Revelan subcontrataciones irregulares en Talleres Gráficos de México; ASF detectó contratos millonarios (redacción Astillero Informa)

Arturo Manuel Chávez López, exdirector del organismo y actual consejero del INE, acusó que empresas privadas operaban instalaciones presentadas como parte de la capacidad productiva de Talleres Gráficos. La Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades en adjudicaciones directas por cientos de millones de pesos durante las elecciones de 2024.

Talleres Gráficos de México (TGM), el organismo público que el Gobierno federal busca fortalecer para combatir la intermediación privada en la producción de materiales electorales, se encuentra bajo cuestionamientos por presuntas subcontrataciones irregulares y adjudicaciones directas millonarias realizadas durante la administración de su exdirectora Maribel Aguilera Cháirez.

Las acusaciones fueron expuestas por Arturo Manuel Chávez López, actual consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), quien encabezó Talleres Gráficos durante aproximadamente seis meses antes de incorporarse al órgano electoral, el pasado 3 de abril de 2026.

En declaraciones publicadas este domingo 8 de noviembre por La Jornada, Chávez López señaló que durante su gestión identificó mecanismos mediante los cuales la empresa pública recurrió a instalaciones y servicios de compañías privadas para cumplir con la fabricación de documentación y materiales electorales.

El funcionario cuestionó particularmente que su antecesora, Maribel Aguilera Cháirez, describiera esas operaciones como una ampliación de la capacidad productiva del organismo, cuando, desde su perspectiva, se trataba de subcontrataciones que no cumplían con la normativa correspondiente.

Los señalamientos coinciden con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que identificó anomalías en los procedimientos de adjudicación directa y en los registros contables de contratos relacionados con la producción de materiales electorales durante 2024.

Uno de los contratos examinados por el órgano fiscalizador alcanzó los 427 millones 460 mil pesos y fue otorgado a la empresa Gráficas Corona JE, S.A. de C.V., para proporcionar maquinaria, personal operativo y servicios de almacenamiento destinados a ampliar la capacidad de producción de Talleres Gráficos.

Las supuestas plantas adicionales eran instalaciones privadas

En la entrevista publicada por La Jornada, Chávez López explicó que uno de los principales puntos de desacuerdo con su antecesora radica en la forma en que se justificó la participación de compañías particulares dentro de las operaciones del organismo.

Según su testimonio, Aguilera Cháirez sostenía que Talleres Gráficos había ampliado sus capacidades mediante instalaciones adicionales, identificadas como plantas 2 y 3.

Sin embargo, el actual consejero electoral afirmó que dichas instalaciones no pertenecían al organismo público, sino a empresas privadas que participaron en la elaboración de materiales.

“TGM sólo tiene unas instalaciones, no dos ni tres”, declaró Chávez López, quien sostuvo que la producción desarrollada mediante esas instalaciones correspondía, en realidad, a servicios subcontratados.

El funcionario también rechazó la interpretación de su antecesora, quien defendía esas operaciones bajo el concepto de “capacidad ampliada”.

Para Chávez López, el problema no se limitaba a la utilización de infraestructura externa, sino a la legalidad de los mecanismos empleados para contratar esos servicios.

Sus declaraciones plantean interrogantes sobre la capacidad real de producción de Talleres Gráficos, la participación de proveedores particulares y las condiciones en que se distribuyeron recursos públicos para fabricar documentación electoral.

No obstante, el uso de servicios externos no constituye automáticamente una irregularidad. El aspecto central de las observaciones radica en determinar si las adjudicaciones se realizaron conforme a la legislación aplicable y si existió suficiente documentación para justificar las excepciones a los procedimientos de licitación pública.

ASF documentó irregularidades en contrato por más de 427 millones de pesos

Los señalamientos del exdirector encuentran sustento adicional en los resultados de la auditoría de cumplimiento número 426, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, mediante la cual la Auditoría Superior de la Federación examinó la gestión financiera de Talleres Gráficos de México.

Entre las operaciones revisadas se encuentra el contrato TGM/GA/024/2024, adjudicado directamente a Gráficas Corona JE, S.A. de C.V., para la prestación de servicios integrales relacionados con maquinaria, trabajadores y almacenamiento.

El contrato se formalizó el 23 de enero de 2024, con un monto mínimo de 170 millones 984 mil pesos y un máximo de 427 millones 460 mil pesos.

La contratación tenía como propósito ampliar la capacidad de producción del organismo para atender compromisos adquiridos con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) durante el proceso electoral 2023-2024.

De acuerdo con la ASF, Talleres Gráficos justificó la adjudicación directa con el argumento de que existían circunstancias que podían ocasionar pérdidas o costos adicionales importantes si no se contrataban oportunamente los servicios.

Sin embargo, la revisión concluyó que el organismo no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales utilizados para justificar la excepción a una licitación pública.

En particular, no demostró que la empresa beneficiaria contara, al momento de la adjudicación, con un contrato vigente previamente obtenido mediante licitación pública con la misma dependencia u otra institución, ni que hubiera aceptado proporcionar las mismas condiciones requeridas por la normativa invocada.

La ASF también detectó inconsistencias contables en los pagos realizados al proveedor.

Aunque la empresa emitió cuatro comprobantes fiscales por un total de 427 millones 460 mil pesos y los pagos se realizaron mediante seis transferencias electrónicas, el registro contable inicial se efectuó con cargo a una cuenta de deudores correspondiente a un servidor público de Talleres Gráficos, en lugar de utilizar la cuenta acreedora del proveedor.

Posteriormente se realizó una reclasificación contable, pero el organismo fiscalizador determinó que el procedimiento inicial incumplió las disposiciones aplicables.

Es importante precisar que la ASF también acreditó la prestación de los servicios contratados. Por tanto, sus observaciones sobre los procedimientos de adjudicación y registro contable no significan que la totalidad de los 427.46 millones de pesos constituya un daño patrimonial comprobado.

Otro contrato con la misma empresa superó los 232 millones de pesos

La revisión de la Cuenta Pública 2024 también examinó un segundo contrato adjudicado a Gráficas Corona JE, identificado con el número TGM/GA/162/2024.

Este acuerdo contempló servicios de maquinaria, operarios y almacenamiento para la producción de boletas electorales, documentación con y sin emblemas, materiales para simulacros y documentación destinada al voto anticipado.

El contrato fue formalizado el 14 de marzo de 2024 y establecía un monto máximo de 250 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de fiscalización, la compañía recibió pagos por 232 millones 986 mil pesos, respaldados mediante dos comprobantes fiscales.

Al igual que en el contrato anterior, la ASF verificó la prestación de los servicios, pero detectó que Talleres Gráficos no acreditó adecuadamente los supuestos legales para prescindir de una licitación pública.

También identificó inconsistencias en el registro contable de las transferencias realizadas al proveedor.

En conjunto, los pagos documentados por ambos contratos ascendieron a 660 millones 446 mil pesos.

Las observaciones llevaron a la Auditoría Superior de la Federación a promover investigaciones de responsabilidades administrativas relacionadas con diversos procedimientos de adjudicación directa realizados por el organismo.

Exdirectora de Talleres Gráficos enfrenta denuncias por contrataciones

Las irregularidades identificadas durante la gestión de Maribel Aguilera Cháirez también han dado lugar a procedimientos de investigación ante las autoridades competentes.

El pasado 30 de junio, la Auditoría Superior de la Federación informó a la Cámara de Diputados sobre la presentación de 21 denuncias penales relacionadas con presuntas irregularidades en distintas dependencias y contrataciones que involucraban recursos por más de 600 millones de pesos.

Entre los casos destacados figuró el contrato de Talleres Gráficos con Gráficas Corona por 427.46 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por El País el 6 de noviembre, Aguilera Cháirez enfrenta señalamientos administrativos y penales derivados de las contrataciones realizadas durante su gestión.

La exfuncionaria fue diputada federal de Morena entre 2018 y 2021 y posteriormente ocupó responsabilidades dentro de los programas federales de Bienestar en Durango, antes de asumir la dirección de Talleres Gráficos en 2022.

Al concluir su administración en 2025, fue sustituida por Arturo Manuel Chávez López, quien posteriormente se incorporó al Consejo General del INE.

Hasta ahora, las observaciones de fiscalización y las denuncias reportadas no equivalen a una sentencia judicial que determine responsabilidad penal de la exdirectora.

Contratos electorales rebasaron la capacidad del organismo

Uno de los antecedentes centrales de las contrataciones cuestionadas se encuentra en la magnitud de los compromisos adquiridos por Talleres Gráficos durante el proceso electoral de 2024.

De acuerdo con una investigación de El País, el organismo público suscribió un convenio por aproximadamente 580 millones de pesos con el Instituto Nacional Electoral para producir documentación correspondiente a las elecciones federales.

Adicionalmente, celebró convenios con 13 organismos electorales locales por más de 600 millones de pesos en conjunto.

El volumen de los pedidos colocó una presión considerable sobre la capacidad instalada del organismo, lo que llevó a su administración a recurrir a proveedores externos para cumplir con las entregas comprometidas.

La contratación de servicios de maquinaria, personal y almacenamiento fue presentada entonces como una solución para atender las necesidades de producción.

Sin embargo, los resultados de fiscalización muestran que la urgencia de cumplir con los compromisos electorales no eliminaba las obligaciones de justificar legalmente las adjudicaciones ni de documentar correctamente las operaciones financieras.

El caso también plantea un problema estructural: la necesidad de evaluar si Talleres Gráficos cuenta con la infraestructura, el personal y los equipos suficientes para atender una mayor proporción de la producción electoral sin depender de intermediarios.

Sheinbaum busca fortalecer Talleres Gráficos y eliminar intermediarios

La controversia ocurre mientras la presidenta Claudia Sheinbaum prepara una reorganización de Talleres Gráficos de México para fortalecer su capacidad productiva y reducir la participación de intermediarios en la fabricación de documentación electoral.

Durante su conferencia matutina del jueves 5 de noviembre, la mandataria anunció que la próxima semana presentará un decreto encaminado a modificar la estructura de gobierno del organismo público.

Entre las propuestas se encuentra ampliar la integración de su Consejo de Administración para incorporar a otras dependencias federales y representantes de instituciones académicas, así como establecer la participación de la Auditoría Superior de la Federación en calidad de observadora.

Sheinbaum mencionó la posibilidad de sumar a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey, entre otras.

La iniciativa también contempla modernizar equipos y fortalecer la producción pública de materiales electorales, especialmente aquellos que requieren mayores medidas de seguridad.

El objetivo anunciado por el Ejecutivo es que el Estado mexicano produzca directamente la mayor parte de las boletas y documentos electorales, mientras que empresas privadas puedan participar, bajo procedimientos transparentes, en la elaboración de materiales como urnas y mamparas.

La presidenta ha cuestionado la concentración de contratos electorales en un reducido grupo de compañías que, según sus declaraciones, han funcionado como intermediarias en lugar de fabricar directamente los insumos contratados.

Por ello, planteó la necesidad de establecer reglas claras de contratación, mecanismos de vigilancia y criterios de precios que permitan evitar sobrecostos o condiciones injustificadas entre distintos organismos electorales.

Consejero advierte que primero debe sanearse Talleres Gráficos

Frente al proyecto presidencial, Arturo Manuel Chávez López consideró necesario atender las irregularidades detectadas antes de emprender modificaciones estructurales.

En la entrevista publicada este domingo, el consejero reconoció que no fue convocado para participar en la elaboración de la propuesta de fortalecimiento del organismo.

No obstante, aseguró que ya había expresado públicamente su posición respecto de la necesidad de sanear Talleres Gráficos.

Su planteamiento apunta a que una modificación administrativa o la incorporación de nuevos integrantes al Consejo de Administración no sustituirían la revisión de las contrataciones cuestionadas ni el esclarecimiento de posibles responsabilidades.

Los resultados de la ASF refuerzan la importancia de revisar los controles internos, los procedimientos de adjudicación, la documentación contractual y los mecanismos de supervisión utilizados por el organismo.

La discusión adquiere relevancia ante las elecciones de 2027, cuando las autoridades electorales deberán garantizar nuevamente la producción y entrega oportuna de documentación y materiales para los comicios.

Por ahora, el debate sobre Talleres Gráficos tiene dos vertientes: por un lado, las investigaciones sobre las contrataciones realizadas durante administraciones anteriores; por otro, la propuesta del Gobierno federal para convertir al organismo en un proveedor público con mayor capacidad productiva y mecanismos reforzados de vigilancia.

Las observaciones de fiscalización y los señalamientos de su exdirector colocan la transparencia de sus contratos en el centro de esa discusión.

El reto para las autoridades será esclarecer las irregularidades detectadas, determinar las responsabilidades que correspondan y establecer condiciones que permitan fortalecer la producción pública de materiales electorales sin reproducir las prácticas de contratación que hoy se encuentran bajo cuestionamiento.