durante la década de los noventa por encabezar una organización dedicada al secuestro de personas, particularmente empresarios y ciudadanos de familias con recursos económicos.

Antes de involucrarse en actividades delictivas, trabajó durante un periodo en corporaciones policiales, una circunstancia que posteriormente despertó cuestionamientos sobre la infiltración de grupos criminales en las instituciones de seguridad.

Su organización operaba principalmente en el centro del país y fue relacionada con secuestros cometidos en el Estado de México, el entonces Distrito Federal y otras entidades.

El sobrenombre de “El Mochaorejas” surgió de una de las prácticas más violentas atribuidas al grupo: mutilar las orejas de algunas personas secuestradas y enviarlas a sus familiares como mecanismo de presión para exigir el pago de rescates.

Estas agresiones provocaron una profunda conmoción social y convirtieron el caso en uno de los episodios más recordados de la historia reciente del secuestro en México.

Diversas investigaciones periodísticas han documentado que, durante sus primeras declaraciones públicas después de su captura, Arizmendi reconoció su participación en secuestros y homicidios.

En entrevistas concedidas en 1998, afirmó haber participado en 21 secuestros y admitió seis asesinatos, aunque las autoridades de aquella época le atribuían una cantidad considerablemente mayor de privaciones ilegales de la libertad.

Estas declaraciones formaron parte de la cobertura mediática que acompañó las investigaciones, pero no deben confundirse con los delitos específicos acreditados en cada expediente judicial.

El caso también puso de manifiesto la capacidad operativa de organizaciones dedicadas al secuestro, la utilización de violencia extrema contra las víctimas y las dificultades que enfrentaban las autoridades para investigar redes criminales integradas por numerosas personas.

Una organización que marcó la historia del secuestro en México

La banda encabezada por Arizmendi se convirtió en uno de los símbolos de la crisis de secuestros que afectó a México durante los años noventa.

Sus integrantes seleccionaban a víctimas con capacidad económica para pagar rescates y las mantenían privadas de la libertad mientras exigían dinero a sus familiares.

En algunos casos, las negociaciones estuvieron acompañadas de amenazas, agresiones físicas y mutilaciones.

El propósito era incrementar la presión sobre las familias para obtener grandes cantidades de dinero en el menor tiempo posible.

La notoriedad del grupo también estuvo relacionada con el alcance de sus operaciones y con la participación de diferentes colaboradores que desempeñaban funciones relacionadas con la vigilancia de las víctimas, los traslados, el cautiverio y la negociación de rescates.

Las investigaciones federales permitieron identificar a distintos miembros de la organización y abrir procedimientos penales contra ellos.

No obstante, la complejidad de los expedientes y los recursos legales promovidos por algunos acusados prolongaron la resolución de determinadas causas durante décadas.

La nueva sentencia anunciada por la FGR se enmarca en ese proceso judicial, en el que las autoridades han debido acreditar la responsabilidad penal de los involucrados con pruebas sujetas a revisión judicial.

Los amparos y la reposición del procedimiento

Un aspecto central del expediente de Arizmendi es la intervención de los tribunales federales mediante juicios de amparo.

Estos recursos permitieron revisar posibles violaciones procesales y determinar si las actuaciones desarrolladas durante las investigaciones y los juicios cumplían con los requisitos establecidos por la ley.

La concesión de un amparo no implica necesariamente que una persona sea inocente de los delitos que se le atribuyen.

Dependiendo de sus alcances, puede ordenar que determinadas actuaciones se repongan, que se excluyan pruebas obtenidas irregularmente o que las autoridades emitan una nueva resolución debidamente fundamentada.

En el caso de “El Mochaorejas”, los recursos promovidos por los acusados derivaron en la reposición del procedimiento relacionado con la sentencia dictada en agosto de 2003.

Después de las actuaciones correspondientes, la Fiscalía presentó nuevamente las pruebas con las que buscó acreditar la responsabilidad de los procesados.

La institución informó que dichos elementos fueron suficientes para obtener la nueva sentencia condenatoria contra Arizmendi y los otros dos integrantes de la organización.

La decisión vuelve a colocar el caso en el debate público, no solamente por la gravedad de los delitos, sino también por el tiempo transcurrido entre las primeras investigaciones, las detenciones y la resolución judicial anunciada.

“El Mochaorejas” permanecerá en prisión

Con la sentencia de 50 años de cárcel, Daniel Arizmendi López enfrenta una nueva resolución condenatoria por su responsabilidad en delitos federales relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armamento reservado a las Fuerzas Armadas.

La FGR no precisó en su comunicado si la resolución anunciada ya es firme o si todavía puede ser impugnada mediante los recursos legales correspondientes.

Tampoco detalló cómo se computará la pena con respecto al tiempo que Arizmendi ha permanecido encarcelado ni su relación con otras condenas previamente dictadas.

Por su parte, las sentencias de Daniel “V” y Dulce “N” fueron declaradas compurgadas, aunque ambos permanecerán en prisión debido a la existencia de otros procesos.

A casi tres décadas de las detenciones que marcaron el desmantelamiento de la organización, el caso de “El Mochaorejas” continúa produciendo resoluciones judiciales.

La nueva condena representa otro capítulo de uno de los expedientes criminales más conocidos de México, cuya historia incluye secuestros, violencia contra las víctimas, sentencias condenatorias, amparos y prolongadas controversias procesales.

El fallo anunciado este domingo confirma la responsabilidad penal de Arizmendi por los delitos federales examinados en esta causa, aunque deja pendientes de precisar públicamente los alcances definitivos de la resolución y su ejecución frente a las demás condenas que enfrenta.