Senado prohibe que empleadores exijan carta de antecedentes no penales (nota de Javier Divany en OEM-Informex)

Quienes salen de la cárcel no sólo se encuentran tras el escrutinio público, también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno

Javier Divany | OEM-Informex

Con el propósito de impulsar la reinserción social para quienes hayan cometido algún delito, el Senado de la República aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que los empleadores se abstengan de exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 

Con 69 votos a favor, los senadores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes, negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito.

Recordó que quienes salen de la cárcel no sólo se encuentran tras el escrutinio público, también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos de nuevo.

Al tomar la palabra, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, consideró que para la iniciativa privada el no pedir la carta de antecedentes penales está bien, pero no en la Administración Pública, pues mencionó que en el caso de Aguascalientes, hay funcionarios corruptos.

El proyecto también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores.

El Pleno del Senado también aprobó, con 75 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, un dictamen que modifica diversas leyes, con el propósito de establecer un lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos, con el objeto de dar continuidad a la política en el trabajo legislativo que se ha implementado en materia de lenguaje de género.

Al presentar el dictamen, Gómez Urrutia, expresó que el uso del lenguaje incluyente en la redacción de las leyes es fundamental para construir una sociedad más igualitaria, democrática y justa.

Explicó, que la propuesta busca que se utilicen términos que no discriminen ni excluyan a ninguna persona por razón de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad u otras características personales.

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